Caso Audios: que las instituciones funcionen. Por María Jaraquemada

A pesar que recién el año 2017 se creó la Comisión para el Mercado Financiero, con los más alto estándares, está en medio del huracán del Caso Audios, junto con el Servicio de Impuestos Internos, una de las instituciones insignes en la temprana modernización del Estado y que había ya mejorado sus procedimientos tras el caso del Fraude al FUT del 2014 (de comprobarse lo señalado en los audios, claro está). Quizás ya es hora de pasar de la estrategia reactiva a la proactiva e intentar adelantarnos a estos hechos.

Nuevamente la corrupción se pega un salto en la preocupación de la ciudadanía como una de las cinco prioridades a las que debe abocarse el Gobierno según la CEP recientemente publicada (coincido plenamente, pero lo extendería al Estado, incluyendo Congreso y entidades autónomas). Pero no solo eso, sino que casi un 60% de las personas encuestadas cree que hoy hay más corrupción que hace cinco años atrás y casi 3 de cada 4 -73%- cree que mucha gente o casi todas las personas en el servicio público están involucradas en la corrupción.

Es evidente el impacto del caso Convenios en la encuesta, al que probablemente se sumen las diversas investigaciones a municipios y corporaciones municipales. Quizás las cifras sería aún más altas -¡si es que cabe!- si la medición hubiera incorporado el famoso caso Audios (el trabajo de campo terminó el 2 de noviembre, 12 días antes que estallara el escándalo del momento).

Esta pésima percepción interna choca con todos los indicadores internacionales que miden la corrupción en el mundo o en la región, donde Chile suele ocupar el segundo lugar en América Latina, tras Uruguay. Así, en el Índice de Percepción de la Corrupción que realiza Transparencia Internacional, Chile obtiene el mismo puntaje que el promedio de países OCDE de altos ingresos (67 puntos donde 0 es muy corrupto y 100 es poco corrupto), por sobre países más desarrollados como Portugal, España e Italia y está 24 puntos por encima del promedio mundial y de las Américas (que obtienen 43 puntos). Algo similar ocurre con los Indicadores de Gobernanza Mundial y el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC del Council of Americas) -en el cual estamos tercero, tras Uruguay y Costa Rica- entre muchos otros estudios en la materia.

¿Cómo salir de esta visión tan negativa y acercarnos a los resultados de los estudios? Creo que lo primero es a través de hechos contundentes. Nuestro país se ha caracterizado por reacción y reformas post escándalos, contando con cinco comisiones asesoras desde el retorno a la democracia y una serie de regulaciones que pretenden fortalecer nuestra institucionalidad y combatir la impunidad. Así, por ejemplo, luego de que se mantuviera inalterable por 125 años, desde 1999 el delito de cohecho ha experimentado cinco reformas -pasando de una mera sanción de multas a inhabilidades a una de presidio de hasta 10 años en las hipótesis más graves-.

También se han modificado las normas de financiamiento a la política; creado el sistema de Alta Dirección Pública y de Compras Públicas -que, con el tiempo, ambos se han perfeccionado-; derogado la Ley Reservada del Cobre y reemplazada por otro sistema de financiamiento; modificado el sistema de gastos reservados; dictado la Ley de Transparencia y creado el Consejo para la Transparencia; una nueva Ley de Delitos Económicas que refuerza lo ya establecido por la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, entre muchas otras normativas e institucionalidad.

A pesar de todo esto, pareciera ser una constante la sensación de que llegamos tarde. Y que, a pesar que recién el año 2017 se creó la Comisión para el Mercado Financiero, con los más alto estándares, está en medio del huracán del Caso Audios, junto con el Servicio de Impuestos Internos, una de las instituciones insignes en la temprana modernización del Estado y que había ya mejorado sus procedimientos tras el caso del Fraude al FUT del 2014 (de comprobarse lo señalado en los audios, claro está).

Quizás ya es hora de pasar de la estrategia reactiva a la proactiva e intentar adelantarnos a estos hechos, con una mirada de mediano plazo y de Estado. Pero para esto es indispensable, además, una comunicación efectiva de los logros y avances. Sumemos, también, la rápida acción cuando hay que investigar y sancionar -no simbólicamente- irregularidades tan graves y las debidas autocríticas cuando los procedimientos fallan.

Es hora de mostrar que las instituciones funcionan, sin importar quién es la persona o institución involucrada y que no se trata solo de un slogan más. Si terminamos normalizando la corrupción, no es de extrañar que los indicadores internacionales comiencen a acercarse a la percepción interna y no al revés.

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