El Incesante desafío fiscal. Por Sebastián Izquierdo

Es urgente consensuar un “pacto fiscal”, en donde el enfoque principal sea el impulso al crecimiento económico. Esto debe ir acompañado de un debate serio y de fondo sobre cómo mejorar la manera en que el Estado gasta los recursos públicos para, luego, contemplar una mayor recaudación fiscal -teniendo en cuenta no solo las tasas, sino también la base- a modo de otorgar certezas y asegurar su permanencia en el tiempo.

El año pasado fue un año responsable fiscalmente. Este año, en base a la situación actual, la historia está en desarrollo, aunque el futuro no es tan auspicioso.

Durante el año pasado, Chile logró una de las mayores consolidaciones fiscales al registrar una disminución real del 23% en el gasto fiscal en comparación con el año 2021. Este resultado se obtuvo gracias a una reducción significativa del impulso fiscal –que había experimentado un crecimiento real del 33,2%-, específicamente reduciendo los subsidios diseñados para mitigar la crisis sanitaria y económica del Covid-19.

Por otra parte, los ingresos fiscales del año 2022 fueron un 6,2% mayor al registrado al año previo, producto de una excepcional recaudación tanto del Impuesto a la Renta como del Litio. Esto permitió obtener un superávit fiscal del 1,1% del PIB luego de 9 años seguidos de déficits y, al hacer los ajustes cíclicos, obtener un superávit estructural (0,2%) después de seis años. Una gran hazaña del gobierno actual ya que, si bien esta reducción del gasto venía contemplada en la heredada Ley de presupuesto 2022, no hay que olvidar que fue un año electoral. Sin embargo, no debemos bajar la guardia, ya que el año pasado concluyó con una deuda bruta del 38% del PIB, niveles que no veíamos hace más de 30 años.

El escenario fiscal de este año se previó con un nivel de gasto fiscal prácticamente en línea con el del 2022, representando aproximadamente un 25% del PIB. Asimismo, se proyectan ingresos totales en torno al 23,4% del PIB. De acuerdo a estas estimaciones, se espera un déficit efectivo del 1,6% del PIB. Al considerar los ajustes cíclicos, que incorporan un ajuste prudencial por los ingresos transitorios del Litio, se estima que el déficit estructural alcanzaría el 2,1% del PIB (Informe Finanzas Públicas, primer trimestre 2023). Es decir, seguimos generando deuda.

A la luz de estas proyecciones, ¿cómo ha sido el desempeño de nuestras finanzas en estos meses del 2023? Hasta mayo, la ejecución del gasto presupuestario alcanzó el 39,7%, lo que representa un aumento en comparación con el mismo período del año pasado, pero una disminución en comparación con el 2021. Este gasto acumulado experimentó un crecimiento real anual del 7,9%, compuesto por un aumento del 7,7% en el gasto corriente, en gran medida producido la implementación de la PGU, y, por otro lado, compuesto por un aumento del 9,7% del gasto de capital. Esta última cifra tiene de dulce y agraz. Por una parte, se explica por un aumento en las transferencias de capital impulsada principalmente por una aceleración en la ejecución de proyectos de construcción del MINVU, pero, por otra, hubo una caída en la inversión, debido a los retrasos en la identificación de proyectos de Obras Públicas.

En contraste con este aumento del gasto, los ingresos del Gobierno Central a mayo disminuyeron un 18% real anual, principalmente, por la baja tributación de los contribuyentes en la Operación Renta del 2023 versus la anterior; adicional a la menor recaudación de los tributos de la minería privada como de Codelco. Sumando y restando, a mayo se observó un superávit de 0,4% del PIB (ingresos fueron del 10,3% y el gasto del 9,9%).

Es innegable que hemos pasado de disfrutar de un fugaz superávit fiscal a enfrentarnos a un déficit, pero también hay que preguntarse qué se viene en el mediano y largo plazo. Vale la pena recordar que hace tan solo un año, el gobierno presentó un compromiso de trayectoria para reducir dicho déficit estructural durante su mandato (DL 755). Se estableció como objetivo alcanzar un déficit estructural de tan solo el 0,3% del PIB en el último año de gobierno, aunque se han recibido algunas críticas debido a que el mayor esfuerzo se concentra hacia el final del período. Además, se ha introducido una novedosa medida para controlar la deuda, fijando un nivel prudente del 45% del PIB, aunque es una meta poco exigente.

No debemos desconocer que la recaudación fiscal se enfrenta a un escenario desafiante. Las proyecciones actuales reflejan una realidad desoladora de un crecimiento económico cercano al 0%, lo cual es consecuencia de la falta de inversiones. Lo más inquietante es que no se avizoran señales de mejoría en el horizonte, ya que se espera una caída del 3% en la inversión para este año, seguida de otra disminución del 1% en el próximo. Además, debemos tener en cuenta los retrasos en las licitaciones de obras públicas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) o el oscuro panorama del pronóstico de un drástico desplome del 42% en la inversión minera.

Estas cifras, que reflejan parte del inminente proceso de reajuste económico, generan preocupación, ya que indican una tendencia negativa que afecta la convergencia fiscal y el tan anhelado desarrollo. Resulta imperativo retomar el crecimiento económico. Sin embargo, nos enfrentamos a un techo de expectativas bajo, debido a la persistente falta de productividad.

Para superar esta situación y escapar del pantano de nulo crecimiento per cápita que nos ha acompañado durante más de una década, caracterizado por déficits fiscales recurrentes, es fundamental contar con una mayor voluntad política. Es crucial que busquemos soluciones audaces y diferentes a las recetas del pasado. Si volvemos a las mismas fórmulas, obtendremos los mismos resultados que ya hemos experimentado. Sólo necesitamos echar un vistazo a los pobres efectos de las cinco reformas tributarias de la última década en recaudación y crecimiento.

Es urgente consensuar un “pacto fiscal”, en donde el enfoque principal sea el impulso al crecimiento económico. Esto debe ir acompañado de un debate serio y de fondo sobre cómo mejorar la manera en que el Estado gasta los recursos públicos para, luego, contemplar una mayor recaudación fiscal -teniendo en cuenta no solo las tasas, sino también la base- a modo de otorgar certezas y asegurar su permanencia en el tiempo.

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