El artículo 79 del texto constitucional que será sometido a plebiscito el 4 de septiembre declara que los pueblos indígenas tienen derecho a la restitución de “sus tierras” vía expropiaciones. La norma transitoria 28a detalla que, de ganar el “apruebo”, el Presidente Boric deberá convocar a una comisión a más tardar en septiembre de 2023 para elaborar un catastro de restitución. Ésta tendrá un plazo máximo de 6 años para hacer su propuesta. Un informe elaborado por Atisba afirma que un 29% de la población de Temuco y casi un tercio de la de Villarrica se verían afectadas por concepto de títulos de merced.
Qué observar: Los 17 representantes de escaños reservados a pueblos originarios en la Convención, especialmente los 7 pertenecientes al pueblo mapuche, llegaron a la instancia con 2 mandatos de sus comunidades, cuentan algunos de sus miembros: darles representación real en la toma de decisiones del Estado y entregar soluciones concretas a sus demandas de tierras.
- En los 12 meses de trabajo de la Convención, que este lunes presentó su borrador íntegro, consiguieron ambas. La primera, a través del artículo 162 que establece que “en los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y comunal se establecen escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas cuando corresponda y en proporción a su población dentro del territorio electoral respectivo”.
- El segundo, a través del artículo 79, que da rango constitucional a la restitución de tierras vía expropiaciones. “El Estado reconoce y garantiza, conforme con la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”, dice la norma. “La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución”.
- El tercer inciso es el que declara uno de los requisitos para realizar expropiaciones: la utilidad pública. “La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general”, dice el artículo.
- La propuesta constitucional plantea que ésta deberá realizarse a un “justo precio” en vez del valor de mercado que solicitó Chile Vamos durante la tramitación.
- Luego, la disposición transitoria 28a precisa los tiempos de ejecución de la norma, en caso de que el texto constitucional sea aprobado en el plebiscito del 4 de septiembre. “Dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República convocará a una Comisión Territorial Indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas”.
- “La Comisión estará integrada por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas, determinados por sus organizaciones representativas, a través de un proceso de participación indígena convocado de conformidad con el artículo 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicha comisión estará integrada, además, por representantes del Estado y por personas de reconocida idoneidad, quienes serán nombradas por el Presidente”.
- “La Comisión funcionará durante cuatro años, prorrogables por otros dos”.
- Integrantes de los escaños reservados de la Convención comentaron que esperaban que la restitución de tierras en lugares donde existen, por ejemplo, títulos de merced, descomprima la crisis de violencia que se vive en el sur. Advirtieron, sin embargo, que la restitución podría realizarse también en lugares donde no hubiera documentación pero sí registros orales de pertenencia a un área específica.
La advertencia de Poduje: “Hay 3 niveles en esto (de las demandas)”, dice el urbanista Iván Poduje. “Desde el Wallmapu, que es un territorio abstracto que tiene algunos límites, pero que es gigantesco y completamente inviable; a los comisariatos y los títulos de merced, donde hay una delimitación que las propias comunidades han hecho”.
- “Nosotros hicimos una investigación (en Atisba) y nos concentramos en los títulos de merced, porque es información pública y oficial, pero con los comisariatos hay muchas comunidades que han levantado ya sus reivindicaciones en estos territorios y es gigantesco: toda la costa de Valdivia, etcétera”.
- “Esto abre un escenario de enorme incertidumbre y en el caso de que el criterio para la restitución sean los títulos de merced, que es el que hoy existe en la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), esa restitución de tierras es también inviable y tendría un gigantesco impacto económico y social en las 644 mil hectáreas que analizamos”.
- “Muchos son territorios que están urbanizados, son barrios completos, y tienes en algunos casos el 74% de la población de Padre Las Casas y casi un tercio de Temuco, entonces como es imposible sacar a esos ciudadanos de allí, como tienen sus casas, viviendas sociales y de clase media, la opción es que el Estado compense a las comunidades que tienen asignados los títulos los merced, y que están identificadas. Nosotros calculamos que, si eso se hace con los valores que tienen las vías urbanas hoy, tendrían que pagar del orden de 20 mil 400 millones de dólares”.
- “Hay lugares donde podría ser factible la restitución, porque tienen menos densidad poblaciones, pero donde desarmarías economías locales vinculadas al turismo. Por ejemplo, porque hay cabañas, hoteles, hostales. Esto multiplicaría los conflictos y los llevaría hacia el sector de Villarrica-Pucón y Lincanray, o Panguipulli”.
- Sobre el plazo de 6 años para el trabajo de la comisión, más uno para conformarla, dice que “no puedes dejar a la gente que vive allí colgando de un hilo por siete años, es una tortura. Entonces, si gana el apruebo, la primera actividad debiera ser decir: ‘estos títulos de merced no se pueden restituir’, para que la gente pueda vivir tranquila y des una señal también a las comunidades indígenas, que a lo mejor pueden tener una expectativa irreal”.
Qué dice el estudio: El estudio elaborado por la oficina de urbanismo Atista a solicitud de I+D del diario la Tercera plantea que, de acuerdo con información oficial de la Conadi “existen 2.777 títulos de merced en 51 comunas de 4 regiones: Araucanía, Bío Bio, Los Ríos y Los Lagos”.
- Hectáreas afectadas: “La superficie de los títulos suma 644.573 hectáreas (…). El 69% de la superficie se localiza en La Araucanía y el 18% en Biobío”.
- Viviendas afectas: “Al cruzar los datos con los mapas INE, actualizados al año 2022, se concluye que en estas 51 comunas viven 424.791 habitantes distribuidos en 173.706 viviendas”.
- Regiones afectadas: “La región de La Araucanía aumenta su participación respecto a la superficie, abarcando el 85% de la población que vive al interior de los Títulos de Merced (TM) y el 84% de las viviendas. Le siguen Los Ríos y Biobío, con 39.554 y 21.177 habitantes, respectivamente”.
- Recintos educacionales: “En las 51 comunas analizadas existen 2.494 colegios, liceos y jardines infantiles. El 23% se localiza dentro de los Títulos de Merced, 582 establecimientos, mientras que en el comercio y las industrias, el porcentaje de la superficie localizada dentro de los TM baja a 7% y 1%, sumando 90.143 y 16.606 metros cuadrados respectivamente”.
- Las localidades afectadas: “Temuco se ubica en el primer lugar con 88.049 habitantes dentro de Títulos de Merced, lo que equivale al 29% de la población comunal. Luego aparece Padre Las Casas sobre la población comunal inscrita dentro de los TM, sube a 74%, abarcando importantes sectores urbanos e incluso el edificio del municipio, como puede verse en la siguiente”.
- “La situación de Panguipulli también es preocupante. Tiene 20.191 habitantes dentro de TM, lo que equivale al 56% de la población comunal, abarcando casi un tercio de la ciudad, además de localidades turísticas que rodean el lago”.
- “Esto mismo ocurre en Villarrica, que tiene un 31% de su población dentro de TM. Esto incluye toda la localidad de Licanray, con aproximadamente 4.000 habitantes, además de varios asentamientos turísticos, como cabañas, hoteles, lodges ubicados fuera del área urbana”.
- Costos para el Estado: “Si consideramos las 173.706 viviendas y le asignamos un valor de UF 3.000 a cada una, que es muy conservador dado el nivel socioeconómico de algunos balnearios, el Estado tendría que desembolsar USD 20.400 millones”.
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