Raphael Bergoeing: “En Chile, hay pocos incentivos para asumir riesgos que permitan mejorar lo que hacemos”

Raphael Bergoeing, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), cree que es clave mejorar los sistemas de evaluación de políticas públicas. Sin esto, muchas reformas que no funcionan, o políticas que están capturadas por grupos de interés particulares, se eternizan en el tiempo.

– El economista Ángel Cabrera aseguró que el principal problema que ha tenido el crecimiento ha sido la caída en la productividad en los últimos 30 años. ¿Qué medidas consideras cruciales para impulsar la productividad?

– Para mejorar la prosperidad en Chile debemos ser capaces de producir más con menos, liberando horas de trabajo para ocio y recursos de inversión para consumo, y resguardando mejor el medio ambiente, como en los países avanzados. Pero para lograrlo, no hay balas de plata: son un número relevante de distorsiones regulatorias, ineficiencias en gestión pública, y fallas de mercado y de Estado que impiden alcanzar mayores niveles de eficiencia. En todo caso, hoy hay más conciencia sobre esto, y la agenda para mejorar el sistema de permisos del Ministerio de Economía es un paso relevante en la dirección correcta. Sin embargo, en paralelo, debemos impulsar agendas más amplias para continuar avanzando.

– Tú mismo has hablado de la década perdida del crecimiento. ¿Qué está detrás del decrecimiento que tuvo la economía después de la década dorada de los 90?

– Durante los años 90 y parte de los 2000 aprovechamos reformas que estabilizaron la macroeconomía, permitiendo más inversión a largo plazo, y nos beneficiamos con la mayor competencia y acceso a conocimiento que acompañó a la profundización de la apertura comercial. También fue relevante la incorporación de más mujeres a la fuerza laboral. Pero hacia adelante, será la productividad la que permita sostener un crecimiento mayor a largo plazo.

En general, y más allá de la agenda micro, es clave que perfeccionemos el funcionamiento del mercado, con más competencia (hoy las pequeñas empresas en Chile no escalan lo suficiente como para forzar a las más grandes a continuar innovando y asumir riesgos), y que modernicemos el Estado. La agenda para mejorar el sistema de permisos avanza en ambos frentes. Pero debe ser complementada con otras medidas que mejoren el funcionamiento del Estado y del mercado.

– ¿Cuáles cree que son los principales factores que han contribuido a la tendencia de estancamiento de la productividad en Chile durante los últimos 15 años?

– Hoy, en Chile, hay pocos incentivos para asumir riesgos que permitan mejorar lo que ya hacemos, y agregar nuevas actividades, expandiendo la estructura productiva, más allá de unos pocos sectores y regiones. En el mercado, hay pocas empresas medianas que desafíen a las más grandes y las obliguen a innovar más (las empresas pequeñas no escalan). Y en el Estado, la falta de una carrera funcionaria que desconecte las responsabilidades laborales del gobierno de turno, dificulta las decisiones a largo plazo y, una vez más, castiga en exceso la innovación.

Además, en el ámbito de la educación, quiero enfatizar la necesidad de mejorar el sistema de capacitación, porque la educación con pertinencia laboral debe ser un proceso de aprendizaje continuo.

– ¿Podrías sugerir algunas políticas específicas que podría ayudar a eliminar los cuellos de botella y estimular el crecimiento de la productividad en Chile.

– Me parece clave que mejoremos el sistema de evaluación de políticas públicas. Sin esto, muchas reformas que no funcionan, o políticas que están capturadas por grupos de interés particulares, se eternizan en el tiempo. Si no evaluamos, no podemos cambiar para mejorar. Hemos avanzado, pero tímidamente en esta materia. Propongo, por ejemplo, que todas las leyes consideradas muy relevantes sean evaluadas cada 3 años. Debemos, además, realizar regularmente evaluaciones exhaustivas del sistema regulatorio, para evitar incoherencias y asegurar un sistema que resguarde adecuadamente la totalidad de los bienes públicos que busca proteger.

– ¿Qué le pasó a Chile que comenzó a elevar el período que requería solicitar un permiso y que hoy poner una desaladora puede tomar ocho años?

– Dos cosas: primero, aumentaron la cantidad de “bienes jurídicos” a proteger y los estándares exigidos, pero sin mejorar la capacidad para tramitar estos permisos eficientemente. En algunos casos lo que falta es una mayor dotación de personal, en otros la digitalización e incorporación de mejores prácticas de gestión ha sido demasiado lenta.

Segundo, la proliferación de normativas ha ocurrido principalmente en silos. Esto ha llevado a que existan duplicidades, inconsistencias y contradicciones entre normativas; las que además son muchas veces interpretadas y aplicadas con criterios dispares y difíciles de prever por parte del inversionista. Y debido a que las regulaciones interactúan entre sí, al regular sin considerar esta dimensión, el sistema se ha complejizado.

– De acuerdo a los nuevos antecedentes ¿cuándo toma hoy llevar adelante un proyecto minero? 

En promedio, el plazo es 90 meses, asumiendo que se realiza un Estudio de Impacto Ambiental. Si no es así, el plazo se reduce a 85 meses.  Por cierto, existe heterogeneidad, pero estos son los plazos vigentes hoy para proyectos tipo en el sector minero. Y con respecto a un proyecto de litio, no hemos analizado ese caso.

–  ¿Cómo evalúas los recientes proyectos de ley en el ámbito medioambiental y sectorial? ¿Podemos tener esperanza de mejoras en los plazos?

Ambas agendas deben conversar. Si una de ellas falla, todo falla en materia regulatoria. Lo importante es que los proyectos de Ley consideren la interacción entre los desafíos y las regulaciones sectoriales y medioambientales en conjunto.

– ¿Qué beneficios específicos traería consigo el otorgar un estatus más formal a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) a través de la legislación?

La principal contribución de la CNEP ha sido su capacidad para mirar evidencia no conocida, afinando el diagnóstico y proponiendo, de acuerdo a ese diagnóstico, reformas que aprovechan la experiencia positiva afuera o, incluso, en nuestro propio país. Pero nos está resultando crecientemente complejo obtener información para realizar nuestros estudios microeconómicos. Al ser creados por ley, no solo se fortalecería la autonomía institucional de la CNEP, también se le otorgarían herramientas para acceder a la información que requieren estos estudios.

Concejal de Providencia

– ¿Cómo evalúas el trabajo que realizó la alcaldesa Evelyn Matthei?

– Mi experiencia ha sido muy positiva, con un concejo municipal que ha trabajado coordinadamente, a pesar de las enormes diferencias ideológicas (en Providencia hay concejales que van desde el Partido Republicano al Partido Comunista) y alineado con los objetivos de la autoridad municipal. Siempre hay una tentación a enfocarse en lo inmediato a nivel local, y es difícil avanzar proyectos que son necesarios para la comuna, pero que imponen costos locales. Pero se ha hecho un esfuerzo por discutir estos temas con todos los involucrados, y por apoyarse en expertos para avanzar con rapidez. En lo personal, esta experiencia ha sido de un enorme crecimiento profesional.

– ¿Qué esperas de la nueva autoridad que asuma en su reemplazo el 6 de diciembre de 2024?

– Que continúe el esfuerzo que se ha hecho durante los últimos años, profesionalizando las tareas municipales, fortaleciendo el contacto con los habitantes de la comuna y buscando una mayor coordinación con otras autoridades en la Región Metropolitana, para mejorar aspectos de seguridad, de transporte y de acceso a espacios públicos, entre otros. Y que asuma el compromiso de continuar mejorando la gestión interna diaria, pero sin olvidar que muchos proyectos urbanos relevantes son a mediano y largo plazo, superando su propio periodo como autoridad.

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