El diputado independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, ha presentado una moción parlamentaria con el propósito de terminar con el actual esquema de pensión y asignación vitalicia para los ex presidentes de la república tras finalizar su mandato. La idea de esta reforma constitucional es que, sólo una vez que los ex mandatarios cumplan 65 años de edad, puedan acceder a la respectiva pensión.
El proyecto, por cierto, afectaría la dieta del Presidente Boric, quien al terminar su período como Jefe de Estado estaría en condiciones de cobrar a partir de los 40 años de edad cerca de 7 millones mensuales por concepto de dieta y otros 8 millones en asignaciones para gastos operacionales y de traslación, totalizando alrededor de 16 millones de pesos, de por vida.
¿Tiene sentido esta reforma?
El espíritu de la norma que fija la actual dieta que perciben los ex presidentes, más allá de los honores asociados a la dignidad del cargo y la retribución por el servicio a la nación en la más alta magistratura, es que los ex mandatarios adquieran cierto grado de independencia financiera al finalizar su mandato y no deban someterse a intereses económicos particulares de sectores, muchos de ellos, regulados por el Ejecutivo. Ni tampoco, condicionar su toma de decisiones como mandatarios teniendo a la vista intereses asociados a su futura reinserción laboral.
Hasta la fecha, la norma no pareció mayormente problemática ni había sido objeto de un amplio cuestionamiento, toda vez que la edad con que los ex presidentes han abandonado el Palacio de La Moneda ha sido muy próxima a la de 65 años o inclusive superior. Pero distinta es la situación del Presidente Boric, el mandatario más joven de nuestra historia republicana y quien, de acuerdo con la normativa actual, accedería al beneficio de pensión vitalicia en plena edad laboral, bordeando las cuatro décadas.
Resulta más o menos evidente que el Presidente Boric no saldrá a buscar trabajo en el sector privado al finalizar su cuatrienio en La Moneda. Lo suyo, siempre ha sido la política y probablemente busque volver a La Moneda tras su primer gobierno.
Además, si lo que se busca evitar es el fenómeno de puerta giratoria entre el sector público y privado o el uso de información privilegiada, por ejemplo, bastaría habilitar una norma que permita mantener la remuneración del presidente hasta la mitad del mandato sucesivo, un diseño que puede ser eficaz y por cierto mucho más costo efectivo para las arcas fiscales que mantener una remuneración por quizás 40 o 50 años más, una vez terminado su período presidencial.
En general, la reinserción laboral de los ex presidentes se produce a través de la realización de conferencias nacionales e internacionales, la publicación de libros con sus memorias, la participación en organismos multilaterales o el trabajo en fundaciones que tienen como propósito la proyección del legado presidencial y el ideario del ex mandatario, pudiendo llegar a ser ésta una actividad incluso más lucrativa que la propia estancia en la sede de gobierno.
Pese a que un número importante de democracias avanzadas entrega dietas para sus ex presidentes, algunos de ellos han ido optando por renunciar a ésta. Por ejemplo, Emmanuel Macron otro presidente joven, en medio del debate francés por la reforma previsional, anunció que renunciará a su pensión como ex presidente como señal de desprendimiento y austeridad.
A la luz de las circunstancias, revisar la norma de dieta y asignaciones para los ex presidentes parece atendible. Es de esperar que nuestro joven presidente Boric, quien incluso en campaña prometió -hasta ahora sin cumplir- reducir la remuneración del presidente a 5 millones de pesos, tenga un pronunciamiento en este debate. Desatenderse de él, sería una forma solapada de proteger este beneficio excesivo y deshonrar la lógica de “no más privilegios” que tanto pregonó a lo largo de su carrera política.
Combatir este fenómeno no solo requiere buenas intenciones; como en cualquier proyecto exitoso, exige trabajo coordinado y, sobre todo, inversión. El Estado debe asumir una actitud decidida. ¿Está dispuesto a proporcionar al organismo encargado de defender sus intereses las verdaderas atribuciones y recursos necesarios, o seremos testigos, una vez más, de un ‘león sin dientes’?
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