Hace pocos días el gobierno informó que el 95% de las Fichas FIBE -Ficha Básica de Emergencia-, recibidas a raíz de los trágicos incendios ocurridos en Viña del Mar a inicios de febrero, correspondían a falsos damnificados por dichos hechos. Este instrumento se trata de una encuesta que permite recopilar información de los hogares afectados por emergencias y que, producto de ésta, fueron afectados en sus enseres y su vivienda, con el objeto de hacerles entrega de beneficios y asistencia.
Tiempo atrás también conocíamos de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de una red dedicada a la emisión de licencias médicas falsas, cuyo perjuicio al Estado -y por lo tanto a todos nosotros- superaba los 700 mil millones de pesos. A esto se suma una auditoría que realizó Contraloría el año pasado en la cual detectó irregularidades en pagos del IFE Laboral a personas que no cumplían con los requisitos para ello por más de $3.500 millones de pesos.
Algunas personas atribuyen esto a la “chispeza” de las personas, lo que también socialmente se ha denominado ser “winner”, es decir, atributos positivos. Sin embargo, estamos hablando de posibles delitos -como fraude de subvenciones o al Fisco-, ya que recursos públicos llegan a manos de quienes defraudan para obtenerlos. El impacto de esto no es menor, ya que los escasos recursos públicos que tenemos, se desvían y no son obtenidos por quienes realmente los necesitan, en un país donde la desigualdad no es menor e incluso sufrió hace pocos años un estallido social que, en parte y según varios estudios y encuestas realizados, tenía fundamento en las desigualdades socioeconómicas y de trato.
A pesar de esto, la ciudadanía suele asociar la corrupción con la política y lo público. Los partidos políticos, el Congreso y, en general, nuestras instituciones representativas más relevantes cuentan con una escaza confianza ciudadana y la percepción interna de corrupción aumenta. Si bien esto no es algo privativo de Chile, ya que la confianza en los partidos políticos y las legislaturas nacionales suele ser baja en la generalidad de los países de la OCDE, el caso chileno es especialmente preocupante por las bajas cifras de adhesión. La última CEP reporta que un 59% de las personas encuestadas creen que ésta es mucho o algo mayor que en los últimos cinco años y un 73% que mucha gente o casi toda, en el servicio público, está involucrada en estos actos.
En un estudio realizado en conjunto por el INJUV con Chile Transparente sobre la percepción de jóvenes en materia de corrupción, gran parte de las personas entrevistadas (85,4%) señaló que los niveles de corrupción dentro del país son “altos” o “muy altos “y, tienden a relacionar la corrupción con la política y la institucionalidad política. En el mismo estudio, cuando se trata de valorar conductas como corruptas, aquellas que son más bien del ámbito privado -y no relacionadas con la función pública- no suele recibir una connotación tan negativa, tal como quedarse con el vuelto cuando le dan de más, evitar pagar el pasaje si se puede o copiar en pruebas.
Lo anterior demuestra, al menos, un doble estándar. Nos quejamos de la política, la consideramos altamente corrupta -a pesar de que todos los indicadores internacionales en la materia no son así de negativos y tajantes-, pero no somos capaces de ver la paja en el ojo propio. Llama la atención que levantemos la voz y nos indignemos -con justa razón la mayoría de las veces- por posibles irregularidades o faltas de prudencia de las instituciones públicas y autoridades, pero estemos dispuestos a doblar la mano al sistema para obtener beneficios propios a costa de las personas más vulnerables.
Y esto no es privativo de ningún nivel socioeconómico, el uso de información privilegiada, las colusiones, el tráfico de influencias, el abuso de posición dominante y otras acciones de este tipo, también son “pillerías” que perjudican a un número importante de personas para beneficio personal.
Será difícil contar con autoridades y servidores públicos menos corruptos si es que como personas de a pie valoramos actitudes de “winner” que no son más que corrupción privada y perjudican a la sociedad en su conjunto y, de pasada, a nuestras instituciones y democracia. Ser parte de la solución es algo que también nos corresponde como ciudadanía, pero, por sobre todo, a llegar a un acuerdo como sociedad de que la ética pública vale tanto para nuestras autoridades como para cualquiera de nosotros.
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