En 1990, cuando se restableció la democracia, la izquierda de la concertación tenía muy fresca en la memoria, pese a los años transcurridos, lo nefasto que fue haber depositado la conducción del gobierno en una asamblea de partidos conocida como el Comité Político de la Unidad Popular; el cenáculo donde se procesaban todos los problemas y se tomaban las decisiones.
Allí se resolvió, por ejemplo, contra la opinión del presidente Allende no pagar por la expropiación de la gran minería del cobre, lo que desató la ira del gobierno norteamericano. Se rechazó también el acuerdo al que en principio habían llegado Patricio Aylwin y Allende para resolver democráticamente la crisis política restituyendo a sus dueños las empresas tomadas e intervenidas por grupos de ultra izquierda cuya expropiación no formaba parte del programa de la Unidad Popular.
Y se le dijo no al Presidente cuando planteó en la “hora nona” la idea de convocar a un plebiscito para impedir el golpe.
La frustración de Allende era tan grande que el día 11 de septiembre de 1973 cuando el entonces secretario general del Partido Socialista Hernán Del Canto se presentó en La Moneda para pedirle instrucciones éste le respondió con desprecio que ya era tarde.
Por eso, cuando la Concertación asumió el gobierno, lo primero que se hizo fue establecer que el gobierno tendría carácter supra partidario, que la conducción del Estado recaería en un Comité Político integrado por ministros, en el cual no participarían los partidos políticos, y que el líder de la coalición sería el presidente de la república quién tomaría todas las decisiones.
Pero ahora las cosas han cambiado con Boric que encabeza el primer gobierno de izquierdas desde la transición. Hemos vuelto a los tiempos que el presidente consulta y los partidos resuelven (o no resuelven).
El gobierno está tironeado, indeciso, errático, paralogizado, sobre todo en el tema del orden público, del uso de la capacidad represiva del Estado y del papel de las Fuerzas Armadas, que tocan fibras ideológicas muy sensibles. Los ministros corren con colores propios, se contradicen, se corrigen.
El país está atravesando una crisis de orden público con altos y sofisticados niveles de delincuencia, inseguridad, grupos terroristas que tiene totalmente alterada la vida de los ciudadanos, tomas de terrenos, amenazas, asesinatos, atentados y pérdida de control territorial en tres regiones del sur, violencia en los colegios con quema de buses, barricadas.
Situación que se complica porque -en un país profundamente presidencialista- hay un notorio vacío de liderazgo del presidente que cree en una forma de gobernanza colectiva, asambleista, donde las decisiones tienen que pasar por la aduana de los partidos. La izquierda se está tropezando dos veces con la misma piedra.
Ahí tenemos el “Estado de Emergencia Acotado” un engendro concebido para apaciguar las diferencias entre el Partido Comunista y Socialista sobre el uso de las Fuerzas Armadas en la Araucanía. Solo que ahora, al revés de lo que sucedía en la UP, los “ultras” son los comunista y los socialistas los moderados. Por eso no se tramita la ley que autoriza a las FF.AA. a proteger la infraestructura crítica, por eso se sigue hablando de “presos políticos” mapuches y de la revuelta.
¡Qué mejor regalo para los terroristas que decretar un estado de emergencia que, por ser acotado, les informa de antemano donde no van a estar operando los militares!
Gabriel Boric es el primer presidente de izquierdas desde la recuperación de la democracia; no un social demócrata como Lagos o Bachelet que en su brevísima carrera política no ha escatimado palabras para expresar su lejanía con el orden establecido y su distanciamiento con la transición y sus protagonistas.
Es difícil pensar que Boric creía que iba a poder prescindir de las Fuerzas Armadas para resguardar la macrozona sur, que los estudiantes dejarían de protestar quemando liceos y buses como en los “mejores” tiempos de la revuelta estudiantil que hace no tanto tiempo encabezó.
Pero obviamente no estaba preparado, tal vez porque nunca imaginó que sería presidente de Chile, un cargo incompatible con la visión romántica e idealista de la violencia que tiene él, buena parte de su coalición y varios ministros y delegados presidenciales.
La falta de convicción y cohesión del gobierno a la hora de reprimir la violencia se nota demasiado. Un sentido de culpa por estar desplegando a las FF.AA. los corroe y que tratan de “compensar” con anuncios extemporáneos sobre reparación a las víctimas de violaciones a los DDHH durante la revuelta; la remoción injustificada del jefe la Defensa del Bio Bio, la sanitización la violencia de los radicales mapuches al negarse a hablar de terrorismo sino de “crimen organizado”.
Cada querella contra los violentistas es un parto de los montes, se retiran y se interponen, se avanza y se retrocede, todo según los humores del comité político que conforman los partidos. El presidente condena la violencia por Twitter, pero sus partidos votan a favor en la convención constitucional de la supresión definitiva del Estado de Emergencia.
Sería tremendamente injusto achacar a un gobierno que lleva pocos meses toda la responsabilidad por la caótica situación de orden público; pero si debe responder por la falta de liderazgo presidencial y las incoherencias y las vacilaciones que trae aparejada que agravan los problemas.
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