Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud: “Es posible que en dos a tres meses más comiencen a caer algunas isapres”

Según Fernández, “la industria de las isapres está en una situación de colapso”. En la siguiente entrevista, plantea cuáles son las empresas con más dificultades y dice que la única solución viable para evitar un inminente colapso que afecte a 3,3 millones de afiliados es reponer el debate de la Ley de Reforma a las Isapres, que duerme en la Comisión de Salud del Senado.

-Usted fue Superintendente de Salud hasta marzo pasado. ¿Cuál era el diagnóstico económico del sector hasta ese momento?

-La situación de las isapres, hace meses era compleja desde el punto de vista financiero, pero aun estaban cumpliendo los estándares legales mínimos que se les exige, es decir patrimonio, liquidez y garantía. Ellas cumplen con esos indicadores y por lo tanto no podríamos decir que están incurriendo en una falta legal. Ahora, cuando uno ve los resultados de las isapres -más de 150 mil millones de pesos en pérdidas-, son pérdidas históricas. Hay algunas donde los controladores tuvieron que hacer importantes aumentos de capital como Consalud o Cruz Blanca.

-¿Este es un panorama general?

-Hoy el panorama es bastante similar para todas. Todas registran pérdidas. Pero en algún minuto las más complicadas, Consalud, Cruz Blanca o Nueva Más Vida, registraban pérdidas, pérdida de cartera y aumento sostenido de licencias médicas.

-¿Qué factores son los causantes de la crisis?

-Todo parte hace unos años cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la tabla de factores. Desde ese momento, la superintendencia ordenó el congelamiento de la tabla de factores. Y ese congelamiento implicó que las isapres no podía reajustar los planes de acuerdo al factor, sino solo el precio base. Eso implicó aumentos de costos que comenzaron a ser traspasados directamente a los afiliados. En esos momentos las isapres tenían una situación cómoda porque la judicialización aun no las afectaba, y las personas pagaban lo que les cobraban y ellos mantenían los márgenes de utilidad.

-¿Es en ese momento se masifican las demandas contra las isapres?

-El efecto de congelar la tabla es que los afiliados van envejeciendo y van gastando más y la isapre no puede ir reajustando de acuerdo al riesgo de la persona. La tabla aumentaba el factor si una persona se iba haciendo más vieja o si se trata de una mujer en edad fértil. Esos gastos aumentan para la isapre, pero no puede subir los precios. Nace la judicialización para congelar las alzas de los precios base y luego proliferan las costas judiciales y todos esos costos se le traspasa a los usuarios año tras año.

-Pero hay otros factores…

-También en estos últimos años nos encontramos con un aumento sostenido de las licencias médicas. Hoy de cada 100 pesos que le entran a una isapre, más de 30 van destinados al pago de licencias médicas en vez de ir al pago de prestaciones médicas, lo que es un gasto tremendo. Y ello se une al congelamiento que hubo por ley, más de dos años, en que las isapres no pudieron reajustar sus planes (por la pandemia) y eso sin duda impacta.

-Y al final de la primera ola de Covid, ¿qué ocurrió?

-La primera ola fue como un veranito de San Juan que tuvieron las isapres porque las personas no iban a las clínicas y eso disminuía el costo de prestaciones en lo que tenían que bonificar, y tuvieron ganancias. Pero esas ganancias ya se las comieron.

-¿Por qué?

-Porque se produjo un efecto rebote. Las clínicas se llenaron y las personas retomaron su actividad clínica. Muchas personas volvieron enfermas a tratarse porque estuvieron mucho tiempo sin tratamientos adecuados. Todos estos fenómenos hacen que la industria de las isapre esté en una situación de colapso, unido a que las políticas de gobierno, regulatorias, no los han ayudado en el último tiempo.

-¿Qué tipo de políticas?

-La Superintendencia también acogió los reclamos de las personas para congelar los precio base no obstante que hubo una ley que reguló este tema, la 21.350, del año pasado. Fue dictada en forma unánime por ambas cámaras. Y creó un indicador para dar objetividad a los reajustes sobre la base de información concreta, clínica. Las isapres no podían generar porcentajes superiores o colocar dentro del valor las costas judiciales, las comisiones a los vendedores, sino solo aspectos básicos como la frecuencia y el precio de las prestaciones y gastos en licencias médicas. Como eran dos años dio como indicador 7,6%, pero un indicador mucho menor a lo que las isapres reajustaban. En resumen, la superintendencia invalida este indicador, acoge los reclamos y estamos a la espera de lo que diga la Corte Suprema.

-¿Cree que la superintendencia está vulnerando la ley al hacer esto?

-Es muy cuestionable. Al ver el contenido del fallo es muy cuestionable porque a mi entender se trata de dar una buena noticia desde el punto de vista político, ya que en materia de salud este gobierno tiene muy poco que mostrar. No ven que independiente de la señal, son 30 mil personas las que benefician de un total de 1,8 millones potenciales. Es cuestionable desde el punto de vista jurídico.

-Dice que este gobierno tiene poco que mostrar en salud. ¿A qué se refiere?

-Hemos escuchado poco de parte del gobierno sobre qué quiere hacer con las listas de espera. Tenemos más de dos millones de personas en lista de espera; más de tres millones en lista de espera en prestaciones, más de 380 mil cirugías pendientes. De eso, poco se habla  y cuál es la gestión que harán con eso. El apoyo de este gobierno al Apruebo en materia de salud coincide con el plan del gobierno del Presidente Boric que consiste en terminar con las aseguradoras, limitar al máximo el sistema privado. Esos aspectos los pretenden instalar sin un plan de cómo serán. La ministra habla de transformaciones estructurales, pero nadie habla del plan de transición. Hoy con la situación financiera que tienen, es posible que en dos a tres meses más comiencen a caer algunas isapres y nos vamos a encontrar con una situación como la de la isapre Más Vida, pero multiplicada por tres.

-¿Cuál es el impacto de eso?

-Las personas no solo van a tener dificultades para sus prestaciones, sino que se van a ver enfrentados a juicios donde las clínicas les van a cobrar cuentas que la isapre no haya pagado, donde les van a embargar sus bienes. Y hasta ahora no tenemos ningún pronunciamiento del Ministerio de Salud ni de la superintendencia de cuál es la realidad financiera del sistema. No han salido a explicarlo, solo hemos escuchado a las isapres. Ellos no dicen nada. Ni tampoco del plan de transición a ese sistema que proponen.

-¿Es posible que se cierren de isapres este año?

-Dos fechas van a ser relevantes. Primero con lo que ocurra con el fallo de la Suprema sobre las alzas de planes. Eso marcará un precedente claro. Y segundo, lo que ocurrirá con el reajuste del precio GES en octubre. El decreto GES se dicta cada tres años y eso le da el derecho a las isapres a reajustar el precio. Si la política del gobierno se mantiene en congelar ese precio hay que claramente pensar en el término de algunas. Es una cosa de meses. Las isapres se sostienen hoy en el mayor aporte que le puedan inyectar sus controladores, pero resulta ilógico que un accionista acceda a un aumento de capital cuando sabe que ese dinero no va a retornar. Es un sistema que funciona sobre la base de pérdida y hay incertidumbre sobre el tema regulatorio.

-¿Cuáles son las isapres que están en situación más compleja?

-Hoy, todas. Pero veo muy complicada la situación de Cruz Blanca, de Consalud, claramente Colmena. De aquí a los próximos meses nos vamos a encontrar con muchos actos desesperados de las gerencias de las isapres intentando frenar estos aumentos de costos. Nos vamos a encontrar con cosas como las que anunció el gerente de Colmena (demanda a usuarios), cierres masivos de sucursales, problemas en la calidad de atención porque ya ha habido despidos masivos, probablemente términos de convenios entre isapres y clínicas porque las clínicas no van a confiar en isapres que les pagan a más plazo que antes. El sistema solo se va a ir deteriorando. No puede ser que una institución pública no transparente la situación del sistema.

-¿Es un cierre administrativo para dejar morir las isapres previo a la reforma que impulsa el gobierno de Boric?

-Más que una intención dolosa de la autoridad lo veo como un acto de desconocimiento y dirección negligente respecto al sistema privado. No creo que tengan la intención de hacerlo. Me parecería perverso dejar a más de 3 millones de personas en la incertidumbre. Existe cierta ignorancia de cómo funciona el sistema y negligencia de entender que dejar el sistema como está va a llegar un colapso muy complejo.

-Como superintendente también tenía competencia sobre el sector público. ¿Fonasa y la salud pública tienen la capacidad de recibir y atender a 3,3 millones de personas de las isapres?

-No. En ningún caso. Mucha gente de isapres paga con mucho esfuerzo su plan y muchos están cautivos por edad o enfermedad. Esa gente se va a ver obligada a moverse al sistema público. El sistema público funciona con déficit, con listas de espera, carece de especialistas en muchas zonas del país. El sistema de salud no está preparado para un cambio como este.

-¿Cuál es la solución para evitar el colapso y darle oxígeno al sistema mientras se define la transición?

-Debe haber un acto de responsabilidad del Ejecutivo y el Legislativo respecto de algo que hemos venido hablando hace años. Hay un proyecto de ley de reforma a las isapres que está en la comisión de salud del Senado hace más de ocho años. Contempla un plan de salud universal, tiene un fondo de compensación tal como funcionan los seguros de salud en el mundo, termina con la preexistencias, la reajustabilidad se puede mejorar, hay nuevos mecanismos de pago. Nadie entiende qué sería lo negativo de esto, más allá del discurso político de decir no vamos a salvar a las isapres. Hoy es necesario un sentido de responsabilidad.