Julio 15, 2022

El trasfondo de la remoción de la jefa jurídica de Siches tras errores que culminaron con traspié en el caso Hucarán

Ex-Ante
La ministra del Interior, Izkia Siches, durante la reunión de la Asociación Chilena de Municipalidades, realizada en el Hotel Gala de Viña del Mar este viernes 15. Foto: Manuel Lema / Agencia Uno.

La ministra del Interior anunció este viernes en Viña del Mar que la penalista Luppy Aguirre asumirá como jefa de la división jurídica del ministerio en reemplazo de Camila Barros, cuestionada por el manejo de su división del caso Huracán, críticas a las que se sumó el propio Presidente Boric. Su gestión fue descrita en una denuncia de tutela laboral presentada en junio por 6 abogados desvinculados de la División Jurídica del Ministerio del Interior. En ésta aseguran que instruyó el retiro de querellas por Ley de Seguridad del Estado —que La Moneda retomó al mes siguiente— y que los removió “basada en motivos políticos”, por las decisiones penales aplicadas por la administración de Piñera tras el 18-O. El reemplazo ocurrió en momentos en que la instrucción de Palacio ha sido mantener un cumplimiento ejemplar en las audiencias de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre.


Qué observar: A menos de 24 horas de que el Presidente Gabriel Boric criticara el manejo en el gobierno del caso Huracán, la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que la penalista Luppy Aguirre  asumirá la jefatura de la División Jurídica del Ministerio del Interior, en reemplazo de la abogada Camila Barros.

  • “Este lunes se incorpora en la jefatura de la división jurídica del Ministerio de Interior la abogada penalista Luppy Aguirre, con amplia experiencia, que vendrá a reforzar el trabajo que realizamos desde el Ministerio del Interior”, dijo este viernes en Viña del Mar.
  • La decisión se tomó tras la controversia en La Moneda por el manejo del Caso Huracán, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco confirmara la exclusión del gobierno de la causa por la Operación Huracán, en que 8 personas —entre ellos Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)— fueron imputadas en 2017 como supuestos partícipes de una asociación ilícita terrorista para perpetrar atentados en el sur, con pruebas falsas presentadas por carabineros.
  • “Las características de este error son inaceptables y tiene que haber responsabilidades. Voy a conversar con la ministra. Entiendo que es anterior, es algo que venía hace tiempo, pero van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a duda”, dijo el Presidente Gabriel Boric el jueves.
  • Que el mandatario haya calificado lo ocurrido de inaceptable y haya advertido que habrá responsabilidades fue leído en Palacio como una señal para el círculo de la ministra del Interior, Izkia Siches, en especial para la directora Jurídica, Camila Barros.
  • La controversia de su división ocurrió en momentos en que la instrucción de Palacio al Ministerio de Interior y sus abogados ha sido de mantener una asistencia completa a las audiencias y a las solicitudes de documentación de los tribunales de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre, cuentan conocedores de las instrucciones.
  • La exclusión del gobierno de la causa Huracán que gatilló la controversia se originó en la resolución de mayo de la jueza Marcia Castillo, quien declaró no presentada la acusación particular del Ministerio del Interior, luego de que éste no corrigiera lo que calificó de un error formal: incluir entre los delitos por los que acusaba la “obstrucción a la investigación”, que según estimó no podía ser presentado por la parte.
  • La acción fue llevada por el ahora ex abogado del ministerio Luis Martínez, quien comentó entonces a su entorno que consultó por email a su jefatura si retiraba ese delito de la acusación, las abogadas Camila Barros y Javiera Corvalán, sin obtener respuesta. Martínez dejó de prestar servicios a la cartera luego de quedarse dormido y no presentarse a una audiencia por el homicidio del sargento Francisco Benavides, asesinado con un tiro en mayo de 2021 en La Araucanía.
  • La salida de Barros es el tercer ajuste importante en el equipo de Siches. Primero salió Salvador Millaleo, quien renunció al cargo por diferencias irreconciliables con la ministra tras su fallido ingreso a la comunidad de Temucuicui. El segundo fue su jefe de gabinete Roberto Estay, a partir de una seguidilla de errores de la secretaría de Estado.

El desembarco. “El día viernes 11 de marzo del año 2022 tuvo lugar el cambio de Gobierno, asumiendo en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la nueva ministra, doña Izkia Siches, el nuevo Subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve, y, con ellos, la nueva Jefa de la División Jurídica, doña Camila Barros”, dice la demanda laboral dirigida contra el Consejo de Defensa del Estado, donde se pide una compensación por más de $322 millones por la desvinculación de los 6 abogados, parte de los cuales cruzaron los 2 gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.

  • “Esta última, también abogado, era conocida por quienes trabajamos en su época en el área judicial, pues formó parte de la misma durante los años 2014 a 2019, luego de lo cual no se le renovó su contrata”.
  • “La aludida doña Camila Barros, en una primera y única reunión presencial a que fue convocada para el mismo día la totalidad de la División Jurídica, junto con invitarnos a trabajar en conjunto, nos informó que sería ella quien asumiría personalmente la coordinación de las áreas judicial y administrativa, y nos instruyó a dar cumplimiento, como primera medida, al inmediato retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado”.
  • “Para tales efectos, la totalidad de los abogados del área judicial permanecimos en las oficinas hasta cerca de la medianoche, de manera de dar cumplimiento a las instrucciones de la jefatura, lo que se realizó oportuna y debidamente, el mismo día”.
  • La decisión del gobierno de dejar de aplicar esta figura penal se mantuvo hasta fines de abril, cuando distintas organizaciones de camioneros realizaron bloqueos de rutas en protesta por la violencia en el sur. El gobierno les dio un ultimátum, que, al no lograr el despeje de vías buscado, derivó en la presentación de querellas por este tipo penal. “Como jefe de Estado no puedo permitir que se impida el libre tránsito a los habitantes de nuestro país”, dijo Boric el 27 de ese mes. A fines de mayo las extendieron a los delitos de violencia rural en el sur.

La desvinculación: “Los días siguientes estuvieron marcados por la distancia con la nueva jefatura, de quien no recibimos ni instrucciones directas, sino por intermedio del WhatsApp de Ignacio García, quien llegó a trabajar junto a ella, ni saludos, ni asignación de nuevos trabajos”, dice la demanda.

  • “Luego del retiro de querellas y conforme a las nuevas directivas, el mencionado Ignacio García nos instruyó para estarnos a la decisión del juez en la revisión de prisiones preventivas, y no oponernos a la prueba de la defensa en audiencias de preparación de juicio oral; así también, nos requirió la entrega previa de una minuta antes de cada audiencia”.
  • “Así también, en el intertanto, tuvimos la oportunidad de conocer de las entrevistas que durante esos días de marzo realizaron las nuevas autoridades, en las mismas dependencias, a los postulantes que, según luego sabríamos y a algunos de los cuales ya conocíamos, pasarían a desempeñar nuestras funciones, luego de ser despedidos”.
  • “Fue finalmente, entonces, que el día 29 de marzo de 2022, el señalado Ignacio García nos citara para el mediodía, otra vez vía WhatsApp, a una reunión presencial del equipo judicial. En lugar de la cita programada, la nueva jefa de la División Jurídica, Camila Barros, procedió a llamarnos a nuestros anexos, por separado”.
  • La demanda detalla que a los 6 abogados “les fueron comunicados sus despidos entre los días 29 y 31 de marzo de 2022, transcurridos apenas 18 días de asumido el nuevo Gobierno, sin expresar los motivos de tal decisión”.
  • “Los 6 actores despedidos suman la mitad de los integrantes con que a la época contaba el área judicial de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior”.

El trasfondo: “La motivación que se esconde tras de los actos denunciados radica en las críticas políticas manifestadas por las nuevas autoridades a la estrategia judicial ejecutada por el equipo de abogados del área judicial de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior, bajo las instrucciones del Gobierno anterior, en la persecución penal de los delitos relacionados con el estallido social y el conflicto mapuche”, consigna la denuncia.

  • “Existen en la especie suficientes indicios, desde las opiniones ventiladas por la prensa, los compromisos del Gobierno, la presión de organizaciones civiles y familiares de los involucrados, y la anunciada primera medida del Gobierno entrante para el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, la que fue calificada como ‘el primer gesto’ a los presos del estallido; que, unidos a la arbitrariedad y desproporción de una decisión no solo temprana e intempestiva, adoptada apenas iniciado el nuevo Gobierno, sino también inusitadamente extendida, porque abarca a la mitad de un grupo de trabajo de por sí numeroso, y extraordinaria, desde que no existen antecedentes de que en el mismo Ministerio, u otro, se haya verificado el desarme de un equipo con ocasión del cambio de autoridades, llevan a concluir inequívocamente que en la desvinculación de los denunciantes lo que subyace es la circunstancia de que esta fue discriminatoria atendido motivaciones de índole política”.
  • “En el contexto descrito, la decisión del despido de los actores resulta discriminatoria, por razones políticas, lesionando su derecho a la igualdad y no discriminación, porque se traduce en una exclusión –al mismo tiempo que en una preferencia en favor de los sustitutos, basada en motivos políticos, que anula y altera la igualdad de oportunidades y trato en el empleo, atendiendo a motivaciones que nada han tenido que ver con su desempeño profesional”.

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