Lucas Sierra y Consejo Constitucional: “La mayor responsabilidad es de Chile Vamos”

El abogado, profesor de la U. de Chile y socio de Lupa Legal, Lucas Sierra, experto en derecho constitucional, dice: “Si la Convención pasada, fracasada, fue una especie de disputa por la hegemonía al interior de la izquierda, hemos pasado a un Consejo, que es una especie de disputa de hegemonías al interior de la derecha”.

-En este segundo proceso, algunos han advertido de la posibilidad de que Republicanos que tienen una mayoría bastante amplia pase la aplanadora. ¿Hubo un problema de diseño?

-Siempre he tenido dudas respecto al diseño original de esta nueva versión del proceso constituyente. Resultó un diseño algo falso: el procedimiento debía quedar extraordinariamente amarrado al Congreso para que lo controlara. Y eso no me parecía malo, porque siempre pensé que debería haber sido el Parlamento el que hiciera la nueva Constitución. Se aprobaron 12 bases por el Congreso, y se nombró una Comisión de expertos y el Comité técnico de admisibilidad, que también responden al Congreso.

-¿Y qué pasó en la práctica?

-Sin embargo, todo ese esquema tan cuidadosamente diseñado, falló en un punto que fue clave: constitucionalizar las elecciones del 7 de mayo pasado para los miembros del Consejo. En el sentido de que hubiese habido alguna conexión mayor entre candidaturas y cuestiones constitucionales.

-¿Tú crees que no hubo?

-Sobre todo de parte de la derecha. Toda la campaña se fijó en cuestiones de seguridad pública. Algo respecto de lo cual la Constitución tiene poco que decir. Parecía que estuviéramos eligiendo a un sheriff no a un consejero. Y claro, resultó mayoritariamente electo el partido que tenía un discurso más duro y más consistente sobre la materia. El PR no tenía el desgaste propio de haber gobernado.

Entonces al proceso falló: a pesar de todo este cuidado del Congreso en manejar el proceso, resultó que la criatura final, que es el Consejo Constitucional, es muy distinta al Parlamento.

-¿La seguridad no es un tema de la Constitución?

-La seguridad no es parte del constitucionalismo clásico. La Constitución tiene dos objetivos. Uno, es organizar el poder. Y dos, proteger a los individuos frente a ese poder organizado.

Una Constitución obsesionada con el orden, daría cabida a un estado policíaco. La promesa de una Constitución de la seguridad es una contradicción en sus términos, es un oxímoron. La constitución no tiene que ver con la seguridad, sino muy indirectamente.

-El viernes parte de Chile Vamos se desmarcó de Republicanos con cuatro abstenciones que evitaron aprobar la frase “todo ser humano es persona”. Pero ayer volvieron a votar alineados Chile Vamos y Republicanos, protegiendo la vida “de quien está por nacer”. ¿Qué tan clave es para el futuro?

-El problema no es tanto de Republicanos, que ha sido consistente en su discurso, sino de Chile Vamos. Si la Convención pasada, fracasada, fue una especie de disputa por la hegemonía en al interior de la izquierda, hemos pasado a un Consejo, que es una especie de disputa de hegemonías al interior de la derecha.

En esta disputa, la mayor responsabilidad política está en Chile Vamos.  Que Republicanos insista majaderamente en prohibir el aborto hacia el futuro no es novedad. Ha tratado de hacerlo de varias maneras, y todas fueron cayendo por la sensatez de Chile Vamos, que no dio los votos. Pero finalmente el PR logró meter la baza ayer con apoyo de Chile Vamos.

-¿Qué cambia al agregar  la palabra “quien”?

-Va a ser un problema. Esa frase viene del Código Civil, que no debería estar en la Constitución, pero Jaime Guzmán la metió en la Constitución y ahí quedó. La idea de que la ley protege la vida del que está por nacer, que ahora sería “a quien está por nacer” es un cambio muy significativo para desafiar la ley de aborto en tres causales o cualquier otro intento del legislativo de regular la interrupción del embarazo.

-¿Qué consecuencias tendría?

-Eso significa que se va a decidir en las Cortes, lo cual es muy malo hacia adelante. Uno debería aprender del caso de Estados Unidos, donde el aborto nunca se ha decidido bien políticamente, sino que se ha decidido en la Corte Suprema. Y ahí tienes todo un país dividido, lleno de conflictos con respecto del aborto. En cambio, los otros países en que se ha resuelto políticamente por ley es mucho más pacífico.

Con esto del “quien”, si se aprueba finalmente, vamos a tener de nuevo una litigiosidad constante. Va a amarrar de manos al Poder Legislativo para poder regular razonablemente la interrupción del embarazo. Ahora bien, todo el mundo menciona el embrión, el nasciturus, pero nadie menciona los derechos de la mujer para decidir sobre su propia situación. Es increíble que la palabra mujer no aparece en esta discusión. A mí me sorprende mucho.

-¿Qué te parece la intervención de José Antonio Kast, quien marca bastante en las encuestas, que llamó a no repetir lo que pasó la semana pasada? ¿Esto puede presidencializar las votaciones del Consejo?

-Él está jugando una carta, pero no necesariamente Chile Vamos tiene que seguir esa carta. Sobre todo porque creo que estratégicamente es inconveniente hacerlo. Si hay una restricción del aborto se puede transformar en una razón importante de rechazo del proyecto en diciembre. Hay voto obligatorio y un electorado femenino amplio. Es una carta muy riesgosa y por eso la derecha de Chile Vamos no debería ser comparsa.

-Otro punto polémico es el de la objeción de conciencia.

-A mí me parece que la objeción de conciencia institucional es una locura, con la amplitud que quedó. La objeción de conciencia es una cuestión absolutamente excepcional en cualquier sistema jurídico, porque implica eximirse del cumplimiento de una ley o una obligación general. Y solo se justifica en la medida que esté directamente vinculada a la conciencia de una persona.

Las instituciones no tienen conciencia. Las instituciones tienen programas, tienen líneas editoriales, tienen estrategias, pero no tienen conciencia. Entonces extender de esa manera tan indeterminada la objeción de conciencia a las instituciones, me parece que no tiene ningún sentido.

-¿Este proceso te recuerda al anterior?

-Estamos volviendo a lo que vimos en la Convención Constitucional de la falta de un horizonte compartido común, de entender lo que realmente es una Constitución y para lo que sirve la Constitución. Parece que no se piensa en el futuro. Así como queda la objeción de conciencia va a a generar una conflictividad en el futuro muy grande. Y de nuevo es amarrarle las manos a la ley.  Es un proceso raro.

-¿Por qué?

-Porque los expertos después intervienen en el consejo con derecho a voz el 7 de octubre. Y sería muy grave que se produjera un enfrentamiento entre el Congreso representado en el Consejo de Expertos y esta mayoría circunstancial, sesgada a la derecha, del 7 de mayo.

Otra rareza es el tema de las contribuciones, que refleja un pobre entendimiento de lo que debe tener una constitución. Una norma así repite los defectos que tuvo la Convención de querer constitucionalizar decisiones de política pública.  El error que también tuvo la Comisión Ortúzar: una especie de ambición y de soberbia constitucional que caracterizó, no nos olvidemos, al constitucionalismo de la dictadura.

-¿Estás preocupado de que el texto sea rechazado? En la encuesta última de Cadem el 57% votaría en contra, aunque todavía no está listo.

-Yo creo que todavía es muy luego para decirlo. Tengo esperanza de que la prudencia y la razonabilidad vuelvan. Por lo demás el malgasto de tantos años dándole vuelta a esto no da para más. Yo creo que sería muy malo rechazar.

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