El 30 de mayo la gobernación de El Maule recibió una carta dirigida a la gobernadora Cristina Bravo (DC). La enviaba Pilar Goycoolea, presidenta de la fundación Urbanismo Social, cuyos contratos con la Seremi de Vivienda son investigados por la fiscalía. En el documento Goycoolea planteaba la inconveniencia de aceptar la propuesta de la gobernación de contratar al concejal de Curicó Javier Ahumada —también DC— para el programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros y seguras”, que la fundación se había adjudicado por $264 millones. Urbanismo Social sí aceptó, en cambio, otras 2 propuestas, lo que da cuenta de las negociones entre el gobierno regional y la fundación para establecer a quiénes trabajarían en el proyecto. La gobernadora anunció que no perseverará con el programa.
Qué observar. El 30 de mayo de 2023 la unidad de gestión de documentos del Gobierno Regional de El Maule recibió una carta de la presidenta de la fundación Urbanismo Social, Pilar Goycoolea, dirigida a la gobernadora DC Cristina Bravo.
- En ésta planteaba la inconveniencia de aceptar la propuesta de la gobernación de contratar al concejal de Curicó Javier Ahumada Ramírez —también demócratacristiano— para el programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros y seguras”, que la fundación se había adjudicado en diciembre de 2022, por un total de $264 millones.
- La fundación sí aceptó, en cambio, otras 2 propuestas, lo que da cuenta de las negociones entre el gobierno regional y la fundación para establecer a quiénes trabajarían en el proyecto destinado a “implementar una intervención física y social en 5 barrios de la Región de El Maule, con miras a reducir la percepción de inseguridad en cada uno de ellos”.
- Urbanismo Social es una de las fundaciones investigadas por la fiscalía en relación con los eventuales conflictos de interés de Rodrigo Hernández (RD), quien hasta abril de 2022 fue director jurídico de la fundación, donde trabajó 6 años. Ese mes fue designado Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda, entidad que realizó 4 transferencias por un total de $109 millones a sus ex empleadores.
- Si bien su gestión fue defendida inicialmente por el Presidente Gabriel Boric, el ministro Carlos Montes de Vivienda anunció el fin de semana la apertura de una investigación interna en su contra.
- El caso de Urbanismo Social —causa abierta por la fiscalía del Maule— se suma a la investigación de la fiscalía de Antofagasta por los convenios por $426 millones realizados entre la Seremi de Vivienda de esa región y la fundación Democracia Viva, ligada a RD.
- A esto se agregan la causa iniciada por los convenios por más de $4 mil millones firmados por el gobernador Patricio Vallespín (ex DC) en Los Lagos, y otra por los contratos la Seremi de Vivienda de Atacama con la fundación Comprometidos, ligada al PRO, por $128 millones.
- Consultada por Ex-Ante, la gobernadora anunció que no perseverará con el programa.
Qué dice la carta. “Estimada Cristina Bravo Castro, Gobernadora Regional del Maule”, comienza diciendo la carta —de 3 páginas— de la presidenta y representante legal de Urbanismo Social, Pilar Goycoolea.
- “Se nos han planteado algunas observaciones sobre la selección del equipo territorial del programa en cuestión. En ese contexto, en vías de avanzar en la ejecución del programa, acordamos realizar de manera conjunta el proceso de selección del equipo territorial, apostando por el interés genuino de ambas partes de buscar a los/las mejores candidatos/as para la ejecución del programa y el cumplimiento de sus objetivos”.
- “En el proceso recibimos de parte del Gobierno Regional a 3 candidatos/as, quienes fueron evaluados por nuestro equipo y entrevistados de maneja conjunta el día lunes 15 de mayo de 2023”.
- “Valoramos la voluntad de ambas partes de resolver este aspecto de manera conjunta y colaborativa. Por eso es que respecto de las candidaturas presentadas para cargos debemos plantear nuestra imposibilidad de contratar a Javier Ahumada, actual concejal de la comuna de Curicó”.
- “Como directorio vemos incompatible la posibilidad de ser parte del proyecto cuando se está asumiendo una función pública de representación popular dada la naturaleza del programa que implica gestionar procesos de participación ciudadana e involucramiento con las comunidades”.
- La fundación sí aceptó, en cambio, las otras 2 propuestas de la gobernación. “En los casos de Aily Soto Salinas y Rodrigo Véliz Alvarado, creemos que cumplen con el perfil requerido para el cargo de jefa de proyecto y coordinador de proyecto respectivamente”.
- “Esperamos que con estos acuerdos podamos iniciar la pronta ejecución del programa”.
“No perseverar en la ejecución del programa”. La gobernadora Cristina Bravo respondió por escrito a Ex-Ante que resolvieron no perseverar en el programa. A continuación, su respuesta.
- “En el caso de la Fundación Urbanismo Social, debo señalar que, con ocasión del hecho público y notorio de estar expuestos como caso, y dado además que las prioridades de este Gobierno Regional han cambiado a raíz de la emergencia climática reciente, es que se ha determinado, en base a un correcto actuar, no iniciar ni ejecutar el programa presentado por dicho organismo”.
- “Ante esos hechos y planteamientos, nos hemos tomado el tiempo suficiente para deliberar y no perseverar en la ejecución del programa, notificando a la institución de nuestra intención de resciliación (extinción de la obligación) del convenio, extinguiendo las obligaciones y dejando sin efecto cualquier acción del programa”.
- “En base a esta última decisión es necesario señalar tajantemente que, a la fecha, no se ha dado inicio al programa, no se ha contratado a ninguna persona, no se ha efectuado rendición de gasto alguno”.
“No se nos informó que el concejal era parte del proceso”. La fundación Urbanismo Social respondió por escrito a este medio que “no se nos informó que el concejal era parte del proceso de selección. Nunca se nos envió su currículum y simplemente llegó a la entrevista, momento en el que nos enteramos de su actual cargo público, razones por las cuales no es posible para la fundación incorporarlo al equipo. Los otros dos sí cumplían con un perfil técnico”.
- Añadieron que “no se negocian cargos ni en este ni en ningún otro proyecto. Por eso mismo enviamos la carta a la Gobernadora del Maule”.
Lea la carta de la presidenta de la fundación:
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