El correcto funcionamiento del sistema financiero se basa en la fe pública. Si los depositantes confían o no en que su dinero estará mejor guardado en un banco que debajo de su colchón. Si los inversionistas confían o no en el mercado de capitales como una forma de preservar o incrementar su patrimonio. Si las empresas tienen la posibilidad de solicitar un crédito a una tasa que les permita hacer viables sus proyectos. Si los intermediarios del sistema financiero confían o no en las infraestructuras del mercado financiero para custodiar, transferir y liquidar sus activos. Todo lo anterior funciona en primera instancia si y sólo si existe confianza.
Durante el último mes, hemos observado entidades intervenidas o cerradas en el sistema bancario norteamericano, lo que nos hace recordar los tormentosos momentos de la crisis subprime. Pero, ¿esto es lo mismo? En mi opinión, aún no lo es y no debiese serlo. Tras la debacle bancaria del año 2008, numerosas jurisdicciones –incluido Chile– adoptaron Basilea III, marco que procura de una banca más solvente, con mayores grados de resiliencia frente a problemas de liquidez y con una deuda mejor adecuada al capital constituido. En forma paralela, EE. UU. implementó una de las reformas más grandes en la historia de Wall Street: Dodd-Frank dividió la banca de inversión y la banca privada, protegió al cliente financiero y reorganizó las responsabilidades en cuanto a la fiscalización, entre otros avances hacia un sistema financiero más estable y transparente.
Sin embargo, como usted debe imaginar, lo anterior no evitará las malas prácticas de los ejecutivos (Credit Suisse), ni toma irresponsable de riesgos por parte de las entidades financieras (Silvergate Bank), ni errores u horrores en la política de inversiones (Silicon Valley Bank). El marco regulatorio vigente lo que sí obstaculiza –hasta ahora– es la materialización del riesgo sistémico.
En Chile, no nos quedamos atrás. Nuestro marco regulatorio se encuentra en línea con las mejores prácticas internacionales. En 2019 fue promulgada la ley que modernizó la legislación bancaria, un proyecto que requirió de grandes esfuerzos por parte de Hacienda, la Comisión para el Mercado Financiero y el Banco Central. Por tanto, si bien es posible que exista algún problema en alguna entidad bancaria, sería muy poco probable que se convirtiese en un problema sistémico.
Por un lado, observamos una banca local más bien conservadora en sus políticas de riesgos. Si bien puede ocurrir que alguna entidad tenga exposiciones en conglomerados o sectores con dificultades, en general los bancos más grandes tienen una diversificación importante dentro de sus activos.
Mientras que, por otro lado, nuestro sistema bancario intenta seguir las mejores prácticas internacionales relacionadas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las cuales son abrazadas por gran parte del mundo desarrollado y países en vías de desarrollo. Y es justamente en este tipo de reglamentos donde la industria de las criptomonedas descentralizadas genera un flanco demasiado grande.
En conclusión, existen variables y colchones importantes que no se encontraban durante la crisis subprime y, que debiesen funcionar hoy en día para evitar contagios dentro de la banca norteamericana. Son cortafuegos también utilizados en Chile y que permiten que usted y yo, sigamos confiando en el sistema financiero local.
Tanto desde el oficialismo como desde sectores de la oposición hay interés por llegar a acuerdo en materia de pensiones. El rol del Estado queda en duda con el APA, pero se mantendría con un inversor público. Se termina la idea de las cuentas nocionales. Incluso una nueva versión del autopréstamo podría entrar al borrador.
Revise las principales fechas para realizar enviar la declaración al SII y determinar la eventual devolución de impuestos. Este año habrá una fiscalización concentrada en los altos patrimonios.
Si proyectamos la evolución de la carga tributaria de los países OCDE conforme aumenta su nivel de desarrollo, deberíamos aspirar a cerrar la brecha con el promedio OCDE actual (24,5% del PIB) en un plazo de 12 años, es decir, al 2035.
Es de esperar que la tramitación del royalty siga con el mismo espíritu de diálogo y consensos de estos últimos meses. No se debería empañar por las voces que han planteado utilizar este tributo para compensar el déficit de recaudación que provoca el reciente rechazo a la reforma tributaria.
Tras una exitosa convocatoria a organizaciones de pymes el viernes en Hacienda, este lunes llegó una docena de ellas al Ministerio de Economía para iniciar una mesa técnica. Algunos se enteraron ahí de que no pertenecían al consejo consultivo y otros denunciaron que había directivas sin vigencia vinculadas con el PC.