Septiembre 5, 2023

Propuestas para destrabar la inversión. Por Juan José Obach

Director ejecutivo Horizontal

Hoy los extensos plazos de tramitación son un cuello de botella a la inversión. Veamos los 35 proyectos que pasaron por una evaluación de impacto ambiental (EIA) en los últimos dos años: los de energía tardaron 2,9 años en obtener su RCA; los mineros, 3,8 años; y los de saneamiento ambiental, 4,7 años.


Ayer lunes, el ministro de Hacienda retomó la discusión del pacto fiscal con representantes de diversos partidos políticos. En la reunión se analizaron las medidas para impulsar el crecimiento, con especial énfasis en aquellas que podrían destrabar la inversión privada. Distintos actores, en especial los gremios empresariales, han acusado que la excesiva permisología está asfixiando la inversión, justo en el momento en que más la necesitamos. Recordemos que el Banco Central, en su último IPOM, estima una caída de la inversión de 3% para el 2023 y 1% para el 2024.

Lamentablemente, hoy los extensos plazos de tramitación son un cuello de botella a la inversión. Veamos los 35 proyectos que pasaron por una evaluación de impacto ambiental (EIA) en los últimos dos años: los de energía tardaron 2,9 años en obtener su RCA; los mineros, 3,8 años; y los de saneamiento ambiental, 4,7 años. Plazos que no consideran el posterior peregrinaje para obtener permisos sectoriales, ni probables judicializaciones. Así, no es de extrañar que la CNEP consigne que una planta desaladora tarda 12 años en obtener sus permisos. Un total despropósito cuando Chile es azotado por una implacable crisis hídrica y dispone de una larguísima costa.

Acortar y simplificar la tramitación ambiental no implica rebajar estándares. Con todo, un proceso más eficiente es más difícil de eludir y más fácil de fiscalizar. El SEA debería poder desestimar observaciones infundadas de otros servicios y entregar más certeza a los privados, haciendo vinculantes las solicitudes de pertinencia. El actual Comité de Ministros debería eliminarse y la Comisión de Evaluación Regional, conformada exclusivamente por seremis de turno, transformarse en un organismo netamente técnico. Por último, los proyectos deberían pasar por una fase previa de aprobación político-estratégica. Rechazar un proyecto, cuando ya se han invertido tiempo y recursos, sólo ahuyentará a los inversionistas. En corto, el “no” debería ser rápido y el “sí”, definitivo.

Segundo, los funcionarios públicos que evalúan proyectos enfrentan incentivos excesivamente asimétricos. No tienen ningún beneficio por hacer bien su trabajo (evaluar a tiempo) y, por el contrario, el costo de equivocarse es altísimo. ¿Resultado? Inmovilismo estatal. Nadie quiere firmar las aprobaciones porque, en el caso extremo de los Directores de Obra Municipales (DOM), tienen que responder con su propio patrimonio si algo sale mal. Este problema podría atenuarse volcando los indicadores de gestión de desempeño a acortar plazos; crear incentivos presupuestarios coordinados por Dipres; o sancionar el incumplimiento del plazo administrativo (Art. 27, Ley 19.880).

Al 31 de diciembre de 2022, solo cuatro instituciones (subsecretaria FFAA, DGA, Consejo de Monumentos y Coordinador Eléctrico) concentraban 5.517 tramitaciones pendientes. La figura de revisores externos, que ya existe en las obras de edificación, se debería ampliar a estos servicios. Esta medida estaba contenida en un proyecto presentado durante el segundo mandato del Presidente Piñera (Boletín 11.747-03), pero lamentablemente fue desechada por la oposición de entonces, por su desconfianza atávica a la colaboración público-privada.

También se debe potenciar el rol del ministerio de Economía para coordinar el proceso, con un equipo dedicado a gestionar proyectos y una ventanilla única digital que estandarice y agrupe todos los permisos para tener una trazabilidad completa de la tramitación. Si bien han existido avances en esta materia, su efectividad todavía depende mucho de las prioridades de cada gobierno.

Por último, debemos pensar fuera de la caja. Hay proyectos de bajo y conocido impacto ambiental que podrían obtener un fast track para operar en el corto plazo contra una fiscalización ex-post (lo que los abogados llaman autorregulación regulada). Esto, en conjunto con la aplicación del silencio administrativo positivo para permisos de baja complejidad, podría agilizar la puesta en marcha de proyectos que el país hoy necesita.

Los beneficios de abordar esta agenda son insoslayables. Para las empresas, acortar los plazos de tramitación en un año equivale a reducir el impuesto corporativo en 1,6 puntos. Para el Fisco, reducir a la mitad el tiempo de un proyecto minero de USD 1.000 millones, implica una recaudación adicional de USD 300 millones, en valor presente. Con todo, un estudio preliminar del BID para Chile, estima que el beneficio de una agenda de estas características es de 0,6-1,1% del PIB.

Es positivo que, en este segundo intento para lograr un acuerdo en torno al pacto fiscal, el gobierno haya incluido una batería de medidas para enfrentar la permisología. Quedará por ver cuál es la estrategia y timing legislativo que utilizará el gobierno para llevar adelante esta importante agenda. Refundir en un solo proyecto de ley todas las medidas aquí señaladas podría tener un apoyo amplio y generar un salto real a la inversión.

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