Aprobar para reformar. Con la ventaja de un rango de 10 puntos del Rechazo por sobre el Apruebo, de acuerdo a diversas encuestas, en La Moneda tomaron nota de que los estudios de opinión mostraban que entre los electores que apoyan la opción Apruebo solo el 10% está por apoyar el texto que propuso la Convención, mientras que ese índice sube al 36% entre los consultados que optan a que “se apruebe para después reformar el texto en lo que sea necesario”. El texto “unidos para aprobar una Nueva Constitución” apunta en esta línea y constituye probablemente el último cartucho de las fuerzas del Apruebo antes de llegar al plebiscito.
El rol de Boric. Buena parte de los presidentes de partido, incluido Guillermo Teillier, del PC, recordaron que el Presidente había sido quien instó a los partidos a llegar a un acuerdo para comprometer cambios a la Constitución antes del plebiscito. Boric apostó todo su capital político en el acuerdo desde el lunes de la semana pasada, lo que supuso primero delegar las negociaciones a su hombre de confianza en La Moneda, el ministro Jackson, quien debió salir de las tratativas tras decir que su generación tiene otros valores que la anterior, lo que abrió una profunda grieta en la centroizquierda.
Fin del Senado y veto del PC. Los comunistas rechazaron esa posibilidad, impulsada por sus constituyentes y los del FA en la Convención, y solo estuvieron dispuestos a cambiarle el nombre a la Cámara de las Regiones, pero sin alterar su funcionamiento, que entregará buena del poder legislativo a la Cámara de Diputados y donde, en los hechos, no habrá el contrapeso que existe hoy en el Congreso. El texto que firmaron los presidentes de partido solo señala lo siguiente: “Dado que la Nueva Constitución innovó y acordó un nuevo sistema político, con profundos mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de las regiones, que valoramos, nos comprometemos a analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.
Chile, estado unitario. “Las autonomías territoriales contempladas en la Constitución se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile”, señala uno de los párrafos del texto, relativo a la agenda indígena que marcó el debate en la Convención. Algunos intelectuales del FA, como Noam Titelman, habían advertido lo siguiente: “Si el progresismo le da la espalda a la identidad patriótica puede terminar perdiendo como en el Brexit”. Lo anterior también se reflejó en la ceremonia de la entrega del texto, el 4 de julio, cuando los convencionales entonaron el himno nacional -al contrario de lo ocurrido en la inauguración- en un acto que transcurrió dentro del protocolo republicano.
Las 3 reformas: Estado de emergencia, Consejo de Justicia y Justicia Indígena. La declaración de los presidentes de partido tiene una serie de compromisos, pero los cambios al texto de la Convención son tres. 1. Justicia Indígena. El acuerdo pone límites a la justicia indígena que establece el texto constitucional y que dejaba sin respuesta cuál sería su ámbito de acción. 2. Estado de emergencia. Se repone en los casos de grave alteración pública, autorizando a que las FFAA puedan colaborar en tareas de resguardo del orden público, un flanco de la administración del Presidente Boric. 3. Consejo de Justicia. Se propone revisar su composición para “asegurar su integración por una mayoría de jueces”. La propuesta de la Convención consagra que sólo 8 de los 17 miembros del Consejo de Justicia, encargado de la nominación de los magistrados, son jueces.
Símil con propuesta de Lagos. Los cambios a la justicia indígena y el Consejo de Justicia eran dos de los cambios más sentidos del ex Presidente Lagos, quien marcó una postura equidistante del Apruebo y del Rechazo, y formaban parte de las fuertes inquietudes de la centroizquierda ante el texto y en especial del partido que él fundó, el PPD, el primero en sumarse al “Aprobar para reformar”.
Teillier: “No podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas”. Tras firmar el acuerdo, Teillier señaló que “no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas, porque en esto tendrá que haber debate popular. Como se ha dicho, ninguno de nosotros quiere pasar por sobre la soberanía popular, la queremos respetar. Tampoco desdeñamos el trabajo de las y los convencionales, han hecho un gran trabajo con este texto”.
Molestia de la izquierda dura y cambios al “proceso constituyente”. “Las cúpulas de partidos de gobierno, encerradas entre 4 paredes, acuerdan una cocina que intenta torcer la voluntad popular antes siquiera de que ésta se exprese el 4/9. Cocina, además de antidemocrática, para la que no tienen los votos. Inmorales”, tuiteó este jueves la diputada Pamela Jiles. Para los sectores de izquierda del PC y el FA, representados por algunos convencionales, el acuerdo oficialista supone cuestionar el “proceso constituyente”, al comprometer un texto distinto al emanado por la Convención -lo que supone errores- y dirigido por las cúpulas partidarias, justamente la promesa opuesta que se realizó cuando comenzó a operar la constituyente. No está claro de qué calado ni en qué se traducirá su molestia. Por ahora el alcalde Daniel Jadue señaló: “Ya tenemos un texto constitucional. Dejemos que el pueblo se pronuncie el 4 de septiembre. Eso es lo realmente democrático”.
Agenda indígena. Se trata de uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta de la Convención, a partir, entre otras cosas, de la integración del concepto de plurinacionalidad -empujado por el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera- en la nueva Constitución. El acuerdo abordó esta problemática, buscando acotar -al menos comunicacionalmente- el alcance del concepto de consentimiento indígena incorporado en el texto constitucional. El artículo 191 dice en su segundo inciso que “los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”. En el mismo sentido que en el tema del consentimiento, el acuerdo de los partidos dice que “sobre la Consulta indígena, se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas”.
Derechos sociales en campaña. Los partidos también abordaron los derechos sociales consagrados en el texto. Y, más que con anuncios específicos de cambios al borrador, los anuncios apuntan a contener flancos que han surgido en la campaña y que ahora el oficialismo apuesta a convertirlos en un activo. Sobre las pensiones, respecto de lo cual el texto constitucional dice en su artículo 45 que “la ley establecerá un sistema de seguridad social público”, la propuesta de las colectividades dice que “nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.
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