Interior y Justicia en la mira: el duro informe de la comisión de diputados que investigó fallas en la seguridad pública

Este miércoles debe ser remitido a la Sala de la Cámara el informe final elaborado por la Comisión Especial Investigadora designada en julio pasado para revisar los principales problemas en materia de delincuencia y crimen organizado que afectan al país. Ya fueron aprobados, tanto por parlamentarios del oficialismo como de oposición, los capítulos que responsabilizan a los dos ministerios más relevantes en estas materias, de una serie de acciones negligentes que afectan a la seguridad ciudadana.

Historia de un informe final. Mañana miércoles debe estar listo el informe final de la Comisión Especial Investigadora sobre Funciones de resguardo de la Seguridad y Orden Público Interno y Persecución de la Delincuencia. Entre el lunes y este martes, los diputados integrantes han votado las conclusiones, que contienen severas críticas tanto para el Ministerio del Interior como el de Justicia.

• Esta se constituyó el 19 de julio y durante su trabajo la comisión realizó 25 sesiones, dos de ellas en regiones (Arica y Parinacota y Biobío), escuchando a unas 70 personas.
• Está integrada por la diputada Joanna Pérez (Indep. ex DC), quien la preside; y los diputados Jaime Araya (Indep. PPD); Félix Bugueño (FRSV); Gonzalo de la Carrera (Indep.); Marcos Ilabaca (PS); Henry Leal (UDI); Francesca Muñoz (RN); Francisco Pulgar (Indep.); Matías Ramírez (PC); Patricio Rosas (Indep. FA); Diego Schalper (RN); Flor Weisse (UDI); y Gael Yeomans (CS).
• El informe final comenzó a revisarse en la sesión del lunes, que se prolongó más allá de las 20 hrs. Esta mañana la Comisión continuó con su trabajo y se espera que este pueda ser enviado a la sala mañana miércoles.
• Sin embargo, ya fueron aprobadas las observaciones respecto de los dos ministerios considerados clave en el papel que deben ejercer en contra de la delincuencia.

Negligencias en el Ministerio del Interior. El informe señala, por ejemplo, que en julio pasado, al momento de constituirse la comisión, “se conoció una serie de actuaciones organizativas internas en dicho Ministerio, encargado directo del resguardo del orden y la seguridad, que supusieron perjuicios para esta tarea, como lo fueron las desvinculaciones de profesionales de la División Jurídica y un conjunto de errores en causas en que el Gobierno era partícipe”.

• Además, salieron a la luz “hechos y actuaciones que dan cuenta de negligencias en cómo se enfrentaba la crisis de criminalidad”, señala el documento final aprobado.
• Habla también de “situaciones reñidas con la legalidad y las disposiciones constitucionales sobre determinados órganos públicos”, mencionando a Gendarmería de Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
• Las críticas también alcanzan a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que “por objeto de reestructuraciones, falta de interconectividad y trabajo conjunto con los demás estamentos de la defensa, no ha podido identificar a tiempo situaciones que afectan a la seguridad pública y nacional”.

Inmigración ilegal. El problema migratorio de la macrozona norte se analiza extensamente. La permeabilidad fronteriza, el ingreso a territorio nacional de organizaciones criminales tales como “Tren de Aragua”, “Cartel de Cali” o “Cartel de Jalisco”; y el tráfico ilegal de personas, son algunos de los problemas que afectan a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En este capítulo, la comisión responsabiliza al Ministerio del Interior de tres situaciones:

1. “Ya en marzo, a poco de asumir, el Gobierno retiró de tramitación ante la Contraloría General de la República el Decreto que establecía nuevas categorías migratorias para el acceso a residencia temporal, lo que entrampó la aplicabilidad de la Ley N°21.325”.
2. “En mayo se emite la Circular Nº6 del Servicio Nacional de Migraciones, la que permite el acceso a la residencia habiendo ingresado al país con permisos temporales de acceso, algo que la propia Ley N°21.325 buscó evitar”.
3. “La planificación presupuestaria en materia migratoria refleja también escasos énfasis en abordar con decisión esta crisis. Para 2022 se presentó un presupuesto para el Servicio Nacional de Migraciones que cae en un 53,9% y elimina 4 programas: Registro Nacional de Migrantes, Visas en el Extranjero, Cerrando Brechas y el Programa Inclusión Regional, manteniéndose y profundizándose el de “Regularización”.

• Esta serie de actuaciones, plantea el informe final, “reflejan que el Gobierno y en particular el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no ha abordado con decisión la crisis migratoria y sus consecuencias en el fenómeno criminal”.

Incumplimientos del Ministerio de Justicia. A la cartera de Justicia se le acusa “por falta de deberes por parte de la autoridad ministerial” con infracciones al artículo 33 de la Constitución Política de la República y los artículos 1, 19, 20, 22, 23 y 25 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Ello, por falta de supervisión “de aquellos servicios públicos que la ley coloca bajo dependencia y supervigilancia del Presidente”.

• Se menciona, sin dar fechas, de una celebración de funcionarios de Gendarmería en el recinto penitenciario de Santiago 1, donde se encontraron 83 latas de cerveza, ocho botellas de whisky, cinco botellas de vino de diferentes marcas, una botella de tequila y bolsas de ketamina.
• La investigación decretó sanciones y suspensiones del servicio. Pero, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile decidió remover a la fiscal a cargo y disponer otra investigación a cargo de la Dirección Nacional.
• El nuevo fiscal decidió levantar las suspensiones a los funcionarios involucrados e investigados y trasladar a otro recinto a los funcionarios que denunciaron el hecho, explica el informe final de la comisión.
• En el caso de la ministra de Justicia, al ser consultada por la Comisión Investigadora, se limitó a derivar la responsabilidad de los traslados a Gendarmería de Chile, sin profundizar en el caso.
• También se menciona en extenso los traslados de reos mapuches entre distintos recintos penales, cediendo a medidas de presión tales como huelgas de hambre o amenazas contra funcionarios de Gendarmería.