Por supuesto que el 17 los ciudadanos juzgarán a Boric y su gobierno. Por Sergio Muñoz Riveros

Iremos a votar en medio del estancamiento de la economía, de las investigaciones del Ministerio Público al modelo de “expropiación revolucionaria” de los fondos del Estado que aplicaron los emprendedores de Revolución Democrática; en medio también de la amenaza de una crisis en el sistema de salud por razones “ideológicas”; de las burlas de la ministra vocera; del patetismo que ha alcanzado la permanencia de Carlos Montes en el ministerio de Vivienda; en fin, del espectáculo cotidiano de un gobierno incompetente.

No hay cómo impedir que el plebiscito del próximo domingo se convierta en un pronunciamiento nacional sobre el desempeño de Gabriel Boric en la Presidencia. ¿Cómo podríamos ir a votar sin compartir la indignación que provocan los asaltos y asesinatos que se cometen a diario, y constatar la intolerable incapacidad del gobierno?

¿Y cómo no vincular el desastre de la seguridad pública con la disposición extraviada con que el mandatario y sus socios llegaron a La Moneda, ligada a la condescendencia con la ola de delitos sufrida por Chile en octubre de 2019, que ellos celebraron como “rebeldía del pueblo”?

Frenteamplistas y comunistas jugaron hace 4 años la carta del “caos creador” para desestabilizar el país y, en lo posible, provocar la caída del gobierno. No les preocuparon los saqueos, la quema de iglesias ni los ataques a comisarías y unidades militares. Convencidos de que el fin justificaba los medios, no dudaron en estigmatizar a los funcionarios policiales como enemigos del pueblo y procuraron bloquear todas las iniciativas legales que pudieran mejorar la capacidad del Estado para combatir el vandalismo, el terrorismo y la criminalidad. No hemos olvidado que Boric indultó a un grupo de delincuentes con la excusa de que eran luchadores sociales.

Iremos a votar en medio del estancamiento de la economía, de las investigaciones del Ministerio Público al modelo de “expropiación revolucionaria” de los fondos del Estado que aplicaron los emprendedores de Revolución Democrática; en medio también de la amenaza de una crisis en el sistema de salud por razones “ideológicas”; de las burlas de la ministra vocera; del patetismo que ha alcanzado la permanencia de Carlos Montes en el ministerio de Vivienda; en fin, del espectáculo cotidiano de un gobierno incompetente.

Sobran razones para el voto-protesta. Apenas llegó a la Presidencia, Boric se empeñó en enterrar la Constitución con la que había sido elegido. Era parte del plan del Frente Amplio y el PC para lograr la derrota completa de la Concertación. Les ayudaron, sin duda, los exconcertacionistas que se dejaron acomplejar por los jóvenes moralmente superiores, como dijo Giorgio Jackson. La Constitución ideal para Boric era, obviamente, el texto de la Convención, que inventaba otro país.

Si aquel diseño se hubiera impuesto, Chile se habría precipitado a una crisis integral. Lo evitó el contundente rechazo del 4 de septiembre del año pasado. Pero, no fue suficiente para Boric, que no razona como estadista. Buscó la revancha con un segundo proceso constituyente, y sacó muy mal las cuentas, como quedó demostrado en la elección del 7 de mayo. José Miguel Insulza, senador del PS, reconoce ahora que se tragaron un sapo con el nuevo proceso, y que habría sido mejor esperar algunos años. La pregunta es inevitable: ¿cuántos sapos se ha tragado el Socialismo Democrático?

La izquierda gobernante perdió muchas cosas en estos años. También el decoro. Propone volver al punto de partida de hace 4 años por la vía de resucitar la misma Constitución que debilitó, deslegitimó y declaró superada. El senador Huenchumilla dice que, si gana el voto en contra, los cambios se podrían hacer en el Congreso. O sea, que siga la cueca. Hay que tener cara.

La campaña oficialista ha demostrado que la política puede llegar a extremos de desprecio por la verdad. Lo ha confirmado un video protagonizado por la expresidenta Michelle Bachelet, y en el que no hay un mínimo respeto por los hechos, en este caso el texto concreto en discusión. Actúa como si fuera una joven militante a la que le basta con repetir consignas, sin estar obligada a conocer aquello de lo que habla, pero sucede que ella gobernó dos veces, lo que debería bastar para que asuma una actitud mesurada y con un mínimo sentido de Estado.

El año pasado, se jugó por el proyecto de la Convención, sin consideración alguna por las consecuencias, y ahora lanza afirmaciones que no está en condiciones de probar en el texto. La imagen es desoladora.

El proyecto pone bases más firmes a la democracia representativa que la Convención trató de desmantelar: Estado unitario, división de poderes, garantías para el ejercicio de las libertades, igualdad ante la ley, parlamento bicameral, alternancia en el poder, etc.

Se refuerza el deber del Estado de resguardar la seguridad de la población, de trabajar por la paz social y garantizar una protección efectiva contra la delincuencia, el terrorismo y la violencia criminal. Se robustecen las normas para frenar el terrorismo, definido como contrario a los DD.HH. y atentatorio a la seguridad de la nación. Se crea la Defensoría de las Víctimas de delitos. Se mandata a la ley la regulación del ingreso, estadía, residencia y egreso o expulsión de migrantes. Se crea una Fiscalía Supraterritorial para enfrentar eficazmente al crimen organizado.

La democracia tiene que defenderse de quienes han buscado llevarla a la crisis. Por ello, el reforzamiento de la seguridad pública es un asunto vital para asegurar la paz y el imperio de la ley en todo el territorio. La votación del domingo puede potenciar la regeneración política e institucional que tanto necesitamos. Reforzar el Estado de Derecho es la condición del progreso económico y social.

Es indispensable cerrar esta prolongada etapa de confusión e incertidumbre. Ello exige poner coto al populismo constitucional. Chile necesita estabilidad democrática para poder tener esperanza. Votar a favor permite avanzar en esa dirección.

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