La acción de la PDI pone en entredicho el discurso de Montes desde que estalló el caso, respecto a su capacidad para colaborar con la investigación de la Fiscalía. Pese al impacto del escándalo de corrupción, el ministro había logrado mantenerse a flote hasta el momento gracias al apoyo del PS y las redes políticas transversales que cultivó durante sus 32 años de parlamentario. Ahora la posibilidad de una acusación constitucional retoma fuerza.
Qué observar. El allanamiento en las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizado esta mañana por efectivos de la PDI, deja en una crítica -y para algunos insostenible- situación política al ministro Carlos Montes Cisternas (PS), cuya permanencia en el gabinete ha sido cuestionada por sectores de la oposición.
- El allanamiento se produce por petición de la Fiscalía de Tarapacá, y en colaboración con la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, para recabar y resguardar documentación y antecedentes en el marco del caso convenios.
- En Fiscalía ya habían advertido que el Ministerio no estaba respondiendo los últimos oficios con requerimientos en torno a las investigaciones por convenios que se realizan en Iquique, en particular por los traspasos de la Seremi Minvu a la fundación EnRed Social por $1.060 millones realizados en 2022.
- La diligencia fue realizada sin informar previamente al ministro Montes, para que no se frustrara su realización. Aunque en el ministerio señalaron en un comunicado que fue una “autorización voluntaria”.
“El ministro de los convenios”. Desde que estalló el caso convenios, a mediados de junio, el rol del ministro Montes -uno de los primeros socialistas en llegar al gabinete de Gabriel Boric- ha estado en entredicho.
- “Quisiera terminar no como el ministro de los convenios, sino el que resuelve el caso de los convenios”, dijo este miércoles tras conocer el duro informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que acusó a Montes de “reprochable inobservancia”, porque bajo su administración no sólo se produjo el caso de la Fundación Democracia viva con la Seremi Minvu de Antofagasta, sino que a partir de eso se detectaron irregularidades y posibles ilícitos en las 15 seremias del ministerio en todo el país.
- El documento sostiene que “el ministro Carlos Montes o bien no conocía una situación que afectaba profundamente su cartera a lo largo de todo el país y que era manejada por diversos funcionarios”. Se agrega que “el ministro debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma como se gestionaba o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales ministeriales o en los servicios de vivienda y urbanización”.
- Tras recibir las críticas, Montes hizo una suerte de mea culpa sobre los casos de su ministerio que han impactado al gobierno de Boric, señalando que “yo entiendo que ellos estiman que yo debería haber tenido más antecedentes sobre lo que ocurría y bueno, eso yo creo que tiene una base de verdad”.
- El miércoles en un almuerzo con la bancada de diputados independientes PPD, quienes le manifestaron su apoyo, a Montes se le vio emocionada y habría explicitado que él no tiene intenciones de dejar el Ministerio. También se refirió en duros términos a los implicados en el caso Convenios, a quienes trató de delincuentes.
Resurge la acusación constitucional. El inédito allanamiento de la PDI en el Minvu golpea la estrategia del ministro frente al caso, quien se ha enfocado en repetir que se están haciendo cambios institucionales en la repartición para que los hechos no se repitan y que se mantiene una actitud de transparencia frente a Fiscalía.
- Montes ha insistido desde el primer día que él y su cartera tienen un rol proactivo en colaborar con la investigación de Fiscalía para aclarar los escándalos de corrupción. “Estamos entregando todos los antecedentes para colaborar con la investigación”, ha repetido en varias ocasiones.
- Sin embargo una diligencia intrusiva como es un allanamiento se produce por la falta de respuestas e información por parte del Ministerio. Tratándose de autoridades y organismos públicos, Fiscalía suele llegar a un acuerdo para recabar antecedentes sin necesidad de llegar a requisar equipos o documentación.
- La diligencia de PDI que se suma al informe de la Cámara, hace que recobre fuerza la acusación constitucional contra Montes que afina un grupo de diputadas de derecha: Sara Concha y Francesca Muñoz, Gloria Naveillán y Yovana Ahumada.
- Hasta el minuto la acción no contaba con el respaldo de la derecha tradicional, pero el escenario cambió. “El ministro Montes hace rato que está siendo un problema para el Gobierno. La acusación constitucional es una herramienta que nunca descartamos”, señaló la diputada Flor Weiss, en representación de la bancada UDI.
- Desde RN dicen que si se presenta una acusación contra Montes es prácticamente imposible rechazarla. El diputado Andrés Celis (RN) afirmó tras el allanamiento que “es la hora de irse por la puerta ancha en vez de irse por la ventana o eventualmente con una acusación constitucional. Aquí el ministro Montes falló y frente a un error político, debe dejar el cargo”.
Un ministro debilitado. Pese a la gravedad del caso, Montes había logrado mantenerse a flote gracias al apoyo de su partido, el PS, pero también de las redes transversales que cultivó mientras fue parlamentario durante 32 años. El actual ministro fue diputado, senador y presidente de ambas cámaras, logrando varias veces ser reconocido como una figura conciliadora y un político reconocido por sus pares.
- Cuando estalló el caso Convenios, el senador RD Ignacio Latorre, señaló que Montes estaba informado de las denuncias que habían en la Seremi de Antofagasta, pero rápidamente debió desdecirse y dijo que el ministro no sabía. La entonces subsecretaria, Tatiana Rojas (RD), (quien debió renunciar a su cargo), corroboró que sólo ella manejaba las denuncias efectuadas por los funcionarios, pero que no informó nada a Montes.
- Una de las primeras medidas de Montes fue ordenar a Democracia Viva la restitución del 94% de los fondos (los no ejecutados), sin embargo la fundación sólo restituyó el 75%.
- Rápidamente los casos de convenios y transferencias irregulares se fueron ampliando a todo el país, y Montes se manifestaba sorprendido de los hechos que se iban conociendo por los medios.
- Los dardos de la oposición apuntaban a Giorgio Jackson, debido a la gran cantidad de militantes RD involucrados en la denuncia. Este finalmente se vio forzado a renunciar al Ministerio de Desarrollo Social en agosto, días después de un robo de computadores en su repartición.
- En ese momento Jackson no quería caer solo, para no ser identificado con la causa de corrupción, y en privado su entorno señalaban que pedía salir con Montes, como responsable político de la cartera de Vivienda.
- Ambos estaban distanciados por intervenciones de Montes, como cuando cuestionó la labor en el caso del Consejo de Auditoría General de Gobierno, que era dependiente de Jackson. Ese fue uno de los argumentos en la acusación constitucional que la derecha estaba preparando contra el exministro RD.
- El socialismo democrático hizo una férrea defensa a Montes argumentando que el caso era responsabilidad del Frente Amplio. Finalmente Boric optó por que cayera sólo Jackson.
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