Una Constitución de consensos y no de extremos. Por Kenneth Bunker

Con el voto “En Contra” de los dos extremos, de izquierda y derecha, asoma la verdad: lo que se propone es un texto relativamente moderado. Si además se agrega el antecedente de que los partidos del medio, aquellos que condujeron el “Rechazo” en el primer proceso constituyente, ahora han endosado la opción “A Favor”, se vuelve aún más evidente que el documento es uno que podría interpretar al centro despolitizado.

Probablemente nadie imaginó que cuatro años después del estallido social el cuento estaría terminando así, con el país a punto de decidir entre lo que la izquierda ha incorrectamente denominado la Constitución de Pinochet, y lo que se ha propuesto por parte de un comité de expertos nominado por el Congreso y un pleno electo por un grupo de gente mayoritariamente conformado por la derecha.

El escenario es especialmente imprevisto para la izquierda, que luego de haber conseguido lo que siempre quiso, ahora parece estar mareada y confundida, imposibilitada de despertar de un largo pero entendible letargo. Ocurre que después del aplastante revés en el plebiscito de septiembre de 2022 simplemente no se ha detenido a desagregar las causas de la derrota ni a revisar la imprecisión de la premisa original que condujo a tal fracaso.

En corto, el sector, la izquierda, ha sido incapaz de entender, o aceptar, que el diagnóstico inicial era errado. El “problema constitucional” nunca existió. La mayoría de los chilenos no tenía reparos con el sistema como un todo, tenía reparos con elementos del sistema, lo que es significativamente diferente. Si esto no fuera correcto, simplemente no se habría rechazado tan tajantemente la idea de cambiarlo todo de plano, de la noche a la mañana.

Este razonamiento nunca ha circulado en la izquierda. Ni siquiera a modo de reflexión. De hecho, el grueso de los intelectuales asociados al sector sigue proponiendo que solo un cambio drástico, en una dirección diametralmente opuesto a los que está vigente hoy, puede resolver el asunto. Así, proponen un doble o nada. Es más, ahora proponen que ni siquiera un cambio de Constitución basta.

Este es el fondo del asunto. El sector que hizo mal el diagnóstico, y que luego escribió la primera propuesta constitucional rechazada en democracia, ahora busca imponer un estándar mínimo. El senador Jaime Quintana hasta avanzó en la idea de que si el texto no captura su beneplácito podría llevar al país a un segundo estallido social. Aparentemente, no es suficiente que el proceso sea democrático, debe ser democrático y de izquierda.

Esto es un gato por liebre de proporciones épicas. En el comienzo se dijo que el problema era el origen de la constitución, y que, por eso, bastaba con elegir una convención constitucional para que el resultado fuera legitimo. De hecho, fue uno de los motivos que dio el mismo presidente Gabriel Boric para votar a favor de la primera propuesta. Dijo: “cualquier resultado, no me cabe ninguna duda, es más legítimo que una escrita por cuatro generales”.

Pero resulta que ahora se dice que eso solo era parte del problema, y que lo realmente importante tiene que ver con los requisitos básicos. Es absurdo no solo porque sería un sector especifico el que fija los requisitos básicos, sino además porque se propone que esos requisitos básicos se deriven no solo de un diagnóstico errado, sino además de un documento que se rechazó ampliamente.

No se pueden quitar derechos si no hay derechos que quitar. Por eso comparar la propuesta actual con la propuesta anterior es una vara engañosa. Lo que en cambio sí tendría sentido, en esa línea argumentativa, sería comparar la propuesta actual con la Constitución actual. Si de verdad se quiere entender lo que está en juego, habría que comparar lo que se propone con lo que se busca reemplazar.

Y esa comparación, como se argumenta al comienzo, parece ser lo que aterroriza a la izquierda. Pues, si se compararán ambos textos honestamente, sin fines políticos, uno al lado del otro, es evidente que se vería la evolución. Lo que se propone ahora no solo trae más derechos que la Constitución vigente, sino que además incluye al país conceptualmente bajo una definición que siempre ha sido más cómoda para la izquierda que para la derecha: Un Estado social y democrático de derecho.

Es un texto que fortalece los marcos de desarrollo para la educación pública, eleva los tratados de derechos humanos a rango constitucional, potencia los requerimientos de responsabilidad fiscal, reconoce a Pueblos Originarios, establece la provisión de plebiscitos y de iniciativas populares de ley, regula garantías procesales, establece deberes del cuidado, y consagra el derecho de acceso al poder de las mujeres.

Es una Constitución que le hubiera quedado muy cómoda a la centroizquierda de hace algunos años. En sus tiempos, probablemente los expresidentes socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet lo hubiesen firmado. De hecho, el texto es tan suficientemente progresista que hasta el partido que dominó el proceso se ha separado en dos, dividido por un debate sobre el alcance liberal y progresista del texto que se propone.

Con el voto “En Contra” de los dos extremos, de izquierda y derecha, asoma la verdad: lo que se propone es un texto relativamente moderado. Si además se agrega el antecedente de que los partidos del medio, aquellos que condujeron el “Rechazo” en el primer proceso constituyente, ahora han endosado la opción “A Favor”, se vuelve aún más evidente que el documento es uno que podría interpretar al centro despolitizado.

Desde la izquierda, se ha dicho y se dirá de todo con el fin de rechazar el texto. Desde que no tiene un lenguaje inclusivo a que tiene faltas de ortografía y problemas técnicos. Curiosamente, nada de eso los detuvo de apoyar la propuesta anterior, a pesar de ser fundamentalmente deficiente. Pero, quizás la caricatura que ha tomado más impulso es la que propuso el propio Presidente, cuando dijo que no es un documento de consenso.

La constatación tiene varios problemas. Primero, sortea lo obvio, que ningún documento será de consenso. Nunca ha sido, ni en Chile ni en ninguna parte. Las constituciones las escriben las mayorías, y por definición, las mayorías son circunstanciales. Son producto de su momento en el tiempo, y del balance de poder que emane de allí. Pedir una Constitución de consenso, del principio al fin, es sencillamente irreal.

Lo que sí es cierto es que el consenso existe en un gradiente, en una escala. Y en esa escala de consenso, lo que se propone es sin duda la propuesta con más acuerdo de la historia. Lo que se vota en diciembre tiene más consenso que cualquiera de las constituciones o cualquiera de las propuestas anteriores, incluyendo la de Bachelet de 2018 y la de la Convención Constitucional de 2022. Guste o no le guste, esa es la verdad.

Para empezar, el documento actual nació de un gran acuerdo, en tanto el punto de partida fue un texto de 192 artículos y 22 disposiciones transitorias 100% aprobados por un comité técnico nombrado por el Congreso. Luego de eso, siguió su ruta en un proceso que fue menos polarizado, y con niveles de aprobación (enmiendas aprobadas por sobre enmiendas propuestas) significativamente más altos que en el proceso anterior.

En fin, se entiende por qué el sector en cuestión quiere que gane la opción “En Contra”, pero de ahí a pedir el voto “En Contra” por ser “partisano, programático, contradictorio, populista, ineficiente e ineficaz” no tiene sentido. Luego de pedir el voto “Apruebo” en el proceso pasado, es sencillamente una desfachatez. Sí, este es un texto imperfecto, pero no es más imperfecto que los demás.

Dado el escenario adverso, la pregunta para la izquierda es sobre el plan, ¿Cuál es? El oficialismo en su conjunto ha manifestado que votará “En Contra”, y el gobierno ha dicho que no iniciará un nuevo proceso constituyente. Entonces, ¿el plan sería quedarse con la “Constitución de Pinochet”? ¿El plan sería cambiar los cuatro años de campaña por reforma estructural por una actitud más favorable a la vía de la reforma gradual?

Inverosímil.

Lo más probable, en cambio, dado el historial y el contexto, es que apenas pase el plebiscito se siga pidiendo cambio constitucional. Así, independiente de si gana el “A Favor” o si gana el “En Contra”, habrá quienes seguirán insistiendo en la necesidad de cambio constitucional hasta obtener exactamente el consenso que quieren, el consenso entre los propios, para promulgar la Constitución que quieren.

Se abrió una puerta que no se puede cerrar. El ciclo constitucional parece interminable, como un eterno retorno a lo mismo, una y otra vez. Es además caótico. No todos están alineados ideológicamente. Además de los ya descritos, están también quienes votarán “En Contra” para denunciar lo que consideran una farsa, y quienes votarán “A Favor” a pesar de que no les gusta el texto solo para cerrar el ciclo.

Todos y cada uno con su propia razón, nadie sabe para quién trabaja. Como se sostiene en la primera frase de esta columna, nada ha sido lo que parecía ser.

En cualquier caso, es evidente que ninguna de las opciones favorece a la izquierda, que, a pesar del resultado final, se verá obligada a seguir insistiendo en la necesidad de un cambio estructural. Al menos ya han dejado ver que su motivación tiene que ver más con ellos y su agenda política que con la gente y la demanda de mejorías puntuales, y que, a final de cuentas, para ellos, el origen del documento importa menos que su inclinación ideológica.

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