Los generales Gustavo González Jure y Bruno Villalobos quedaron detenidos en la Escuela de Carabineros el viernes, luego que el juez Darwin Bratti determinara que ambos ex uniformados representan un peligro para la sociedad por atentar contra la fe pública y sustraer reiteradamente los fondos públicos en los años que estuvieron a cargo de la institución. La investigación también abordó al ex general Eduardo Gordon y el fallecido José Alejandro Bernales.
Contexto General: Cuando el Ministerio Público pudo por primera vez investigar la arista de gastos reservados de la investigación madre llamada Pacogate, fue tras una investigación periodística que reveló que el general director de Carabineros, Eduardo Gordon, en junio de 2011, había girado de su cuenta del Banco Chile 21 millones de pesos y los había depositado al ex general Jorge Serrano, quien en la época era director del Departamento de Relaciones Públicas y luego fue director de Gestión de Personas.
El mecanismo de entrega: El ex oficial Jaime Paz, uno de los imputados en la arista del megafraude de Carabineros, quien dijo que “quien define el uso y destino de los gastos reservados es el General Director, entre 2006 y 201O, esta tarea le correspondió a los Generales Alejandro Bernales, Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos”.
El testimonio clave: Uno de los primeros personajes que habló en la historia de corrupción que sacudió a carabineros fue el exgeneral Flavio Echeverría, quien en una declaración por el caso Pacogate en 2017, reveló el mecanismo que se utilizó en la institución para repartir a discreción del general director de turno los sobres con plata en efectivo. Que en muchos casos, como el de Villalobos, fue utilizado para cubrir viajes que realizaba con su cónyuge, como consta en la carpeta de investigación.
“No suba por ahí, señor, no le conviene”. Varias personas dan el mismo consejo. Es un miércoles por la tarde y estamos en el barrio más antiguo de Valparaíso, en La Matriz, detrás de la Iglesia del mismo nombre. Es una de las más hermosas del puerto, pero casi nadie viene a verla. En ese […]
Contraloría inició un juicio de cuentas al gobernador Óscar Crisóstomo (PS) y otros cinco funcionarios del gobierno del Ñuble, luego de que el contralor regional concluyera que la autoridad incurrió en una “omisión negligente”, al no supervigilar las rendiciones de un proyecto de $268.100.000 de ProCultura. Crisóstomo dijo que el juicio está en trámite.
El documento establece medidas concretas y auditorías técnicas urgentes destinadas a reforzar controles operativos críticos, tras identificar severas deficiencias en protocolos clave de Interchile y Transelec. El informe revela además instrucciones específicas a las empresas eléctricas para evitar nuevas interrupciones masivas.
Un derecho y principio básico de nuestras democracias, como es la presunción de inocencia, se ve fuertemente golpeada cuando nos adelantamos a los procesos judiciales y condenamos en la plaza pública en base a antecedentes parciales e intencionados.
Un informe reservado de Contraloría mostró que sólo 10 de las 79 cárceles del país tienen inhibidores de señales celulares y que, donde existen, los presos igual han logrado hablar con el exterior, pese a una licitación de $5.654 millones para evitarlo. Detalló que Gendarmería, dirigida por Sebastián Urra, no cursó multas por $27 millones.