El 2014 el Gobierno nos dijo que su reforma tributaria haría que las empresas y los ricos pagaran muchos más impuestos y que con eso se financiarían grandes cosas, por ejemplo, que habría universidades gratuitas, que se comprarían los edificios donde funcionaban los colegios subvencionados para que los dueños no lucraran con la plata fiscal, que se cambiaría la educación municipal por una a cargo del Estado, y una larga lista más.
Se les advirtió que la reforma tributaria no recaudaría lo esperado, que sólo haría más complejo el sistema y habría más informalidad y evasión. Se les dijo que la prioridad debería estar en la educación preescolar y escolar temprana, que era ahí donde se jugaba el partido por la equidad, por la superación de la pobreza. También les dijeron que era indispensable medir la calidad de los profesores para poder gestionar la formación que recibían los niños. Se les advirtió que caería la inversión y que con eso habría menos recaudación. Nada, siguieron adelante, sordos a toda crítica o consejo.
El gasto del Estado siguió creciendo como si se fuera a recaudar lo que soñaban, lo cual no ocurrió, como era obvio, y el resultado fue que la deuda pública literalmente se duplicó en cuatro años, porque cuando se gasta más de lo que entra, la diferencia se cubre con deuda, como lo sabe cualquiera en su casa. Y las deudas hay que pagarlas ¡con intereses!
Durante la pandemia, los mismos titanes de la educación pública gratuita y de calidad nos presentaron su brillante idea para mejorar la situación de la pandemia: ¡Retiremos los ahorros de las AFP! Se les dijo que no se podía, que sería inconstitucional, que era pan para hoy y hambre para mañana, porque la gente tendría dinero por un rato, pero luego tendría menos recursos para la vejez y, lo más grave, esa misma gente tendría que pagar todo más caro porque habría inflación. Se les advirtió que subiría la tasa de interés, que eso haría caer la inversión, habría menos crecimiento y recaudación. ¿Cuál fue la respuesta? ¡No hay problema, cambiemos la Constitución! Resultado, el grueso de los chilenos quedó sin ahorros para sus pensiones, que luego tendremos que financiar con más impuestos. Vino la inflación, la más alta en décadas y ha tomado dos años controlarla medianamente. Desde luego cayó la inversión, subieron los intereses, y comprar una vivienda pasó a ser imposible para quienes antes podían.
No contentos con sus “logros”, el equipo de jóvenes llegó a gobernar con más promesas similares: paguemos la deuda histórica de los profesores, condonemos el CAE. Nada reprochable, si la plata sobrara, pero no es el caso. Sin ninguna sorpresa, nuevamente nos dijeron que la cuenta la pagarían los ricos y las grandes empresas, y para eso trajeron otra genial reforma tributaria. Se les dijo que no recaudarían lo esperado, que solo habría fuga de capitales y caída de la inversión. Siguieron adelante y, gracias a una suma de torpezas, esa reforma no vio la luz. La fuga de capitales la lograron.
Finalmente (la capacidad de aprender de los errores es inversamente proporcional al entusiasmo por gobernar) los campeones de la gratuidad universitaria vuelven a la carga con un Pacto Fiscal. Este es, por un lado, una larga lista de medidas para tratar de hacer más eficiente al Estado, lo cual desde luego debe ejecutarse sí o sí. Por otro, es una quimera tributaria, que se supone financiará la cuenta de almacén de este gobierno. Esta vez, el mito es que hay un 50% de evasión y elusión (ignoro cómo podría medirse esta última, tema que será objeto de otra columna) del impuesto de empresas. Nuevamente nos dicen, como si fuéramos estúpidos, que serán los ricos y las grandes empresas los que pagarán la cuenta, porque las medidas antievasión y antielusión, más el alza de impuestos a los más ricos, harán la magia de finanzas públicas.
Se les había advertido que la medición de la evasión de impuesto a la renta es un asunto delicado, que sólo países desarrollados han logrado estimarla en forma más o menos confiable y con una metodología que toma varios años por los datos que requiere. Era clave que se conociera qué método usaría el Ministerio de Hacienda en el estudio que justificaría el diseño de sus propuestas, para así evitar discusiones estériles y evaluar seriamente si esta vez era razonable esperar una recaudación que pudiera pagar la fiesta.
¿Y qué pasó? No se informó oportunamente las bases del estudio y hasta ahora no se conocen los datos con los que construyeron sus cálculos. El estudio adolece de errores conceptuales gruesos y no permite saber dónde está la evasión y la elusión. Así, a tientas, sin datos confiables, se está diseñando algún proyecto de ley con el que Hacienda espera recaudar reduciendo una evasión que no se sabe de verdad cuánto es, ni dónde ocurre. Un disparo a la bandada en la oscuridad de la noche para financiar gastos que no mejoran un milímetro la capacidad del país. Vendrán los dimes y diretes políticos, festines de acusaciones cruzadas contra los ricos y las empresas, contra la ineptitud del gobierno.
Digno de Macondo y casi divertido, si la deuda pública no fuera ya casi cuatro veces la de 2014. Salvo imprevistos como el precio del litio, no ocurrirá la recaudación mítica y habrá más gasto (van cien mil nuevos empleados públicos sin mejores servicios públicos).
¿Quiénes pagarán la cuenta de este gobierno? Los pobres. Los niños sin jardín infantil ni sala cuna; los niños pobres que no aprenden a leer ni dividir, los jóvenes pobres, analfabetos digitales que vivirán con trabajos miserables; todos los que seguirán viviendo en poblaciones tomadas por narcos, los ancianos que mueren esperando una cirugía.
Adivine, la próxima reforma tributaria no será para seguridad, ni para pensiones. Será para pagar los intereses de la deuda pública. Los pobres trabajarán toda su vida para el capitalismo global.
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