La conmemoración del Día Internacional de la Mujer nos debe entregar un espacio para reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes en materia de equidad de género.
Un gran logro fue alcanzado en octubre de 2011 cuando, durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, entró en vigor la Ley N°20.545, que incorpora el permiso postnatal parental. Con ello, en la mayoría de los casos, las madres trabajadoras pudieron extender su descanso postnatal de 12 a 24 semanas (quienes optan por la modalidad de jornada parcial después de las primeras 12 semanas pueden extender el beneficio 6 semanas adicionales).
Junto con lo anterior, la ley le entregó la opción a la madre trabajadora de traspasar parte de su permiso postnatal parental al padre trabajador, a partir de la séptima semana, esto con el objeto de promover la corresponsabilidad parental.
Durante la duración del permiso postnatal parental la madre (o el padre cuando corresponda) recibe un subsidio que cubre el 100% de sus remuneraciones con un tope igual al tope imponible (actualmente 84,3 UF), siendo éste de cargo fiscal, financiado con el Fondo Único de Prestaciones Familiares del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Desde la implementación de dicho beneficio a diciembre de 2023 se han otorgado un total de 1.146.267 permisos postnatales parentales, de los cuales, casi la totalidad fueron por jornada completa (sólo el 1,2% de las mujeres optó por el beneficio con jornada parcial), de acuerdo a las cifras de Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).
Asimismo, es posible observar que una importante proporción de las beneficiarias de esta política son mujeres pertenecientes a tramos bajos de ingresos: un 64% tiene una remuneración menor a $700.000, lo que evidencia que esta es una política particularmente progresiva.
Otro resultado que es importante destacar es que, contrario a lo que opinaban los opositores de esta política, la participación laboral femenina no se vio afectada tras su implementación. Por el contrario, las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que entre el último trimestre de 2011 hasta antes del inicio de la pandemia la participación laboral femenina mantuvo una tendencia al alza, pasando de un 49% a un 53,3%.
Uno de los puntos que aún requiere atención es el bajo porcentaje de traspasos hacia los padres: entre 2011-2019 únicamente el 0,23% del total de subsidios iniciados fueron traspasados al padre. Además de razones culturales, este resultado tiene una motivación económica, pues es más probable que los hombres reciban un salario por sobre el tope del subsidio, lo que desalentaría a la familia a optar por esta alternativa.
La protección de la maternidad y el fomento de la corresponsabilidad en el cuidado y crianza de los hijos debe comprenderse no sólo como una política pública encaminada hacia el cierre de las brechas de género, sino también como una importante estrategia de desarrollo, que permitiría que más mujeres pudiesen participar del mercado laboral.
Un paso crucial para avanzar en esa línea sería sacar adelante el proyecto de ley de “sala cuna universal”, ingresado al Congreso en enero de 2022, que extiende este beneficio a trabajadoras de casa particular, trabajadoras independientes y trabajadoras de empresas con menos de 20 mujeres contratadas. Confío en que las autoridades, que tantas veces se han auto-proclamado como “feministas”, aceleren la tramitación de esta iniciativa, que favorecería a miles de mujeres y de niños.
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