Proyecto hidroeléctrico: Corte de Apelaciones de Valdivia cuestiona al Consejo de Monumentos por demora de 21 meses para realizar consulta indígena

Hace 21 meses la Corte Suprema emitió un fallo para que el Consejo de Monumentos Nacionales realizara una consulta indígena para llevar adelante el proyecto hidroeléctrico Los Lagos, perteneciente a la empresa noruega Statktraft. La iniciativa ya tenía aprobados los permisos ambientales necesarios para comenzar a construir. Debido a estos retrasos, la compañía ha puesto en duda su plan de inversión de US$1.000 millones para los próximos cinco años.

Qué observar. A través de una resolución, la Corte de Apelaciones de Valdivia comunicó al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) que tiene 10 días (desde el 28/08) para que informe “acerca del estado de desarrollo actual y etapas pendientes de la consulta ordenada” a raíz del proyecto hidroeléctrico de Los Lagos de la empresa Statkraft. Esta consulta indígena responde a un fallo emitido por la Corte Suprema el 19 de noviembre de 2021, es decir, hace 21 meses. Conocedores del tema, han cuestionado el rol del CMN apuntando a que no tiene la experiencia ni las herramientas para llevar a cabo este proceso, que hasta el momento no ha tenido avances concretos.

Antecedentes. La compañía del Estado de Noruega Statkraft se encuentra desarrollando el proyecto hidroeléctrico de Los Lagos, específicamente en la zona de Río Bueno, Región de Los Ríos. Luego de más de dos años de conversaciones y consultas, se llegó a la conclusión de que el proyecto no tenía afectación a las comunidades indígenas y fue aprobado por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), obteniendo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en junio de 2009.

• A mediados de 2019 comenzó la construcción de la central que se encuentra ubicada en medio de dos fundos agroindustriales. Según cuentan desde la empresa, a partir del desarrollo de la obra, empezaron los episodios de grupos opositores bastante minoritarios, “ya que eran sólo dos comunidades de 25 que identificamos en la zona”. Comentan que estas dos comunidades han sido muy violentas y además han efectuado permanentemente acciones administrativas y judiciales en contra del proyecto.
• A partir de unos hallazgos arqueológicos no previstos -ya que el permiso ambiental ya había sido aprobado y ya había un procedimiento en caso de encontrar estas especies- estas comunidades opositoras solicitaron al Consejo de Monumentos Nacionales, que es el servicio público que tiene la responsabilidad de otorgar estos permisos de caracterización y rescate, que se realizara una consulta indígena para otorgar este permiso.
• En ese momento (2019), el Consejo de Monumentos Nacionales ofició al Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) para consultar si procedía hacer esta consulta indígena. El Mideso dijo que no correspondía hacerla. Acto seguido, estas comunidades opositoras fueron a la justicia y la Corte Suprema y esta última, en noviembre de 2020, determinó que sí se hiciera una consulta indígena para que el Consejo de Monumentos Nacionales otorgara este permiso de caracterización y rescate.
• “Llevamos ya casi un 80% de avance de las obras físicas de la central, es decir, en cinco meses vamos a terminar las obras. Estos hallazgos de pequeñas piezas cerámicas se encuentran justo en el área del reservorio de la central y no van a poder ser rescatados hasta que no tengamos esos permisos”, dijo a Ex-Ante la gerenta general de la compañía en el país, María Teresa González.
• “Por lo tanto, la central va a estar construida y vamos a tener la situación de tener una central de energía renovable construida, pero no va a poder operar y generar energía porque no vamos a poder llenar el reservorio. La situación es inaudita, porque han pasado 21 meses desde un fallo judicial -además hay un incumplimiento del fallo- que se supone que es para cautelar derechos de los pueblos originarios”, agregó.
• Asimismo, la empresa ha tenido que desembolsar US$50 millones extras para poder realizar las obras sin afectar los restos cerámicos.
• La ejecutiva sostuvo que ellos han impulsado que se haga la consulta y que se realice con los más altos estándares posibles. “Nosotros no tenemos ningún problema con la consulta indígena, pero que se haga. Incluso, hemos ofrecido recursos para que se haga el proceso”.

Plan de inversiones por US$1.000 millones. La country manager de la empresa en Chile comenta que es bien difícil explicarle a un inversionista de afuera que hay un fallo judicial que ordena una consulta indígena, “cuyo espíritu es resguardar los derechos de los pueblos originarios”, y que ese fallo no está siendo cumplido por un organismo del Estado de Chile. Cuenta que en Statkraft Global hay preocupación por el exceso de demora en la tramitación de los permisos, en particular en este tema. “Tampoco se entiende que no haya una jerarquización del tipo de hallazgos arqueológicos y el tratamiento que se les da a estos. Estamos hablando de pequeños restos cerámicos y la regla es muy diferente en otros países”, agregó.

• González reveló que estos temas ponen en tela de juicio el plan de inversiones del país. “Cuando tienes más de 20 meses de demora y US$ 50 millones de sobrecostos, evidentemente se pone en evaluación el plan de inversión en un país. Nosotros tenemos un plan de inversión de US$ 1.000 millones para los próximos cinco años en Chile”, cerró.

Documento íntegro de la Corte de Apelaciones:

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