Exconvencionales de movimientos sociales de izquierda acusaron a los partidos oficialistas de construir una “cocina” para introducir cambios cosméticos al texto constitucional que se votará el 4 de septiembre. Y, en paralelo, ex miembros de los escaños reservados calificaron la propuesta como una “traición” a un proceso democrático. Los exconvencionales de la coalición de Boric, que muchas veces votaron en alianza con los grupos que ahora los critican, defendieron el acuerdo.
Qué observar: El acuerdo firmado este jueves por presidentes de partidos y representantes de movimientos oficialistas para comprometer ajustes a la propuesta de nueva Constitución en caso de que sea aprobada en el plebiscito del 4 de septiembre, movió las aguas entre los ex miembros de la Convención.
- Los exrepresentantes de la coalición de gobierno respaldaron los cambios propuestos al texto, en un escenario en que la opción “apruebo” está estancada 10 puntos porcentuales por debajo del “rechazo” en las encuestas.
- “(Es) una manera de explicitar lo que la Constitución genuinamente dice y siempre ha dicho para salir al paso de esta campaña de desinformación y tergiversación que hemos visto en el ‘rechazo’. Es una preocupación real que esa campaña pueda tener efectos y para evitarlo se ha acordado este acuerdo”, dijo este jueves el abogado Fernando Atria, uno de los articuladores del Frente Amplio durante el trabajo de la Convención, en CNN Chile.
- Otros convencionales como el ex vicepresidente Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales), respaldó la necesidad de hacer cambios, diciendo que era un mejor punto de partida que la Constitución vigente.
- Las críticas provinieron de exconvencionales de colectivos de izquierda y también de los escaños reservados a los pueblos originarios, quienes acusaron a los partidos de atentar contra un proceso democrático como fue el proceso constitucional.
- Los acotados cambios propuestos en el documento de 6 páginas incluyen reponer en el texto constitucional el estado de excepción constitucional de emergencia; cambiar la composición del Consejo de la Justicia que deberá nombrar a los jueces —que actualmente tiene 17 integrantes, 8 de los cuales son jueces; el compromiso es volverlos mayoría— y delimitar la justicia y las autonomías territoriales indígenas que establece el texto.
Las críticas de los escaños reservados. La abogada Natividad Llanquileo, quien fue elegida en uno de los 7 escaños reservados al pueblo mapuche en la Convención y que durante su permanencia en la instancia se articuló en la Coordinadora Plurinacional, criticó el acuerdo de los partidos.
- “Son una vergüenza. Los derechos de los pueblos indígenas no son nuevos. Son derechos que existen desde hace muchos años”, escribió en su cuenta de Twitter. En un mensaje dirigido a la diputada Lorena Fríes (Movimiento Unir), sostuvo que “es lamentable Lorena Fríes. Ustedes son los responsables de todo lo que pasa. Están dejando sin efectos nuestros derechos”.
- Mas tarde, en una conversación transmitida por Facebook pidió que “no nos olvidemos que fueron los partidos nuevamente quienes quisieron traicionar este proceso democrático. Que no sean estos, que representan a un porcentaje muy inferior de la población chilena, quienes sigan en los próximos años. Pero que no se nos olvide”.
- Más temprano la ex convencional mapuche Rosa Catrileo había dicho que la instancia para hacer los cambios pendientes al texto era el Congreso, por lo que calificó el acuerdo de un “error”.
Los cambios propuestos en la justicia indígena. El texto de los partidos supone límites a la justicia indígena, que dejaba sin respuesta cuál sería su ámbito de aplicación. “No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”, dice el documento oficialista.
- El artículo 309 del texto constitucional afirma que “el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”.
- La norma fija como límites de los sistemas de justicia indígena “respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte”, pero no especifica si se aplicarán también a no miembros de los pueblos originarios. Deja esta definición a una ley que deberá dictarse posteriormente.
- El inciso segundo establece que “la ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales”. El texto también establece en otro artículo que sus fallos serán revisables por la Corte Suprema.
- En paralelo, los partidos abordaron la creación de las autonomías territoriales indígenas en el texto constitucional. En particular sobre si ésta afectará el libre tránsito por el territorio. Esto adquirió relevancia pública luego de que en marzo la ministra Izkia Siches intentara infructuosamente ingresar a la comunidad de Temucuicui: fue recibida con disparos que hicieron que su comitiva retrocediera sin haber entrado.
- El artículo 234 dice que “la autonomía territorial indígena es la entidad territorial dotada de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales. Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las autonomías territoriales indígenas para el cumplimiento de sus fines”.
La acusación de la ex Lista del Pueblo. “Me da la sensación de que lo que los partidos políticos buscan en realidad es hacer que la gente olvide las crisis de representatividad que provocaron y que llevaron a la existencia del poder constituyente; a la representación del poder constituyente que lo hizo en la Convención”, dijo en un Instagram Live el abogado Manuel Woldarsky, quien formó inicialmente parte de la ex Lista del Pueblo y luego integró la Coordinadora Plurinacional. “Eso me parece audaz, pero al mismo tiempo me parece una falta de respeto; me parece una falta de respecto hacia la ciudadana y el ciudadano común y corriente (…). La propuesta que señalan los integrantes de esta cocina, a la cual llegaron con estas enmiendas, no dice algo nuevo (…). Hacen propuestas de temas que están señalados en la nueva Constitución”.
- “Ése es el respeto por la democracia de los partidos: no permitieron un trabajo tranquilo, basan sus cambios en ‘encuestas’ y buscan distraer a toda costa de lo importante: el apruebo del 4 de septiembre. ¡No han aprendido nada! Después no vengan con que no nos vieron venir”, había dicho antes en Twitter.
- La propuesta de los partidos abordó los derechos sociales consagrados en el texto, más que con anuncios específicos de cambios al borrador, con frases que abordaban flancos que han surgido en la campaña.
- Sobre las pensiones, respecto de lo cual el texto constitucional dice en su artículo 45 que “la ley establecerá un sistema de seguridad social público”, la propuesta de los partidos dice que “en materia de pensiones, nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional”.
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