Pablo Zalaquett, el lobbista que desató una crisis ética en el Gobierno. Por Jorge Schaulsohn

Ex-Ante
Imagen: Agencia Uno.

Lo más sorprendente de todo fue la manera precipitada en que el Presidente de la República salió en defensa de sus ministros, señalando que él los mandató para que buscaran acuerdos; solo para tener que desdecirse a los pocos días cuando fue sobrepasado por la crítica transversal al comportamiento imprudente de sus ministros.


Una gobierno en problemas. La evaluación del Gobierno por parte de la ciudadanía es mala. Según la última Cadem solo un 30% aprueba la gestión del Presidente, 67% considera que el Gobierno ha hecho poco o nada para contener la crisis de la delincuencia y el 76% tiene mucho o bastante temor a ser víctima de un delito.

  • Hace rato que hay un consenso mayoritario de que este ha sido un gobierno mediocre, errático y con grandes déficits en materia de gestión y que, comparado aún con los peores momentos de la Concertación, sale muy mal parado.
  • Pero la sorprendente aparición en escena del lobbista Pablo Zalaquett -cuya capacidad de convocatoria dejó perplejos a sus competidores- elevó a otro nivel las críticas y cuestionamientos al Gobierno, desatando una crisis ética en el seno de la coalición que está en pleno desarrollo.
  • Sabemos que el negocio de todo lobista es ofrecer acceso a los que están en posiciones de poder y que toman las decisiones, que por lo general son parlamentarios y autoridades del gobierno de turno. Por eso la ley que regula el lobby los denomina sujetos pasivos, y les impone un conjunto de obligaciones destinadas a evitar el tráfico de influencias clandestino.
  • El lobista es el sujeto activo, el que representa los intereses que aquellos que se pueden ver afectados negativa o positivamente por una determinación de la autoridad ejecutiva, administrativa o legislativa.
  • Se trata de evitar la corrupción, de emparejar la cancha para que todos puedan tener un acceso igualitario al oído de la autoridad. En suma: es una ley de transparencia, que exige que las reuniones sean registradas, señalando quien la solicita y con que propósito.

Abrir puertas y hablar al oído. El lobby es una actividad legal pero peligrosa porque colinda con el tráfico de influencias. La “mercadería” que el lobista ofrece a sus clientes es su capacidad de llegada a las autoridades, de abrir las puertas de sus despachos, de hablarles al oído para obtener resultados favorables a los intereses de sus clientes. Por eso esta rigurosamente regulada.

  • Es imposible que una ley contemple todas la hipótesis y situaciones en las que se pueda desarrollar un lobby. Que prevea todas las posibilidades de burlarla. Por eso, como suele ocurrir en el mundo del derecho hay que respetar no solo su letra sino también su espíritu y aplicarla de buena fe.
  • Esa fue la falta que cometieron los ministros, parlamentarios y otras autoridades que participaron en reuniones secretas en casa de Pablo Zalaquett junto a algunos de los más importantes empresarios de la plaza, para los cuales el lobista estaba trabajando y siendo generosamente remunerado.
  • No asistieron a un seminario ni a un taller. Fueron a conversar sobre los contornos de las más importantes políticas públicas que el ejecutivo tiene en carpeta, a ser persuadidos de los puntos de vista del mundo empresarial.
  • No le contaron a nadie a donde iban ni con quien se reunirían. Algunos han dicho que no tenían idea quienes serían su contraparte. Guardaron silencio antes y después, con lo que violaron flagrantemente el Ley del Lobby. Si no hubiese sido por el periodismo investigativo de Ciper jamás nos habríamos enterado.

El pragmatismo tiene limites. Cuando estalló la noticia el Gobierno se puso a la defensiva, tratando de justificar los encuentros con distintas versiones falsas, distorsionando la naturaleza de los encuentros. Algunos llegaron al extremo de decir que solo fueron a “explicar” en qué estaba el Gobierno. Es muy extraño que dentro de sus agitadas agendas los ministros hayan encontrado el tiempo para ir a la casa de un lobista a dar explicaciones particulares a un grupo de ciudadanos privilegiados.

  • Carolina Tohá, de vasta experiencia política, exdiputada no debió haber acudido sin reparos ni resguardos a una reunión de esa naturaleza. Como jefa del gabinete tenía una responsabilidad especial en cautelar y proteger el interés público dando cumplimiento a la ley.
  • Lo más sorpréndete de todo fue que la manera precipitada en que el Presidente de la República salió en defensa de sus ministros, señalando que él los mandató para que buscaran acuerdos; solo para tener que desdecirse a los pocos días cuando fue sobrepasado por la crítica transversal al comportamiento imprudente de sus ministros.
  • Se entiende que todos los gobiernos busquen alcanzar acuerdos con el mundo empresarial y gremial y que eso requiere diálogo mucho pragmatismo. En ese sentido el lobby puede jugar un rol constructivo, siempre y cuando se haga en forma trasparente y legal. Pero en nombre del pragmatismo no se puede hacer cualquier cosa.
  • El pragmatismo tiene límites éticos que no se debe ni pueden traspasar, como por ejemplo cuando lleva a violar las leyes, a justificar actos contrarios a la probidad invocando un presunto “bien común”, al ocultamiento de la información, irrespetar la separación de poderes, manipulación de la verdad, falta de transparencia y corrupción.

Un precedente nefasto. La ley que regula el lobby fue un gran avance, un logro pionero en el continente para evitar el tráfico de influencias. Ese es su espíritu, su propósito esencial. Por eso es decepcionante observar cómo el gobierno optó   por ignorarla mediante interpretaciones mañosas y reduccionistas con el único propósito de salvaguardar su imagen.

  • Si no hay rectificación el daño será irreparable, sentando un precedente nefasto para el futuro, chipe libre para negociar a espaldas de las instituciones democráticas, un debilitamiento premeditado de la legislación más importante que cautela la integridad del proceso de toma de decisiones.
  • La falta de transparencia, la ocultación de información, la manipulación de la verdad son manifestaciones de una decadencia ética que socava la confianza pública en el Gobierno. Que nos sirva de consuelo que varios parlamentarios y dirigentes oficialistas no se sumaron a la estrategia negacionista y autocomplaciente que diseñó el ejecutivo para eximirse de responsabilidad y que el asunto está siendo investigado en el Congreso y la Contraloría.

El caso Yáñez. Por desgracia éste no es el único asunto en que el Gobierno está cruzando barreras éticas que hasta hace poco eran impensables. Algo parecido está pasando con la situación que afecta al director general de carabineros que podría ser formalizado por omisión en delitos de Lesa humanidad con resultado de muerte.

  • Todo indica que Boric habría tomado la decisión de mantenerlo en el cargo, aunque sea formalizado. Teme que su remoción enturbie la complicidad que ha logrado establecer con Carabineros, pieza clave para legitimar su política de combate a la delincuencia ante la opinión pública. No hay ninguna duda que la formalización generará desconfianzas en el alto mando temeroso de que Yánez solo sea el primero de muchos.
  • Sin embargo, en una democracia eso no tendría por qué afectar la lealtad ni el compromiso de las policías con el cumplimiento de su deber.
  • Es inconcebible que el jefe de la institución cuya misión es “darle eficacia al derecho” pueda continuar en su cargo una vez formalizado por violaciones a los DD.HH. Algo que no ha ocurrido nunca con ningún funcionario público civil o militar
  • Por eso Frei le pidió la renuncia al general Stange cuando fue procesado, pese a que en ese tiempo los presidentes no tenían atribuciones para hacerlo, pues los altos mandos gozaban de inamovilidad. Stange se negó, pero el punto político-ético del Gobierno democrático quedó en actas.
  • Hay que recordar que la formalización no es, como se dice, un mero trámite en el que informa al imputado de los cargos que se investigan, porque para proceder a ella el ministerio público debe haber llegado a la conclusión de que hay presunciones fundadas de la existencia de un delito y de la eventual participación del imputado en él.
  • Sería un “Capitis Deminutio” para la autoridad del Presidente, un retroceso para el poder civil, una señal de debilidad extrema que dejaría en evidencia la dependencia y precariedad del Gobierno es su relación con carabineros y el general Yáñez.
  • Pero no es solo el Gobierno el que con su conducta estaría erosionando su propia autoridad y dignidad. También hay dirigentes políticos, parlamentarios y partidos que han decidido inmiscuirse en lo que son atribuciones exclusivas del Ministerio Público y del Poder Judicial.
  • Interfiriendo con la administración de justicia, visitando al general director para ofrecer su apoyo y respaldo irrestricto ante su inminente procesamiento. O, como la Senadora Ximena Rincón y el Senador Matías Walker de Demócratas que presentan proyectos de ley absurdos para que solo el fiscal nacional pueda formalizar a un General de Carabineros, concediéndole a los uniformados privilegios procesales impropios de un sistema democrático, suprimidos hace años por los gobiernos de la Concertación.

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