Ya es un lugar común constatar que el Consejo Constitucional tropezó con la misma piedra que la Convención: las mayorías impusieron sus ideas, las minorías fueron excluidas, y a quienes intentaron construir puentes, se les sometió a punta de chantajes. ¿El resultado? Un texto partisano, incapaz de generar acuerdos transversales. ¿La consecuencia? Gane quien gane, todos perderemos: si el “a favor” logra un estrecho triunfo o “el contra” gana cómodamente, y en todas las posibilidades intermedias, la cuestión constitucional volverá a abrirse, más temprano que tarde, y en condiciones difíciles de anticipar.
¿Qué hacer si no aprendimos de los errores del proceso anterior? Aprender de los aciertos, por pequeños que sean.
El progresismo deberá tener en cuenta que un clivaje central de esta elección será política versus anti-política. El “a favor”, guste o no, es la propuesta del sistema político, como antes terminó siendo el Apruebo, mientras que el “en contra” tiene más posibilidades de expresar el castigo a la política, como ocurrió con el Rechazo. Anclarse en ese clivaje es un arma de doble filo, más aún estando en el gobierno. Aquí hay lecciones que aprender del anterior plebiscito. No conviene seguir dilatando el pronunciamiento oficial de los partidos, pero sí diseñar una estrategia donde ellos no protagonicen.
Hay que construir una campaña desde la sociedad civil, con rostros ciudadanos que visibilicen los principales peligros de la propuesta: enormes retrocesos en materia de género, de infancia, de acceso igualitario a derechos sociales de calidad, de capacidad del Estado para proteger el medio ambiente, de separación entre dinero y política, de financiamiento de los gobiernos locales. El inmovilismo actual es preocupante, retrasar el pronunciamiento de los partidos está dilatando las definiciones estratégicas, no hay tiempo que perder.
En la derecha, las lecciones posibles son sobre el día después de la elección. Si bien la UDI y RN decidieron ser vagones de cola, su más probable candidata presidencial ha dado muestras de una mejor lectura, lo mismo algunas voces de Evópoli. Si parte de la derecha logra marcar diferencias, expresando una posición más conciliadora, algo así como un “apruebo para reformar,” ganaría en credibilidad y posicionamiento político. Es cierto, quienes defendieron el “apruebo para reformar” no cosecharon electoralmente en lo inmediato, pero no cabe duda que hoy tienen más poder que antes del 4 de septiembre.
La verdadera prueba electoral serán las municipales, ahí se medirán fuerzas en el progresismo, y se verá si Chile Vamos logra contener la avalancha republicana. La clave será diferenciarse en algo de Republicanos; de lo contrario, gane quien gane, serán ellos quienes capitalizarían las ganancias o socializarían las pérdidas.
Pero más allá de triunfos pasajeros de unos u otros, es bueno recordar el principal acierto que devino del proceso anterior: el cambio de quórum para reformas constitucionales de 2/3 a 4/7 y la eliminación de las leyes orgánicas constitucionales. Muchos que defendían el apruebo consideraron esto una traición; hoy es su principal esperanza. Algo similar habría que lograr respecto del sistema electoral. Antes de elegir el próximo parlamento, necesitamos nuevas reglas capaces de combatir la dispersión política. Urge un acuerdo político para asegurar que ello ocurra si gana el “en contra”. Serán muchos quienes quieran impedir ese camino; muchos más los que argumentarán que a la ciudadanía el tema no le importa.
Es cierto, habrá que hacerlo sin gran publicidad, sin la pretensión de que sea un factor electoral, pero si no se hace ahora y el próximo parlamento se elige con las reglas actuales, la dispersión será peor, y los nuevos incumbentes tendrán nulos incentivos para cambiar las reglas que los tienen allí. Entonces, cuando se vuelva a abrir la cuestión constitucional, la realidad nos encontrará peor preparados que hoy para procesarlo políticamente, si eso fuera posible. Así las cosas, no sería extraño que quienes hoy se opongan a construir esta garantía en caso de que gane “el contra,” sean quienes depositen en ello sus mayores esperanzas.
Mantener un diálogo transversal, basado en evidencia, que permita a nuestra región impulsar reformas y políticas públicas que avancen hacia el objetivo final que todo sistema previsional debe tener: mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores.
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