Lo que acaba de reportar el contralor Jorge Bermúdez en su paso por el Congreso es de extrema gravedad. Cambia todo. Si se pudiese describir, en una palabra, en un concepto, sería corrupción.
En corto, el contralor sugiere que hay un grupo de personas, de un sector político particular, que conspiró para mover recursos de los pagadores de impuestos, de todos los chilenos, a sus propios bolsillos. En su reporte, sugiere que estas personas usaron su acceso privilegiado para bajar los estándares legales y permitirles a sus socios postular a trabajos que de otra forma no podrían postular. Obviamente todo esto para que pudiesen recibir recursos estatales.
Se llama corrupción. A pesar de que estaban todos los indicios, no se había dejado ver de esta manera. Pero ya no hay dudas: es corrupción y punto.
Pero el gran golpe del contralor no es constatar la existencia de corrupción: es constatar la magnitud y la extensión de la corrupción. En su informe, Bermúdez muestra que la “excesiva discrecionalidad” de “asignaciones directas” y “asignaciones nominativas”, no solo ocurren en un caso o en una zona en particular, como se sugirió al comienzo, sino que es una práctica extendida, usada en múltiples regiones, por una multiplicidad de fundaciones diferentes, con el mismo fin.
Ahora, si bien el contralor no se pronunció sobre la intencionalidad de la red de corrupción, o lo que él llama un “modus operandi”, es obvio que algo de eso hay.
¿Cuál es la probabilidad de que distintas fundaciones en distintas partes del país, todas, al mismo tiempo, hayan decidido usurpar de la misma vulnerabilidad legal para adjudicarse fondos de forma desproporcionada, que de otra forma no podrían haber recibido?
La respuesta es que ninguna, cero. La probabilidad de que sea suerte es casualidad es aproximadamente cero. Qué duda cabe de que, si hay corrupción en 15 de 16 regiones del país, no es un incidente aislado, es un mecanismo. Por lo mismo, lo preciso, a este punto de la historia, es hablar de una red de corrupción.
Si el contralor no lo dijo, fue por prudencia. Su rol es precisamente detectar irregularidades, y reportar sobre su frecuencia y profundidad, y es precisamente lo que hizo. Pero es claro que con los antecedentes que tiene a la vista, debe sospechar lo peor.
Esto es un escándalo político de proporciones mayores. Lo que inicialmente se presentó como algo único e irrepetible, terminó siendo, en realidad, una operación de alcance nacional.
Así, el problema excede la extensión geográfica. Si finalmente lo que se sospecha, fundadamente, termina siendo cierto, comprobado por los tribunales de justicia, lo que comenzó como un incidente aislado, terminará siendo el escándalo de corrupción más grande jamás visto.
Es importante preguntarse por el rol del gobierno en todo este asunto, pues a todas luces, parece no solo estar al centro del escándalo, sino que además haber adoptado una postura llamativamente pasiva.
En vez de tomar medidas proactivas para entender y explicar la extensión y la gravedad de los hechos, se ha más bien dedicado a corregir, precisar, justificar, defender, esclarecer, y contextualizar.
Han pasado casi cinco meses desde que Timeline destapó el caso y, desde entonces, solo ha caído un individuo directamente relacionado al asunto, y solo por haber sido sorprendido con las manos en la masa.
El gobierno no ha estado a la altura de lo que se necesita para hacerse cargo del asunto. Suponiendo que pudieron haber hecho algo, pero que han permanecido a los márgenes de la investigación, vuelve la situación tanto más frustrante.
Al menos se entiende el por qué. Si no fueron capaces de proteger los recursos del Estado, evidentemente tampoco estarán dispuestos a disciplinar a los culpables.
La línea de defensa dibujada por La Moneda esta semana lo transparenta. En vez de reconocer el problema, y garantizar a que se perseguirán a los conspiradores, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, se hizo todo lo contrario.
Primero, la vocera le echó la culpa al gobierno anterior. Después, desviando toda acusación, esquivando toda responsabilidad, le echó la culpa al marco regulatorio.
En vez de apuntar a la avaricia y la ambición de algunos de los miembros de su coalición, fue ambigua y blanda. Prácticamente absolvió a los culpables, dando a entender que habría sido su condición humana la que no les habría permitido escapar de los malignos incentivos del sistema.
Todo esto debiese ser un llamado de atención para quienes participan en, y apoyan a, el gobierno. Desde ya hay claridad sobre la extensión de la corrupción, de su mecanismo, y de cómo se han protegido a los involucrados.
Quienes votaron por este gobierno pensando que llegaría al poder una nueva casta, pura y limpia, dispuesta a cambiar el sistema desde dentro, simplemente se equivocaron.
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