“¿Cómo podríamos aprobar esta reforma?”, se preguntaba el entonces diputado Boric en mayo de 2019 en relación al proyecto de pensiones propuesto por el gobierno de Sebastián Piñera.
“Imposible en estas condiciones. Y por eso defendemos el rechazo que haremos de este proyecto que no es en abstracto, es de ideas matrices de un gobierno de derecha, que tiene convicciones distintas a las nuestras”, terminó argumentando para cerrarle definitivamente la puerta.
Fue quizás por esa tendencia a mirar las reformas en clave de izquierda contra derecha que cuando le correspondió el turno presidencial, Gabriel Boric propuso una reforma al sistema de pensiones nada de abstracta, con ideas matrices (esta vez) de un gobierno de izquierda.
Propuesta estatista y con orientación al reparto que fue presentada por el Mandatario días después de la estridente derrota en el plebiscito de septiembre de 2022. Es probable que el énfasis partisano puesto en el proyecto de reforma fuera una manera de recuperar el aliento y el relato perdido por la izquierda gobernante.
Apresado por esta idea de que las reformas tienen que anclarse antes que nada en una matriz ideológica, el Mandatario no tomó en cuenta que la mayoría de las personas se aproximan más pragmática que ideológicamente a las propuestas. Que las reformas emblemáticas son exitosas cuando amalgaman adecuadamente los objetivos de política pública, la mecánica de funcionamiento del sistema y una buena sintonía con las subjetividades sociales dominantes para lograr ser aprobadas en el Parlamento.
Subjetividades que tienen pendiendo de un hilo una propuesta de reforma cuyo contenido está muy alejado de ellas. En primer término, porque la propuesta gubernamental no se hace cargo del veneno que inoculó la propia izquierda a la colectivización de los fondos cuando, una y otra vez, votaron a favor de los retiros previsionales.
Los retiros terminaron validando hasta el tuétano el sistema de la capitalización individual y el valor del esfuerzo personal antes que acrecentando la expectativa de solidaridad como buscaba Apruebo Dignidad. No en vano, “Con mi plata NO” fue la iniciativa popular de norma que más firmas consiguió en la Convención pasada y una de las más firmadas para el proceso vigente.
Mismo sesgo ideológico presidencial (“ideas matrices”) que impidió ver cuán arraigada estaba la libertad de elegir entre las personas. Un arraigo en sintonía con la crisis de confianza institucional donde la libertad de elección es también valorada como una vía de escape de la que se desentendió el gobierno al centralizar toda la relación de los cotizantes con una entidad estatal única.
Pero si el gobierno aún tenía la expectativa de convencer a los parlamentarios y a la sociedad de las bondades de su propuesta, el caso Democracia Viva, y la Caja de Pandora que destapó sobre varias fundaciones, terminó de sepultar un proyecto de reforma previsional con clara primacía estatal.
Entre las múltiples inquietudes que ya antes de Democracia Viva tenía la ciudadanía respecto del funcionamiento del Estado, estaba la idea que este era ineficiente, burocrático y, en creciente medida, un botín para los políticos de turno.
La trama fundaciones-convenios terminó de consolidar esa percepción e incrementando el recelo de quedar exclusivamente a merced del Estado como administrador de los ahorros previsionales de los trabajadores.
Hace un año, cuando se discutía la propuesta del gobierno antes de ser presentada, advertimos en una columna que esto pasaría. Hoy la Reforma naufraga sin rumbo, sin votos en el Parlamento y sin sintonía con la sociedad. Su principal vocera en tanto, luego de haber sido de las ministras estrellas del gabinete, ha bajado significativamente en aprobación ciudadana. Jeannette Jara, además, se nota decepcionada e incómoda ante la necesidad de cambiar radicalmente la propuesta para que esta tenga posibilidades ciertas de avanzar.
Visto así, es el Presidente quien tiene que resolver su propia paradoja si es que quiere resultados en materia previsional. ¿Cómo? Posiblemente planteando una reforma bastante más cercana a lo que antes hubiera definido como una de las ideas matrices de un gobierno de derecha.
El uso del término “solidaridad” en el debate previsional ha generado confusión. Al parecer esta palabra enmascara un impuesto obligatorio que afecta a trabajadores de todos los ingresos. Usemos un lenguaje más claro y honesto para evitar malentendidos en una política pública clave.
Esperemos que quienes nos gobiernen desde marzo 2026 al 2030 no reemplacen una consigna por otra, sino por políticas públicas bien pensadas, con medidas consistentes al objetivo de recuperar la educación chilena en su capacidad de integración social y de formación para la vida.
Sin un crecimiento sostenible que se acerque más al 5%, seguiremos en un ritmo cansino, empeorando en todos los indicadores y año a año seguiremos con las mismas discusiones. Hagamos que las cosas cambien.
Que el Instituto Nacional haya pasado en 20 años de ser el noveno mejor colegio del país, según el ranking PSU/PAES, a ocupar hoy el lugar 303, no es casualidad. Es el resultado de un diseño ideológico, elaborado con premeditación y alevosía.
El gobierno de Boric ha dado numerosos espectáculos en 3 años. Incontables, en realidad. Pero, este parece superar todo lo anterior. Los primeros efectos políticos están a la vista; un golpe devastador para la familia Allende y, ciertamente, un daño muy alto para el Partido Socialista, a cuyos dirigentes no les quedó más remedio que […]