En la Cámara de Diputados y Diputadas no es un acontecimiento extravagante que se incumplan los acuerdos ya sea políticos o administrativos; todo lo contrario, ocurre con frecuencia por lo que los lamentos y recriminaciones éticos o morales y los llamados desesperados a “cumplir la palabra empeñada” de votar por la diputada Cariola como presidenta suenan bastante hipócritas y oportunistas.
Al final se trata de una lucha por el poder, control de la agenda legislativa y protagonismos. No hay en esto involucradas cuestiones de principios sino de mera conveniencia y cuando las circunstancias y los vientos políticos cambian los acuerdos para repartirse el poder se ven afectados, se modifican o desahucian.
Así ocurrió no hace mucho tiempo cuando en virtud de un acuerdo administrativo correspondía elegir presidente de la corporación al entonces diputado Gabriel Silver, y terminó instalado en la testera el diputado opositor Diego Paulsen.
En este caso la contundente derrota en el plebiscito de salida debilitó al gobierno y fortaleció a la oposición lo que llevo al PDG a recalibrar su política de alianzas; ya no resultaba tan atractivo ni rentable la condición de aliados del presidente Boric y optaron por pactar con la derecha a cambio de ejercer ellos la presidencia de la cámara.
Fue una decisión lógica para un partido emergente que no tiene vínculos ideológicos con nadie y cuyos votos son indispensables en un congreso empatado. Oferta que resultó irresistible para la derecha que no tienen el más mínimo interés en que el partido comunista encabece la testera.
Desde un punto de vista jurídico, podría decirse que el acuerdo quedo sin efecto por “fuerza mayor”, consistente en el desfonde político electoral de la coalición gobernante.
Pero hay algo en este caso particular que es nuevo, inédito y preocupante; me refiero al hecho de que se haya invocado, por la derecha y por el PDG como excusa para romper el acuerdo, el que Karol Cariola fuera uno de los rostros principales de la opción apruebo y haya jugado un papel fundamental en la campaña; y que por lo tanto es una figura que crea división y anti cuerpos que le impedirían participar de las negociaciones sobre la continuidad del proceso constituyente junto al presidente del Senado.
En este caso, ya no se trata solo de un cálculo político sino de una verdadera funa o intento de cancelación de una diputada como represalia o castigo por haber, legítimamente, trabajado por el apruebo; en la práctica se está deslegitimando esa opción, convirtiéndola en una causal inhabilitante para ejercer la presidencia de la cámara, lo que es inaceptable.
De hecho, el PDG anunció que consultará a sus militantes sobre el apoyo a Cariola ya que no les parece adecuado que el principal rostro del apruebo encabece la corporación, acusándola además de haber hecho campaña con fondos públicos y sin dejar de cobrar su dieta. Esta es una imputación absurda que no resiste el menor análisis; no existe ninguna norma que prescriba que un parlamentario no puede recibir su sueldo por estar participando en una campaña política y de hecho ninguno de los que trabajaron por el rechazo la dejaron de cobrar.
La diputada Cariola está siendo víctima de una especie de “bullying grupal” que se acerca bastante a la cultura de la cancelación que consiste en vetar a una persona como consecuencia de comentarios o acciones que a un determinado sector le parecen ofensivas, impropias o inconvenientes.
La transición a la democracia no habría sido posible si hubiésemos aplicado este criterio a quienes asumieron como parlamentarios tras haber trabajado, apoyado y votado por el SI en el plebiscito de 1989; y hubo una minoría que así lo planteó dentro de la concertación señalando que no podía entregársele la presidencia de la cámara ni del senado a quienes habían votado por la continuidad de Pinochet como presidente de la república por ocho años más.
A mi juicio, el único partido que ha esgrimido una razón legítima, un argumento político serio para no votar por ella, que no involucra la descalificación personal de la diputada Karol Cariola por su participación en el Apruebo es la Democracia Cristiana que reclama por el apoyo del Partido Comunista a la ignominiosa querella por delitos de lesa humanidad deducida en contra de Sergio Micco. Y en este asunto, Karol Cariola no puede lavarse las manos porque además ella personalmente votó en contra del acuerdo de la cámara respaldando a Sergio Micco hace unos pocos días asumiendo en plenitud la postura de su partido.
Si la Democracia Cristiana es consecuente con su postura significa que no está dispuesta a votar por ningún parlamentario comunista para presidir la cámara, por lo que la aspiración del PC quedará frustrada.
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