La Convención Constitucional está terminando como empezó, envuelta en polémicas absurdas como su negativa inicial a invitar a los expresidentes a la ceremonia de clausura invocando razones pueriles (aforos) y evidenciando el carácter sectario y revanchista de una buena parte de sus integrantes.
En solo un año logro la hazaña de perder casi todo su capital político y solo un 22% de la población tiene una evaluación positiva de su trabajo.
La Convención ha sido su peor enemiga y hoy existe un consenso mayoritario y transversal, tanto entre los partidarios del Apruebo como del Rechazo de que el texto de constitución propuesto por los convencionales no da el ancho, tiene problemas y deficiencias graves. En síntesis, no cumple con las expectativas que se tenían cuando se aprobó la idea de una constituyente en octubre del 2020.
El borrador hace exactamente lo mismo que hizo Jaime Guzmán con la Constitución de 1980: en vez de delinear reglas, principios y directrices generales instala soluciones a una serie de legítimos debates de políticas públicas con la pretensión de resolverlas de forma permanente. Se asemeja más a un programa político de gobierno, debilitando la democracia representativa al acotar y rigidizar el abanico de soluciones para los desafíos sociales que enfrenta el país.
Parecería entonces que la única opción lógica y racional, más allá de las posturas ideológicas —para quienes tienen la convicción de que la propuesta es mala— sería ejercer el derecho de rechazarla en el plebiscito de salida, pues justamente para eso se contempló.
Pero la cosa no es tan simple. Sobre todo para el mundo de la centroizquierda (ex-Concertación) que desde siempre ha querido reemplazar la Constitución de 1980 a la cual le hizo múltiples reformas que la despojaron de su talante autoritario; y que reconoce la necesidad de impulsar cambios necesarios para el país como el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y ambientales y que se avance hacia un Estado de Bienestar.
Pero al mismo tiempo se cuestionan muchas de sus normas, como el alcance de la plurinacionalidad, cambios al poder judicial como el Consejo de la Justicia, la educación particular subvencionada, funcionamiento de servicios privados de salud, enjambre de autonomías regionales y municipales, fin del Senado, el debilitamiento del poder presidencial, el derecho de veto de los pueblos originarios, quorum de mayoría simple de los presentes para legislar, las expropiaciones masivas para devolver tierras a los pueblos originarios, fin del derecho de propiedad como agua y minerales, el reemplazo del pago del daño patrimonial efectivamente causado por “precio justo” en caso de expropiaciones, entre otras materias.
Hace solo unos días el expresidente Lagos dijo que era “indispensable hacer un cambio de rumbo en la Convención porque en caso contrario podemos tener una Constitución muy inadecuada para las necesidades del país”, pero su advertencia fue ignorada.
Todas las encuestas muestran un empate con ventaja para el Rechazo y está claro que el Apruebo no puede ganar sin el voto de parte de la centroizquierda, así como Gabriel Boric no habría triunfado en la segunda vuelta sin el respaldo explícito de la dupla Lagos-Bachelet.
“Corazón partío”. Pero resulta que la centro izquierda está con el “corazón partío” como dice la canción de Alejandro, Sanz en tres pedazos:
1.- El Bacheletismo que va por el Apruebo sin condiciones. A diferencia de Lagos ella se siente la “madre” de la Convención y en cierta forma lo es porque lanzó la idea de una asamblea constituyente durante su gobierno, no tiene reparo alguno al texto y ya anunció que regresa para ser protagonista. Será recibida con aplausos por los convencionales que la ven como una aliada incondicional.
2.- Los Amarillos que van por el Rechazo, pero con la idea de hacer de todas maneras una nueva constitución y que promueven una rebaja del quorum para que el Congreso actual pueda hacer las reformas sin necesidad de los dos tercios. Es una idea que cuenta con el apoyo declarado de la derecha, varios parlamentarios demócrata cristianos y de centroizquierda; y tiene aprobarse antes del 4 de septiembre.
3.-El Laguismo, que no puede ni quiere rechazar. Como dijo Sergio Bitar a un medio escrito “no le queda otra… imagínate a Lagos rechazando”. Lagos sabe que el borrador es malo para Chile y su futuro, pero no está disponible para sacrificar su identidad como un líder histórico de la izquierda, lo que le impide siquiera considerar la posibilidad de votar Rechazo junto con la derecha.
Tratando de cuadrar el círculo Lagos se parapetó tras la consigna “aprobar para corregir”, con la esperanza de que las normas transitorias permitieran hacer cambios a la constitución una vez aprobada y ofrecer a la ciudadanía un conjunto de reformas específicas.
Pero esa estrategia se le vino a pique porque la Convención le puso candado a las reformas constitucionales hasta el 2026. Ahora para cambiar todo lo importante se requieren cuatro séptimos en la Cámara y en el Senado y además un plebiscito, con lo que la puerta se cerró.
Si gana el Apruebo, la constitución será prácticamente irreformable, salvo que exista una mayoría de dos tercios. El Laguismo está atrapado en un callejón sin salida. Para que la constitución se pueda “corregir” tienen que pasar dos cosas, que prospere la propuesta de Ximena Rincón y Matías Walker para rebajar el quorum a cuatro séptimos ahora; y que gane el Rechazo.
Hacer un llamado a “aprobar para corregir” en las actuales circunstancias es simplemente publicidad engañosa porque Apruebo Dignidad jamás apoyará ninguna iniciativa para cambiar una constitución recién refrendada por la ciudadanía que los interpreta plenamente, menoscabando un triunfo histórico obtenido en circunstancias irrepetibles.
Es lamentable que el expresidente Lagos, el único líder de la centroizquierda que puede inclinar la balanza, prefiera aprobar una muy mala constitución, prácticamente irreformable. Debería por lo menos estar dispuesto, aunque lo critiquen desde la extrema izquierda, a respaldar públicamente la rebaja de los quorum en el Congreso ahora, para tener una posibilidad real de hacer una nueva constitución en caso de que, a pesar de sus esfuerzos, triunfe el Rechazo.
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