Julio 14, 2022

Lo que se sabe de Camila Barros, la abogada de confianza de Izkia Siches cuestionada en La Moneda

Waldo Díaz y Alfonso Peró

Boric criticó que el gobierno quedara fuera de la tramitación de la Operación Huracán, señalando que se trataba de un asunto inaceptable. El Presidente no responsabilizó directamente a la División Jurídica de Interior, al mando Camila Barros, quien en La Moneda dicen que tiene sus días contados. Es la segunda vez que un subalterno de Siches está envuelto en serios problemas y donde la ministra no paga directamente los costos de los errores. A continuación el perfil de la abogada.

La molestia del Presidente. La intervención de Boric por el error de la División Jurídica del Ministerio del Interior en el caso Huracán, que dejó afuera del gobierno en la causa, volvió a revolver las aguas en el gabinete de Izkia Siches. El hecho de que haya calificado de gravísimo y haya advertido que habrá responsabilidad fue una señal clara para el círculo de Siches, en especial para la directora Jurídica, Camila Barros. Fuentes del Ministerio señalan que su salida está prácticamente sellada, aunque aún no se definen los tiempos.

  • Sería el tercer ajuste importante en el equipo de Siches. Primero salió Salvador Millaleo, quien renunció al cargo por diferencias irreconciliables con la ministra. Luego Roberto Estay, a partir de una seguidilla de errores de la secretaría de Estado, y ahora, advierten, sería el turno de Barros.
  • En La Moneda sostienen que la salida de la abogada busca blindar a una Siches debilitada y a un gabinete que tiene un 65% de desaprobación según la última encuesta Pulso Ciudadano. Cualquier error, dicen desde La Moneda, “hace retroceder tres aciertos”.
  • “El caso Huracán es una investigación seria y grave contra funcionarios civiles y funcionarios policiales por malversación de documentos públicos e imputaciones a comuneros mapuche con pruebas falsas. Esto es gravísimo y, por lo tanto, la instrucción desde Presidencia es que el Estado tiene que agotar todos los recursos que estén a su alcance para perseguir estos delitos”, dijo Boric.
  • “Entiendo que está la posibilidad de la apelación. Ahora, las características de este error, desde mi punto de vista, es inaceptable y por supuesto que tiene que haber responsabilidades, lo voy a conversar con la ministra para evaluar dónde se cometió ese error, entiendo que es anterior, que venía hace un tiempo ya. Y van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas”.
  • En la investigación del caso Huracán se encuentran imputados diez ex carabineros y un civil por el montaje de pruebas falsas en contra de comuneros mapuche, en 2017.

Los episodios controvertidos. En junio, un abogado de la división al mando de Barros no concurrió a una audiencia por el homicidio del sargento de Carabineros Francisco Benavides por haberse quedado dormido. La bancada de diputados de RN pidió la remoción de la jefa de la División Jurídica y la de la UDI realizó duras críticas por el episodio.

  • El ministerio tampoco solicitó originalmente la prisión preventiva contra los imputados del asesinato de la periodista Francisca Sandoval en la violenta jornada del 1 de mayo, lo que, en esos días, terminó por sellar la caída de Roberto Estay, hasta entonces jefe de gabinete de Siches y su mano derecha desde el Colegio Médico.
  • Para sus detractores, al equipo al mando de Barros le falta de experiencia. De acuerdo a La Tercera, la abogada y la asesora Javiera Corvalán ingresaron en abril un patrocinio y poder al Juzgado de Garantía de Colina para poder participar en una causa de 2007 en el que el gobierno es parte. La resolución de la jueza fue la siguiente: “Previo a proveer, señálese el número de cédula de identidad de las abogadas Camila Barros y Javiera Corvalán, dentro del tercer día, bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito”.
  • Corvalán, que se tituló en 2019 en la U de Chile, pero que tuvo un exitoso paso por el mundo privado, patrocinó querellas contra carabineros para el 18-O como abogada de la Asociación de Abogadas Feministas Chile. “Interponemos querella criminal en contra de todos quienes resulten penalmente responsables (…) a partir de los hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos acá descritos y perpetrados en la comuna de Maipú por agentes del Estado entre los días 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019”, señala una de ellas.

Quién es. Camila Barros (37) es considerada una asesora de confianza de Siches. Ya había trabajado años en Interior. Estudió en la Universidad Diego Portales y juró el 17 de mayo de 2013. Parte de su experiencia laboral la desempeñó en el Centro de la Mujer Maipú, del Sernam, donde realizó labores de asesoría jurídica y litigación de las causas patrocinadas por el centro, según describe en su cuenta de Linkedin. “Posee empatía, iniciativa, autonomía, compromiso y determinación. Facilidad para trabajar en equipo”, reseña su perfil en esa red social.

  • Antes, en 2012, trabajó en las empresas Comercialización y Distribuidora la Qesería SpA y Turismochile.cl, llevando a cabo la redacción de contratos, escrituras y constitución de sociedades.
  • La abogada también realizó el ejercicio libre de la profesión, participando en juicios de familia, relativas a materias de divorcio o pensiones de alimentos. Además, participó en juicios de derecho penal, principalmente en los juzgados de garantía y fue procuradora de la oficina de abogados Leonardo Corral.
  • Al llegar a hacerse cargo de la División Jurídica de Interior despidió a parte del equipo que estaba hasta la llegada de Boric al poder, partiendo por el abogado Carlos Flores, quien llevaba 18 años en la cartera -estuvo en los gobiernos de Lagos, Bachelet y Piñera- y tenía una amplia experiencia en los juicios de la Macrozona Sur.
  • Un grupo de seis abogados despedidos, entre ellos Flores, presentaron una demanda -que se encuentra tramitándose- retratando acoso laboral y discriminación política cuando Barros se hizo cargo de la División Jurídica.
  • Las razones que exponen en el libelo se relacionan con los testimonios de funcionarios de gobierno, que señalan a Ex-Ante que el nuevo equipo de la División Jurídico llegó a La Moneda con severas críticas a las querellas que interpusieron los abogados para el 18-O, algunas relativas a la llamada “primera línea”, y respecto de la Macrozona Sur.
  • En la demanda, los abogados señalan que Barros entrevista en la misma oficina que compartían a quienes los reemplazarían en sus cargos. “Los días siguientes estuvieron marcados por la distancia con la nueva jefatura, de quien no recibimos ni instrucciones directas -sino por intermedio de WhatsApp- ni saludos ni asignación de nuevos trabajos”.
  • “La motivación que se esconde tras los actos denunciados radica en las críticas políticas manifestadas por las nuevas autoridades a la estrategia judicial ejecutada por el equipo de abogados del área judicial de la División, bajo las instrucciones del gobierno anterior, en la persecución penal de los delitos relacionados con el estallido y el conflicto mapuche”.

Certificado de experiencia laboral. En 2020, la Corporación de Asistencia Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia, respondió un reclamo de Barros por no haber sido reclutada para el empleo de abogada del “Programa de Representación Jurídica de NNA en Sistema de Protección Modalidad Residencial del Servicio Nacional de Menores”.

  • “En la etapa N°2, respecto a los antecedentes laborales, según la evaluación curricular fui evaluada con 0 puntos en todos los ítems”, dice la abogada en su carta.
  • Barros señala que en el certificado de experiencia laboral emitido por Luis Correa Bluas, ex jefe jurídico de Interior en el gobierno de Bachelet, consta que ella tiene experiencia en litigación ante Juzgados de Garantías, Tribunales Orales en lo Penal, Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema entre junio de 2014 y diciembre de 2019. Describe además que cuenta con experiencia en tramitación de causas de alta connotación pública y que el certificado también acredita que ha trabajado en la articulación de redes intersectoriales, debido a que coordinó la Subcomisión de Control y Persecución del delito, de la Mesa de Trata de Personas, gestionando redes no solo en instituciones estatales.
  • “Solicito su reevaluación y corrección del puntaje obtenido”, plantea.
  • El comité de selección señala en el punto Litigación lo siguiente: “Se constata que la postulación de la señorita Barros no presenta los registros de actividades de litigación, emitidos por el Poder Judicial, que se exigen en las bases del presente proceso. Por tal motivo se pondera con 0 puntos ese ítem”. Y añade: “Se debe asignar 5 puntos a los ítem trabajo con NNA vulnerados y coordinación con red intersectorial”.
  • “Este comité acoge en parte la observación presentada. Por lo tanto, la postulación se modifica a categoría “Aprobado”, sumando un total de 16 puntos y una ponderación de 7 puntos”, concluye.

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