38 imputados por más de 22 delitos, testigos protegidos, jueces y fiscales con medidas de protección inéditas y más de 2 años de investigación, son sólo algunos de los elementos que destacan en la antesala del juicio contra los Gallegos.
Como lo ha señalado el fiscal regional Mario Carrera, aunque se trata de delitos muy graves como homicidios o secuestros, lo que más preocupa al persecutor es la organización criminal que está detrás.
Cuando se habla de la existencia de crimen organizado no basta con que los delitos sean cometidos por un grupo de personas, sino que estos ilícitos deben tener el fin de lograr una ganancia económica y responder a una estructura jerarquizada nacional o internacional. Este parece ser el caso de los Gallegos, banda que llegó desde Perú a Arica sembrando el terror entre los ariqueños. En una investigación compleja, la fiscalía de Arica cuenta hasta con la contabilidad de la asociación en la que se refleja que sus operaciones en la cuidad del norte eran un rentable y violento negocio.
Parece interesante entonces revisar qué nos devela este mediático juicio.
En primer lugar, la constatación de que en Chile operan grupos organizados que se dedican al negocio de delinquir utilizando cualquier medio para ello, para ganar dinero y sin miramientos en relación con los delitos que cometen. Aunque hay crimen organizado en todo el país, hay ciertas zonas que son más complejas como es el norte y en particular, ciudades como Arica donde la frontera es tan grande como porosa y difícil de controlar. Así también lo evaluó el Ejército, que reforzó su presencia en la frontera en razón del juicio, dando señales de los peligros que se anticipan.
En segundo lugar, que nuestro sistema de justicia tiene importantes temas que resolver frente a juicios de esta envergadura, entre ellos, la colisión de derechos que se presenta entre las garantías propias del debido proceso y la seguridad. Eso fue lo que se ha discutido en el ir y venir de recursos y decisiones de la Corte de Apelaciones de Arica y la Corte Suprema frente al tema de la presencialidad en el juicio oral. De acuerdo a expertos en temas de seguridad –en este caso Gendarmería de Chile– trasladar a los imputados a Arica para que estén presentes durante el juicio significa un alto riesgo para todos los intervinientes, para el tribunal, y ni qué decir, para los ariqueños.
Lo anterior, nos lleva a un tercer punto. Pareciera que no tenemos ni la infraestructura en tribunales para estos mega juicios, ni contamos con el número adecuado de funcionarios policiales y de Gendarmería para custodiar los traslados y las audiencias que se estiman van a durar más de un año. Pero, además, no parece haberse previsto por las autoridades las complejidades que tendría este juicio. Pese a que la fiscalía de Arica lo planteó en diferentes instancias en los meses previos, el sistema no se anticipó a los problemas -desde técnicos hasta de seguridad- ni optó por alternativas, como hacer el juicio en el Centro de Justicia de Santiago que podría haber entregado más seguridad.
Todo esto ha llevado a confusos debates que finalmente tienen el juicio suspendido sin que nadie haya mencionado cuánta afectación ello provoca en víctimas y testigos del proceso, los que deben soportar esta carga adicional de tener que seguir esperando para declarar o por justicia.
Todo indica que enfrentaremos más procesos este tipo. Por eso el juicio a los Gallegos es tan importante. Será un precedente para el futuro y una oportunidad para que el ecosistema de la justicia penal detecte vulnerabilidades, defina y zanje debates y que se entregue la certeza de que la justicia puede operar con seguridad para las personas, a tiempo y condiciones debidas para todos los que participan en ella.
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