La intencionalidad del fracaso constitucional. Por Kenneth Bunker

Suponiendo que los redactores del texto, concebidos como quienes controlan los votos para aprobar y rechazar enmiendas, entienden las razones que condujeron al fracaso del proceso anterior, pero insisten en darle una identidad política al texto, no puede ser un error. Debe ser una decisión intencional. Y allí, solo hay dos explicaciones. O creen que hay un voto escondido que solo se asomará en el trecho final o están derechamente empujando el proceso al fracaso.

El Consejo Constitucional se está transformando en un accidente de trenes en cámara lenta. Todos lo ven, todos lo comentan, y nadie hace nada para disuadirlo.

Como antes, con la Convención Constitucional, en esta ocasión también se está perdiendo la oportunidad de sentenciar el fin de una era. Conociendo bien las razones del fracaso anterior, es increíble que se esté cayendo otra vez en lo mismo. Por tratar de plasmar ideas políticas de unos pocos en un texto que debe ser representativo de todos, es probable que se rechace la propuesta y vuelva al punto cero.

Lo trágico es que la solución siempre ha estado a la vista, tanto antes como ahora. Lo que había que hacer era redactar un documento que la gran mayoría pudiese aprobar. Escribir un marco, una guía con los términos generales de la convivencia social.

Pero no se quiso hacer. Tanto los constituyentes como los consejeros quisieron, en cambio, poner de su cosecha y agregar un montón de cosas que solo les importan a ellos.

Ambos cayeron en la tentación de pensar que es un deber moral plasmar su visión política en la Constitución como una verdad inmutable de rango superior a las otras verdades inmutables. Y es por eso que se rechazó la primera propuesta y es por eso probablemente que se rechace la segunda propuesta.

El problema es pasar la aplanadora. Cuando se pasa la aplanadora, se pierde legitimidad. Ninguna Constitución va a poder aprobarse y perdurar en el tiempo si no es producto del consenso mutuo. Si se escribe un texto sin consenso mutuo, es porque se escribió de forma unilateral, lo cual en sí constituye un pecado de origen. Si los vencidos no reconocen la victoria del vencedor, no se le puede asociar legitimidad al resultado.

Por esa simple cadena lógica, si el objetivo es aprobar una propuesta, parece ser mucho más útil abrirle espacio a la oposición para que pueda participar, sentirse parte, y que a la larga no pueda argumentar que por no haber influido el proceso fue ilegitimo.

Esta idea parece haber pasado absolutamente inadvertida en la primera instancia, en que la izquierda pasó la aplanadora sin vergüenza, marginando a la derecha de facto del proceso y dándole una justificación a la gente para votar Rechazo. De haber incluido a su contraparte en el debate en ese primer proceso, probablemente no se hubiera avanzado a un segundo. Es más, probablemente no solo habría una nueva Constitución, legítima en los ojos de la oposición y la gente, sino que además un texto mucho más progresista y moderado que el propuesto en el plebiscito.

Es prácticamente lo mismo que está ocurriendo ahora. En el segundo proceso también se está pasando la aplanadora con el fin de agregar lo propio.

Es el caso, por ejemplo, de la enmienda que busca proteger la vida del que está por nacer. Puede ser catalogado como un acierto o como un error, dependiendo de la perspectiva política desde la cual se le mire, pero lo que no es, bajo ninguna circunstancia, es una medida funcional para el éxito del texto. Haber agregado la enmienda no ayuda en nada a que la propuesta se apruebe en el plebiscito de diciembre. Lo mismo es verdad para otras enmiendas del tipo.

La duda, entonces, es si es un error torpe o una decisión intencional.

Suponiendo que los redactores del texto, concebidos como quienes controlan los votos para aprobar y rechazar enmiendas, entienden las razones que condujeron al fracaso del proceso anterior, pero insisten en darle una identidad política al texto, no puede ser un error. Debe ser una decisión intencional. Y allí, solo hay dos explicaciones. O creen que hay un voto escondido que solo se asomará en el trecho final o están derechamente empujando el proceso al fracaso.

Lo primero, la idea del voto escondido, tiene sentido si se considera que al lado de las normas identitarias hay una serie de otras enmiendas que se pueden presentar como avances de sentido común, como lo es la enmienda que sentencia la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones o incluso la que elimina el pago de contribuciones sobre la primera vivienda. Son dos anzuelos, de varios, que le ayudarán a los redactores a promocionar su producto.

Lo segundo, la idea del fracaso intencional, tiene sentido si se considera que si se pierde el plebiscito se vuelve al punto cero, o a lo que la izquierda denomina “la Constitución de Pinochet”. En ese caso, el fracaso puede ser entendido como una victoria. Si la idea era presentar a la Constitución actual como una mal menor con respecto a lo que podría ser, eso se consigue rechazando la propuesta. Mantener el statu quo no puede ser considerado un retroceso si mantener lo que hay es el objetivo.

La evaluación cortoplacista de un rechazo al texto es que sería una derrota para el redactor, el Partido Republicano en este caso. Pero aquello resulta ser verdad solo si se termina avanzando hacia un nuevo proceso. Si el rechazo de diciembre es en cambio el punto final, que termina validando a la Constitución actual como la definitiva, habrá sido una victoria. Mantener la Constitución actual le servirá a ese sector para seguir siendo oposición al sistema y empujando sus ideas. Así, el choque de trenes no sería más que un mecanismo para agotar el debate, alienar a la gente y cerrar el debate constitucional con candado por fuera.

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