Para aumentar las remuneraciones de los trabajadores sin afectar los costos de las empresas, el gobierno opta por dos instrumentos. ¿No sería mejor en vez utilizar un solo instrumento de política pública para lograr esto? La respuesta a esto ya existe, y se llama Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).
La evidencia empírica sobre los efectos del salario mínimo en el empleo es clara: alzas “acotadas” al salario mínimo no generan efectos significativos en el empleo, con excepción de grupos más desfavorecidos como los jóvenes o trabajadores de baja calificación (Card y Krueger, 1993; Card y Krueger, 1995; Stanley et al., 2009).
Ahora, el alza que propone el gobierno está lejos de ser “acotada”. Los $400.000 propuestos implican un aumento del 5% real con respecto al actual; el doble del crecimiento promedio de la última década. Además, 3 de cada 4 trabajadores que ganan menos de $400.000 mensuales son empleados por pymes y hoy, como nunca antes, vivimos un proceso estructural de “automatización” que solo se acelerará ante alzas de costos laborales. Si a esto le agregamos la creciente informalidad de nuestro mercado laboral, esta alza probablemente tendrá más de un efecto negativo en el empleo.
Para morigerar los efectos de esta abrupta alza, el proyecto del gobierno incluye un subsidio focalizado en pymes de $22.000 por trabajador, hasta abril de 2023. Se plantea que el subsidio es transitorio, pero cuando llegue el momento de retirarlo, estaremos en un escenario de una economía alicaída -el Banco Central estima rango de crecimiento 2023 entre -0,25% y 0,75%- y de presiones por más ayudas fiscales; no menos.
El aumento del costo laboral para las pymes por la eliminación de este subsidio será alto y el costo político, aún mayor. Como nos ha enseñado la trama de los retiros, este gobierno difícilmente estará dispuesto a asumir este último costo, por lo que la transitoriedad de este subsidio es, al menos, cuestionable.
¿Por qué crear un mecanismo transitorio, que duplica esfuerzos, en vez de utilizar uno permanente que ya existe? El mecanismo se creó el 2021 y se llama Ingreso Mínimo Garantizado. Este consiste en un subsidio a trabajadores formales focalizado en los salarios bajos y con montos decrecientes. Con un esquema así el costo de asegurar un piso mínimo de renta recaería sobre Estado y no sobre las empresas; se incentivaría la formalización; y se avanzaría decididamente a una política social más coordinada, menos fragmentada y basada en transferencias monetarias directas.
Hace un tiempo, desde Horizontal hemos empujado la idea de ampliar decididamente el Ingreso Mínimo Garantizado. Para esto es necesario unificar una serie de subsidios laborales que apuntan en la misma dirección como el Bono Trabajo Mujer, el Subsidio al Empleo Joven, el IFE laboral, entre otros.
Junto con esto, deberíamos hacer su pago automático a través del SII -sin necesidad de postulación- para que lo reciba todo el universo de trabajadores formales de los tramos más bajos de ingresos. Una política de esta envergadura ayudaría a coordinar nuestra fragmentada política social; a enfocarla hacia transferencias directas a las familias, asegurando un piso mínimo de renta a todos los trabajadores del país e incentivando la formalización.
El llamado, entonces, es a incluir este mecanismo como parte de la discusión política del actual proyecto de salario mínimo.
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