Paz Zárate y asentamientos de Israel en Palestina: “Adherir a boicots puede provocar problemas a Chile”

Alexandra Chechilnitzky

La abogada internacionalista e investigadora senior del think tank AthenaLab Paz Zárate analiza los posibles efectos del proyecto de ley que se tramita en la comisión de Derechos Humanos del Senado para realizar un boicot a la importación de productos de asentamientos de Israel en Palestina. También se refiere a la ofensiva de Boric en La Haya a partir del conflicto que estalló el 7 de octubre del año pasado.


-¿Cómo se implementa el proyecto de ley presentado por parlamentarios de distintos colores políticos que busca “prohibir la importación de mercancías, bienes o productos provenientes de colonias o asentamientos en territorios ocupados considerados ilegales”?

-El boicot es un mecanismo de coerción que implica la negativa a participar en interacciones económicas, particularmente en la compra o manipulación de bienes y servicios. En general nuestra línea es de cautela, pues adherir a boicots puede provocar problemas a Chile desde el punto de vista de la relación bilateral, pero igualmente con terceros Estados, como EEUU y Europa. Y por eso, en términos generales, la política exterior chilena de Estado es una economía abierta, sin participación en este tipo de iniciativas.

-Como ocurrió en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania.

-Con respecto a Ucrania y Rusia, pese a que adoptar sanciones económicas respecto de Rusia hubiera tenido un costo muy bajo, al no tratarse de una relación bilateral de alto intercambio en ningún área, no adoptamos sanciones, pues ello no responde a nuestra cualidad histórica. El camino adoptado por nuestro país fue ser muy vocales en nuestro apoyo al agredido, Ucrania, en todos los foros multilaterales, y además apoyar materialmente en lo humanitario.

-¿Qué tipo de problemas puede acarrear esta iniciativa en las relaciones bilaterales con EEUU, un aliado histórico de Israel? 

-Las relaciones se pueden complicar con Israel, ciertamente. Me llamó la atención escuchar a los parlamentarios decir que quisieran que nada pusiera en riesgo el intercambio científico como por ejemplo para el manejo hídrico en el norte, o en materia espacial, y obviamente eso es ilusorio si es que se realiza algún tipo de boicot o sanción económica. Esa continuación no es posible, primero en términos de la relación bilateral directa y luego con socios de Israel. Y ahí tenemos a Estados Unidos. Creo que ahí hay un problema entre la realidad y lo que los parlamentarios estiman. Nosotros tenemos que calibrar si es que eso se ajusta al interés nacional.

-El proyecto que se discute en el Senado es un copy paste de uno tramitado hace más de dos años, sin destino alguno, en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. ¿Qué fortalezas y debilidades ves en la iniciativa?

-Entiendo que es una reproducción de un proyecto que existe en paralelo en la Cámara de Diputados. En la exposición de motivos, hay deficiencias. Esto es cosas innecesarias y otras inexactas, al menos en lo que dice relación con los aspectos comerciales. En lo sustantivo, hay una técnica legislativa cuestionable: sanciones penales para personas naturales, es decir el proyecto pone la carga en el importador. Más lógico habría sido exigir que cualquier importación directa o indirecta de un producto desde Israel venga acompañada de una certificación de origen -hay que definir qué es origen en este caso- de que el producto no ha sido producido directamente en los asentamientos o indirectamente. Por ejemplo, con materiales o mano de obra de los asentamientos.

-¿Cuán complejo es en este caso determinar de dónde vienen los productos importados?

-Repito: en la práctica, distinguir de dónde viene un producto es mucho más complejo de lo que parece. Además, en el borrador propuesto hay remisiones al derecho internacional a conceptos que no están definidos con certeza, lo que augura una aplicación caótica. Indudablemente debiera remitirse a la Comisión de RREE, el foro adecuado para evaluar sus posibles efectos.

Ahora, no cabe duda que el pueblo chileno es uno solidario. Pero cada vez que expresemos nuestra solidaridad internacional, cualquiera sea la materia, por el impacto en nuestra política exterior, comercial, de inversiones, de defensa, de ciencia, según sean las áreas que abarque cada relación bilateral, hay que calibrar cuál es la mejor herramienta, dentro de un abanico de posibilidades. Soy partidaria de reaccionar cuando se violan normas fundamentales; pero no siempre las mejores armas son los boicots.

-La embajadora en Naciones Unidas Paula Narváez anunció que realizaría una remisión del caso de Palestina ante la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son sus implicancias? 

-La investigación está abierta desde marzo de 2021, y cubre toda la escalada actual en la zona y las conductas de ambos lados: esto es, los crímenes en Palestina y los cometidos por Hamas en Israel. Además de Palestina, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investiga actualmente los crímenes que ocurren en Ucrania a partir de la invasión rusa, así como las graves violaciones a los DDHH que ocurren en Venezuela, entre otras 16 investigaciones. Finalmente, dado que esta investigación ya existe, la remisión o solicitud para que Fiscalía investigue no tiene efecto práctico: la remisión anunciada por la embajadora Narváez en la ONU es similar a la que Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoros y Djibouti también anunciaron

-En un caso distinto, Chile ya está inscrito para alegar en febrero ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 19 de febrero. ¿Es común que no haya una comunicación oficial de la Cancillería al respecto? 

-Aquí hay una Opinión Consultiva que fue pedida a la Corte Internacional de Justicia por Asamblea General de la ONU en enero de 2023. En este caso, a partir de información pública de la Corte, se sabe que Chile ha presentado escritos en dos rondas -en julio y octubre pasado- y alegará en la audiencia pública del 19 de febrero. Respecto a esta importante gestión, en uno de los casos más importantes en la historia de la Corte, el Gobierno no ha hecho ninguna comunicación oficial a la ciudadanía, ni tampoco ha informado ni siquiera de modo reservado al Consejo de Política Exterior o a las Comisiones parlamentarias de RREE. Aquí, por más que la conducción de las relaciones internacionales le corresponde al Ejecutivo, la importancia del tema a nivel global hace lógica la socialización de la estrategia. Y, aún más importante que eso, las presentaciones en los más altos foros jurídicos a nivel global comprometen al Estado de Chile, no a una administración en particular.

-¿A qué lo atribuyes?

-Sería deseable que el actuar no fuera opaco en una materia tan importante y se informara, idealmente buscando una mirada de Estado en esta materia. Porque toda gestión (escrito/alegato) ante La Haya en cualquier caso (contencioso o no contencioso/opinión) y materia (este conflicto o cualquier otro) compromete el interés del Estado de Chile, no del gobierno de turno, por su influencia decisiva en la interpretación de las normas y en la solución de las controversias a nivel global.

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