Qué observar. El gobierno no acogió la sugerencia del Comité Técnico de mutualización de los planes debido, como señaló el ministro de Justicia, Luis Cordero, por que la Corte Suprema, en la resolución del 5 de octubre de este año donde amplió el plazo para cumplir con la sentencia, “recordó que existen obligaciones por los usuarios a los cuales beneficiaría la sentencia y, en consecuencia, el efecto de la mutualización podría provocar el incumplimiento de la sentencia”.
La sugerencia del Comité Técnico de mutualizar los planes apuntaba a que que a quienes se les sube el plan se les compensa con quienes se les baja el plan. El impacto financiero es que se reduce la cantidad de personas que tendrían devoluciones. Con la nueva propuesta del Gobierno el monto que de la deuda se acerca a los US$ 1.000 millones, de acuerdo a lo señalado por la ministra Aguilera.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró que en las indicaciones “no se define un monto de devolución, como también no se definía en el proyecto original, pero sí se definen consideraciones que se deben tener para el cálculo de ese monto”. Agregó que se acogió la recomendación de la Comisión Técnica de considerar que no deben haber planes por debajo del 7%. “Esto de alguna forma reduce los montos de que se habían hablado originalmente (US$ 1.400 millones)… lo que no se consideró de la recomendación de la Comisión Técnica es la mutualización”, con ello el nuevo cálculo queda en torno a los US$ 1.000 millones.
Cordero recordó que la ley que se está proponiendo y a la que se le están realizando estas indicaciones nace como “producto de la judicialización sostenida que por más de una década ha tenido el Sistema de Salud Chileno” y en que el 83% de los casos que tiene la Corte Suprema están vinculados justamente a las Isapre.
Indicaciones. El Gobierno aseguró que lo que buscan las indicaciones es apuntan a dar cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Suprema con ocasión de las causas asociadas a la Tabla de Factores y la Prima GES, de tal forma que se asegure la continuidad del acceso a las atenciones de salud de los beneficiarios del sistema privado, manteniendo la estabilidad financiera del sistema privado de salud y al mismo tiempo fortaleciendo el sistema público.
Plan de pago de ISAPRE. Cada aseguradora privada de salud deberá presentar un plan de pago y ajuste de los cobros en exceso (vía excedentes), con un plazo máximo de 10 años. Ninguna entidad podrá hacer retiro de utilidades hasta completar el pago d esta deuda.
Flujo futuro. Se propone que para estabilizar los flujos futuros se mantenga la contribución efectiva del 7% legal para salud; la adecuación del cálculo del Índice de Costos de Salud (ICSA), que considerará el costo de los menores de dos años y nonatos, y la variación real del costo de las prestaciones sanitarias; y de ser necesario, un alza extraordinaria del precio base por una vez.
Fonasa. Sobre la modalidad de cobertura complementaria de FONASA se simplifica la propuesta, incorporando solo un esquema de cobertura complementaria donde estarán todos los prestadores privados con los que se haga convenio.
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