Al servicio de la corrupción. Por María Jaraquemada

Abogada y Presidenta de la Comisión de Probidad

Que la máxima autoridad de la PDI se muestre tan servicial con un abogado -hasta el momento sólo sabemos que le filtraba información a Hermosilla y, ojalá, se mantenga así-, además de escandalizarnos, debe ocuparnos de fortalecer y blindar nuestras instituciones para evitar su captura por parte de los intereses privados pero también del crimen organizado.


“Estoy a lo que necesites”. Así dice, textualmente, uno de los múltiples mensajes que, el ahora renunciado y en prisión preventiva, Director de la PDI, Sergio Muñoz dirigió a Luis Hermosilla, abogado y representante del anterior Director en una investigación por posiblemente haber malversado recursos públicos provenientes de gastos reservados.

Su abogado declaró que se trató de “una chambonada del porte de un buque” filtrarle información reservada de, alrededor de 12 causas penales a dicho abogado e, incluso, llegó a decir a una periodista que a veces se puede delinquir “por la patria”, como sería el caso de su representado.

Pero no se trata sólo de una chambonada y de una pésima comprensión de lo que sería anteponer los intereses de la patria. Se trata de un caso que nos debe levantar todas las alertas posibles. La PDI es una institución que, en general, ha tenido una buena reputación y confianza de la ciudadanía, teniendo casos más aislados de corrupción. Su rol es clave en nuestra democracia, coadyuva en investigaciones esenciales para mantener el orden público y luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y una serie de delitos gravísimos.

Por eso, que la máxima autoridad de dicha institución se muestre tan servicial con un abogado -hasta el momento sólo sabemos que le filtraba información a Hermosilla y, ojalá, se mantenga así-, además de escandalizarnos, debe ocuparnos de fortalecer y blindar nuestras instituciones para evitar su captura por parte de los intereses privados pero también del crimen organizado.

La seguridad es la principal preocupación ciudadana. Para hacer frente al alza del crimen organizado en nuestro país, se han aprobado diversas leyes, se han aumentado las penas, las dotaciones de las policías e, incluso, algunos alcaldes han solicitado la presencia de militares en las calles.

Pero, si realmente queremos combatir con eficiencia esta nueva amenaza, es necesario no solo pensar en la represión de estos graves delitos sino que debe ir de la mano de fortalecer nuestra  institucionalidad para que no sea infiltrada o capturada por estas redes.

Tal como se señala en el informe de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2022, los países con mayor inseguridad y crimen organizado, son también -no coincidentemente- los más corruptos. Si el crimen organizado quiere ser exitoso, debe capturar a aquéllos que le hacen difícil la pega: aduanas, fiscalía, policías, jueces.

¿Queremos que las Fuerzas Armadas participen de su combate? Entonces debemos preguntarnos si están lo suficientemente blindadas para exponerlas a nuevos riesgos de cooptación, que ya hemos visto en otros países de la región, como Colombia y México, por nombrar algunos.

Nuestro país, en los últimos 10 años ha bajado 7 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción. Tenemos una buena evaluación aún, pero no podemos negar la evidencia que nos muestra más investigaciones en gobiernos locales, muchos escándalos en nuestras principales instituciones y una baja constante en los rankings internacionales.

Si realmente queremos ser eficaces en mantener el orden público, la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad de todos para que nuestras policías, tribunales e instituciones no estén al servicio de quienes delinquen.

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