Informalidad laboral, el punto ciego de las reformas del gobierno. Por Gabriel Ugarte

El crecimiento del empleo formal está muy asociado al crecimiento de la economía. El contexto económico para este 2023, en que se prevén tasas de crecimiento negativas, es muy probable que genere aumentos en las tasas de informalidad. Pero más preocupante aún es la sostenida trayectoria a la baja en el crecimiento del PIB tendencial.

Gran parte de nuestros años de vida se pasan en el trabajo, lo que es especialmente cierto para los chilenos, que tenemos una jornada laboral de las más extensas entre los países de la OCDE. A esto se suma que muchos trabajadores se encuentran desprotegidos producto de los altos niveles de informalidad, lo que tiene consecuencias en los más diversos ámbitos.

A la mayor vulnerabilidad asociada a condiciones laborales precarias e inseguridad económica, se suman los efectos agregados en productividad, recaudación y mayor gasto fiscal. Mientras este monstruo invisible de la informalidad, cuya presencia todos la perciben, no sea el protagonista del accionar público, se corre el riesgo de que las reformas económicas y sociales, por bien intencionadas que sean, no cumplan su propósito.

El problema de la informalidad laboral en Chile es de larga data. La tasa de trabajadores informales se ha mantenido constante los últimos años en alrededor de 27%, con brechas significativas por nivel socioeconómico y género. Aunque estamos mejor que nuestros vecinos en Latinoamérica, nos encontramos muy por detrás de los países de la OCDE.

A pesar de que las medidas que se requieren para avanzar en una mayor formalidad laboral no son desconocidas, el avance ha sido tenue. Las últimas recomendaciones provienen del Consorcio de Universidades contra la Informalidad, que entregó un completo informe en enero, fruto de un valioso esfuerzo que sintetiza las acciones que debemos tomar como país.

Se indica que hay que revisar los programas públicos y apoyos dirigidos a empresas, incluyendo su pertinencia y coordinación territorial, para asegurar que estén bien focalizados y que promuevan un aumento de la productividad, factor esencial en el tránsito a la formalidad. También se menciona la importancia de fortalecer la fiscalización, así como la evaluación y coordinación de los distintos subsidios de empleo a los trabajadores. En otras instancias también se han identificado como relevantes la disminución de la burocracia en torno a la formalización y la necesidad de avanzar en adaptabilidad laboral.

Pero ¿cómo afecta este problema a las principales reformas del gobierno y qué hacen ellas para enfrentarlo?

Como sabemos, el esfuerzo de la recaudación fiscal recae exclusivamente en el sector formal de la economía. Esto genera un desequilibrio con el sector informal, el que se amplifica mientras mayor sea éste. Existe consenso en que se requieren mayores recursos para financiar los derechos sociales. Este es, de hecho, el principal objetivo que tiene la reforma tributaria. Pero si ésta no ataca el problema de la informalidad, se corre el riesgo de seguir estrujando al mismo sector y ampliando este desequilibrio, generando incentivos opuestos al deseado.

En este sentido, la reforma del ejecutivo propone medidas como comenzar a obligar a algunas instituciones a exigir el inicio de actividades a determinadas personas, así como avanzar en una mayor fiscalización por parte del SII. Sin embargo, sólo el garrote es insuficiente. Se requiere de una ayuda concreta de apoyo en el proceso de formalización, que incluya una revisión de la oferta pública dirigida a empresas y personas, como lo sugiere el Consorcio. También debemos dejar de hacer la vista gorda a las millones de transacciones que se realizan en los medios digitales y que no necesariamente están asociadas a personas de ingresos bajos.

En el plano de la seguridad social, la débil cotización es una de las principales razones, si no la más importante, de las bajas pensiones actuales. Cada mes, sólo un 50% del total de afiliados al sistema de pensiones realiza un aporte, lo que se explica en gran parte por nuestra alta tasa de informalidad laboral. No hay un sistema de pensiones contributiva que pueda resistir esta realidad.

La reforma de pensiones plantea una cotización adicional de seis puntos. Es sabido que este aumento generará un desincentivo a la formalidad, dado que se reducirá el sueldo líquido que recibirán los trabajadores -por mucho que se diga que esto lo pagarán los empleadores-, y encarecerá la contratación por parte de las empresas.

Sin embargo, hay consenso en que debe aumentarse, aunque no respecto del modo. La evidencia indica que mientras más directa sea la relación entre aporte y beneficios, menor es el efecto en el empleo formal. Se hace indispensable, entonces, la discusión respecto de cuántos puntos de la cotización adicional son suficientes para los beneficios intra e intergeneracionales, y así destinar el resto a cuentas individuales que exhiben una relación más fuerte entre cotización y beneficios, y por ende menos daño a la ansiada formalidad.

Despejar el punto anterior es clave considerando dos factores adicionales. Por un lado, están las advertencias que se han levantado respecto de los desincentivos que podría tener el aumento de la PGU en el empleo formal en sectores de ingresos medios y bajos. Por otro, el hecho de que la cotización adicional sea voluntaria para los trabajadores independientes podría generar un incentivo a que dependientes se independicen. Esto afectaría especialmente a sectores de ingresos altos, que estarán obligados a destinar parte de su cotización a mejorar las pensiones de trabajadores con salarios más bajos.

En el intertanto, y reconociendo que el proceso hacia un mayor nivel de formalidad es lento, no es descabellado pensar en otras propuestas que han surgido para financiar pensiones contributivas. Una de ellas es avanzar en cotizaciones a cuentas personales a través del consumo de forma similar al IVA. Este sistema tiene la ventaja de que no depende de contratos formales ni boletas de honorarios, sino que se ahorra con cada compra realizada y además puede complementarse con mecanismos de solidaridad.

Por último, el crecimiento del empleo formal está muy asociado al crecimiento de la economía. El contexto económico para este 2023, en que se prevén tasas de crecimiento negativas, es muy probable que genere aumentos en las tasas de informalidad. Pero más preocupante aún es la sostenida trayectoria a la baja en el crecimiento del PIB tendencial.

La última estimación publicada por el Banco Central indica un crecimiento promedio de 2,1% en el periodo 2023-2032, que se suma al magro crecimiento de las últimas dos décadas. Estas cifras no auguran un panorama muy alentador y nos plantean un desafío como país para volver a la senda del crecimiento. De otro modo, la añorada mayor recaudación para los derechos sociales y las mejores pensiones no serán sino solo buenas ideas que no se pudieron llevar a la práctica.