“Es una muestra de la fortaleza de nuestro país, que no hay institución en la cual la policía no pueda entrar si es que tiene una orden judicial para recabar antecedentes o evidencias que permitan la investigación de eventual delito. Por lo tanto creo que es parte del ejercicio del Estado de Derecho y a mí me parece y por lo que hemos dicho, en materias de eventuales delitos de corrupción tienen que hacerse valer todas las responsabilidades penales o administrativas que correspondan. Desde el punto de vista de la responsabilidad política nosotros lo hemos dicho y lo reiteramos. Aquí cuando parte la denuncia del denominado caso Convenios lo primero que se hace es asumir la responsabilidad política de quien en ese momento era la jefa de servicio del ministerio de vivienda y urbanismo, que era la subsecretaria de Vivienda, dijo Monsalve.
La decisión del Ministerio Público, sin embargo, se realizó porque la cartera liderada por el socialista Carlos Montes no respondió una serie de oficios enviados por parte del fiscal de Tarapacá Eduardo Ríos, quien a comienzos de agosto inició una investigación por los traspasos realizados por la Secretaría Regional del Minvu de la zona a las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social.
La preocupación en el Ministerio Público comenzó en octubre, cuando se solicitó precisar información respecto del rol de Aldo Bastidas director técnico de la fundación EnRed Social y que poco antes de asumir dicho cargo trabajaba como analista del programa Asentamientos Precarios.
De la solicitud hubo una respuesta por parte del Minvu con los mismos antecedentes que fueron enviados en el oficio de agosto.
Al volver a solicitar información por parte de la fiscalía, no habría existido respuesta por parte del Ministerio, ni tampoco para otros oficios.
La jefa de la División Jurídica del Minvu, Marcela Rivas, quien envió los antecedentes a la fiscalía y al CDE, tampoco ha concurrido a declarar al Ministerio Público.
En tanto, Monsalve señaló que aúno no ha podido hablar con
No he podido hablar con el ministro Montes durante la mañana.
Hasta ayer el secretario de Estado no había sido advertido de la diligencia.
Según el artículo 209 del Código Procesal Penal, “para proceder al examen y registro de lugares religiosos, edificios en que funcionare alguna autoridad pública o recintos militares, el fiscal deberá oficiar previamente a la autoridad o persona a cuyo cargo estuviera” con al menos 48 horas de anticipación.
Pero esto último no se hizo en el allanamiento, al menos hasta el día anterior de efectuarse. Desde el Ministerio Público se apeló al mismo artículo en el que se plantea que se debe oficiar a la autoridad correspondiente -en este caso al ministro Montes o a la subsecretaria Gabriela Elgueta- “a menos que fuere de temer que por dicho aviso pudiere frustrarse la diligencia”.
Montes se vio entrar a las 9:20 horas al Minvu.
Lea también. Urgente: PDI allana el M de Vivienda por Caso Convenios (ex-ante.cl)
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