El triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre tuvo una trascendencia que, probablemente, crecerá con el paso del tiempo. Reveló la conciencia de muy amplios sectores de que el proyecto refundacional de las izquierdas asociadas en la Convención había llevado al país a una encrucijada frente a la cual no cabía cruzarse de brazos. Se hizo tangible el peligro de un gran dislocamiento institucional que habría hecho retroceder a Chile en todos los ámbitos.
Basta con imaginar lo que habría significado materializar la noción de plurinacionalidad, que segmentaba racialmente al país en once naciones; o validar las “autonomías territoriales indígenas”; poner en marcha el pluralismo jurídico; eliminar el Senado; crear una Cámara de Diputados con poderes superiores a los Presidente; etc. Todo eso habría dado lugar a múltiples conflictos. ¿Alguien cree, por ejemplo, que los inversionistas se habrían quedado a esperar el desenlace del experimento?
El país se salvó de una inmensa catástrofe, que pudo haberlo empujado al marasmo y la decadencia. Y por mucha buena voluntad que pongamos para no ahondar en las divisiones del plebiscito, no podemos aceptar la idea de que “aquí no ha pasado nada”, que ha sido la táctica de quienes, por haber sostenido el proyecto fracasado, tratan de echar tierra al asunto. ¿Tienen derecho a pensar distinto en diciembre de lo que pensaban en septiembre? Claro, por qué no. Pero los demás tenemos derecho a preguntarles en qué creen.
El significado del acuerdo del 12 de diciembre solo quedará despejado en un año más. Así lo establecieron los partidos firmantes, demostrando de paso que era falso el sentido de urgencia con el cual La Moneda presionó para establecer negociaciones. Lo verdaderamente urgente era tapar la derrota. Los partidos de la centroderecha acudieron de inmediato a la convocatoria, casi como preocupados de que los derrotados no se deprimieran. Y, quizás, habría sido provechoso darles tiempo a Boric y sus aliados para que reflexionaran sobre lo ocurrido.
Los partidos firmantes dijeron que querían evitar los errores del primer proceso, pero partieron promoviendo el más grave: la renuncia por parte del Congreso de su potestad constituyente y la decisión de armar un tinglado ad hoc. La parte más extravagante es que el Congreso tiene que aprobar una reforma constitucional con el fin de “habilitar” el proceso, pero enseguida se hace a un lado. Los parlamentarios pudieron haber hecho todas las reformas constitucionales necesarias, o redactar una nueva Constitución, en 2020, pero parecen afectados por un síndrome de conducta vergonzante.
En el proceso anterior, crearon la Convención y definieron sus normas, inventaron las listas de falsos independientes, los escaños de raza y la paridad de género con trampa, y luego parece que dijeron: “que sea lo que Dios quiera”. En realidad, tienen la mayor responsabilidad por todo lo ocurrido, ¡y a un costo de 120 mil millones de pesos pagados por el “señor Moya”! No pueden poner ahora cara de inocentes.
Ahora, los firmantes del acuerdo proponen crear un Senado paralelo, de 50 miembros (más los escaños de raza, que serán entre 2 y 6), por lo que el ministro de Hacienda deberá sacar nuevos fondos de alguna parte. Mientras tanto, los senadores y diputados seguirán funcionando como siempre, con la dieta y las asignaciones que les aporta el erario nacional.
El nuevo diseño establece tres órganos: el Consejo Constitucional, la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad, con un intrincado conjunto de normas para que interactúen. Los integrantes de la Comisión Experta redactarán un anteproyecto de nueva Constitución que luego deberá ser discutido por el Consejo Constitucional. El Comité Técnico será una especie de contraloría de los contenidos. ¿Funcionará todo eso?
Camilo Escalona, secretario general del PS, sintetizó así el dilema de su partido frente al acuerdo: “O rechazábamos esta estructura compleja y laberíntica, y nos quedábamos con la Constitución del 80, o entrábamos al laberinto y llegábamos finalmente, después de un nuevo acuerdo, a una nueva Constitución” (El Mercurio, 24/12). Escalona apoyó el 4 de septiembre una novísima Constitución, pero no le gustó a la mayoría de los ciudadanos. Respecto de lo que llama la “Constitución del 80”, solo cabe deducir que debe haber sido insoportable la experiencia del PS en los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet bajo esas normas, e insufrible su propia experiencia como diputado y senador.
La reforma que empieza a discutirse ahora no indica expresamente qué sucederá si es rechazado el nuevo proyecto de Constitución, lo que al parecer se explica porque algunos firmantes consideran que, en tal caso…,¡se convoca simplemente a un tercer proceso constituyente! Y luego, a los que sean necesarios. Al fin y al cabo, el Congreso ya logró verdadera maestría como organizador de convenciones.
El PC, Convergencia Social y Comunes han manifestado discrepancias con el acuerdo. La Federación Regionalista Verde Social reivindica el derecho a modificar el texto. En Chile Vamos, como también en el PS y el PPD, abundan las dudas respecto del destino del proceso. Los partidos Republicanos y PDG, que no firmaron el acuerdo, tendrán las manos libres en el trámite parlamentario.
El disociador proceso de experimentación constitucional que empezó hace tres años no ha significado ningún avance para Chile, solo confusión, populismo y despilfarro de recursos públicos. Y no ha terminado. Todo esto ocurre en medio de una situación crítica en materia de seguridad pública, con la economía en recesión, y con visibles riesgos para la estabilidad y la gobernabilidad provocados por un gobierno que comete errores todos los días.
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