En el norte del país se ubica, por lejos, la mayor capacidad de generación de energía solar, e incluso eólica. Esta ya es mucho mayor que la potencia necesaria en esa zona. Sin embargo, durante las horas de mayor insolación cerca del mediodía, aunque una central del norte genere electricidad, no recibe ingresos monetarios.
Esto se debe a que, a esas horas, las líneas de transmisión en el eje norte-sur del país no tienen capacidad para transmitir toda la energía que se produce en el norte, obligando incluso a “botarla”, a pesar de que en la zona central o sur se esté generando con las contaminantes centrales térmicas a carbón o gas. Según ACERA, en 2022, la energía solar fotovoltaica y la eólica vertidas (botadas) fue de 1.400 GWh, equivalentes al consumo anual de electricidad de 600.000 hogares.
Recién en 2029 (con suerte) la nueva línea de transmisión HVDC Kimal-Lo Aguirre entrará en operación, permitiendo que unos 3.000 MW puedan evacuar su energía hacia el sur, pero en ese momento el problema será mucho más grave que ahora, porque ya hay más de 5.000 MW solares y más de 4.000 MW eólicos que ya se están instalando para los próximos años.
Mucho peor aún, ya hay más de 50.000 MW de producción eléctrica tratando de obtener aprobación para conectarse, siendo que la demanda máxima son 11.500 MW. Esto es prácticamente una locura, fruto de que la planificación energética es simplemente inexistente.
Ya estamos completamente atrasados en materia de nuevas líneas de transmisión que permitan la descarbonización. Estamos arriesgando el futuro de las energías renovables del país, y algo similar podría ocurrir en algunos años más en el sur, con la generación eólica que se está instalando entre Concepción y Chiloé.
Por otro lado, las líneas de transmisión toman entre 3 y 5 años en su construcción, y casi otro tanto en la obtención de permisos, y este último proceso es auténticamente kafkiano: si una empresa gana la licitación para construirla y operarla, corre por su cuenta la obtención de permisos no solo con las autoridades centrales, sino también con todos los municipios y todos los terrenos por donde transitará la línea. Cada uno de estos “cobra por la pasada”, si es que la dan.
Recordemos como mero ejemplo lo que pasó con la línea de transmisión de Hidroaysén, proyecto abortado porque podía “afear la vista” en el 0.01% del deshabitado territorio del sur. Es el viejo problema del “not in my backyard”. Nos gusta la energía renovable, pero que no vaya a pasar cerca de mi casa.
En concreto, proponemos con urgencia:
Adoptar estas medidas, la mayor parte siendo de planificación y/o simplificación burocrática, le podría dar un gran impulso a la alicaída inversión nacional. Este es el tipo de proyectos que el país necesita para despegar económicamente y cambiar la fisonomía del sector energético latinoamericano.
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El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) identificó 11 riesgos fiscales en la reforma previsional, desde la sostenibilidad del gasto hasta la gobernanza del FAPP y los ajustes en edades de jubilación. Propone medidas como monitoreo integral, fortalecimiento institucional y metas de superávit para garantizar la sostenibilidad fiscal.