¿Cómo podemos entender que en la reciente CASEN 2022 la pobreza haya bajado de 2.109.436 personas en 2020 a tan solo 1.292.521, en un contexto en el que los campamentos en nuestro país han crecido exponencialmente? La respuesta radica en que, si bien la metodología de aquel estudio contempla la inclusión de hogares en campamentos en el marco muestral de viviendas particulares generado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el número de inclusión de estas residencias no permite tener el nivel de representatividad para hacer el análisis contrafactual con los hogares en viviendas particulares que no están en estos asentamientos irregulares (hoy no está contemplado como variable de estimación en los objetivos del estudio). Dicho esto, es a lo menos paradójico que al medir la pobreza se esté obviando la representatividad de los numerosos campamentos conformados por hogares vulnerables que residen en viviendas precarias, en terrenos en posesión irregular y que carecen de acceso estable a servicios básicos. No debemos olvidar que si el objetivo de la CASEN es contar con diagnósticos actualizados de los grupos prioritarios para la política nacional, la encuesta no debería dejar afuera a un grupo que hoy es tan significativo y que además se encuentra en una situación tan precaria.
Siguiendo la línea anterior, es importante examinar con mayor precaución los resultados positivos de la última Casen, pues en realidad la actual situación en relación a la cantidad de campamentos contrasta significativamente con la que estábamos acostumbrados desde las últimas tres décadas. El aumento de asentamientos informales se atribuye al alto costo de los alquileres, la búsqueda de independencia residencial de los allegados y los bajos ingresos. Todo esto, en un contexto marcado por crisis sociales, sanitarias y migratorias, que producen una mayor vulnerabilidad y que han perjudican el orden público. Así, actualmente estamos frente a un problema mayúsculo. Hoy son más de mil campamentos (1.091 según el MINVU y 1.290 según TECHO), en los que la mitad de las más de 210 mil personas tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza y un 40% son de hogares conformados por migrantes.
En medio de esta profunda crisis habitacional, alrededor de 670 mil familias carecen de condiciones adecuadas para llevar una vida segura, estable y privada, como se plantea en la iniciativa Déficit Cero. Más allá de los tradicionales catastros nacionales de campamentos, necesitamos herramientas que nos permitan comprender mejor el fenómeno aquí descrito, para poder de esta forma implementar de manera integral y eficiente un Plan de Emergencia Habitacional, más allá del 24,8% de avance de las 260 mil viviendas comprometidas para fines de este gobierno. Por ejemplo, la CASEN podría ajustarse para incluir específicamente la medición representativa de hogares y población residente en campamentos, o en su defecto, otro instrumento capaz de complementar los resultados finales de la CASEN (que se realice durante el mismo período).
Aunque pueda haber dificultades metodológicas, la magnitud del problema hoy justifica el abandono de enfoques parciales en favor de un enfoque integral que oriente las políticas sociales integradamente. Así se podría no solo caracterizar y articular apoyos destinados a esta dramática situación socio-demográfica, sino también abordar cuestiones de propiedad y orden público, considerando que el problema no es homogéneo y que hay intereses ilícitos detrás de cerca del 20% de los hogares asentados informalmente (Atisba, 2023)
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