Tras escuchar durante una hora los alegatos del Senado y La Moneda, el pleno de Tribunal Constitucional acordó resolver el próximo martes 22 de agosto, el requerimiento para impugnar el decreto del gobierno que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación. Arturo Fermandois en representación del Senado dijo que se ponían en riesgo libertades fundamentales, mientras que Paulina Veloso del CDE señaló que los que cuestionan la comisión “crean un diablo para después pegarle a ese diablo”. Estos fueron sus principales argumentos.
Qué Observar. Pasadas las 9.30 de la mañana de este jueves en el edificio patrimonial del Tribunal Constitucional, en Huérfanos 1234, se realizaron los alegatos que enfrentan al Senado y al Gobierno para determinar la constitucionalidad de la Comisión Asesora contra la Desinformación. En representación del Senado, argumentó el abogado y académico Arturo Fermandois, mientras que en defensa del Presidente Gabriel Boric lo hizo la exministra Paulina Veloso, en su calidad de consejera del Consejo de Defensa del Estado.
- El Decreto 12, firmado el 12 de mayo de 2023 por las ministras de Ciencia, Aysén Etcheverry y la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo crea la Comisión asesora Ministerial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, denominada, “Comisión asesora contra la desinformación”.
- Según el requerimiento del Senado, el decreto sería inconstitucional ya que la regulación de delitos y abusos relacionados con derechos fundamentales como la libertad de expresión, debe ser competencia del Poder Legislativo.
- En su defensa La Moneda sostiene que la comisión solo cumple tareas asesoras y no ejecutivas ni resolutivas y su misión no es legislar ni controlar, sino estudiar y preparar informes sobre el tema de la desinformación en plataformas digitales.
- El Tribunal Constitucional acordó que tomarían una resolución en el pleno del próximo martes 22 de agosto.
Arturo Fermandois. El abogado del Senado, inició su intervención de 30 minutos, señalando que “por primera vez en la historia un requerimiento de este tipo ha sido promovido por la mayoría absoluta de sus senadores en ejercicio. Esta no es una mañana cualquiera, es una mañana muy importante para el derecho constitucional por su impacto en la libertad de informar y los derechos fundamentales”, indicó.
- Señaló que el tribunal debe resolver si por un simple decreto “por orden del Presidente, ni siquiera firmado por él” se puede crear una comisión asesora de este tipo.
- Sostuvo que la comisión tiene integrantes designados por el gobierno, es presidida por una ministra, con secretaría técnica de otro ministerio, cuyos integrante pueden ser removidos, cuyo deber es emitir informes respecto al impacto de la desinformación en la democracia, proponer recomendaciones y regulaciones.
- “¿Puede en el corazón político de un gobierno, la Segegob, crear una comisión que se dice temporal pero que es permanente porque es renovable ¿Basta que se diga que no tiene funciones ejecutivas para que realmente sea así?”, preguntó.
- Señaló que el Senado estima que las materias que impliquen derechos fundamentales, deben ser legisladas con quórum calificado.
- Afirmó que si se mencionan listados de plataformas digitales ya es una forma de ejercer presión. Por eso está preocupada la Comisión Interamericana de la Prensa.
- Dijo que una comisión puede infringir un derecho fundamental, así como el uso de glosas en la Ley de Presupuestos se utilizó para hacer regulaciones y hasta reformas.
- Según Fermandois, de las cientos de comisiones asesoras, solo una tiene un nombre “contra” algo, que es la comisión contra la violencia y acoso digital. Pero el acoso es algo para lo cual existe legislación, la desinformación no.
- “¿Se imaginan una comisión asesora del Ministerio de Justicia contra las sentencias de la Corte Suprema. O una comisión asesora que recomiende cuáles son los cultos religiosos apropiados?”, preguntó.
- Según su alegato, invoca conceptos vagos que no están definidos. Como el propio concepto de desinformación.
- Que no es una tarea del Ministerio de Ciencia, por muy global que sean sus competencias.
- Dice que se ha citado a la OCDE para defender la comisión. Pero nuestro tratado con esos países no es una fuente legal para crear esta comisión.
- Agregó que según la Comisión de Derechos Humanos no debe existir censura previa y que la censura indirecta ha venido apareciendo en los Estados. “Se discute hoy si el llamado de un Presidente a un canal constituye censura. Y algunos estiman que es censura aunque no sea un acto administrativo”.
Paulina Veloso. A su turno la exministra PS, a nombre del CDE que representa a Boric y a la ministra Etcheverry, defendió el decreto y la comisión argumentando que su contraparte en ningún momento dijo qué artículo en específico estaba transgrediendo la Constitución y que cuestionaba aspectos que no forman parte del decreto. “Crean un diablo y después le pegan a ese diablo”, indicó.
- Comenzó afirmando que tanto para el Presidente como para el CDE el derecho a la libertad de opinión constituye una íntima convicción como una base para la calidad de la democracia.
- Si uno lee el decreto 12 profundamente, no ve cómo puede transgredir las normas fundamentales. “El alegato del colega no menciona el vicio específico, qué artículo, qué diseño del decreto vulnera la norma que se ha señalado. No hay una sola palabra”.
- Al contrario, que menciona palabras que no están en el decreto, como la posibilidad de calificar discursos o medios o hacer un listado de plataformas.
- Defendió las comisiones gubernamentales señalando que se han creado por años para ayudar a la administración del Ejecutivo. Y todas tienen una finalidad, producir informes.
- Enumeró, como ejemplos, la Comisión Rettig, la comisión Valech, la comisión Marcel, la comisión que creó el anteproyecto del código penal, entre otra larga lista.
- “El colega dice que no hay ninguna comisión que sea “contra” algo. Pero a mi me tocó participar en la comisión contra los conflictos de interés, la corrupción y el tráfico de influencia que presidió Eduardo Engel.
- Según argumentó, el Senado ignora la facultad colegisladora del Presidente de la República. Incluso con iniciativa exclusiva en algunas materias. Y la ejerce creando comisiones asesoras.
- Dijo que en contraparte ignora qué es la desinformación. No es información falsa, ese no es el tema. “Cuando la ONU empieza a tomar nota del fenómeno de la desinformación, fue en la limpieza étnica en Myanmar en 2017. Allí a través de facebook se creó un lenguaje de odiosidad étnica. Y se desplazan 700 mil personas y se produce una masacre”. Luego se conversó con Facebook y se comienza a pensar en el fenómeno. Que la OCDE también está muy preocupada de estas materias.
- Dice que la comisión va estudiar la experiencia comparada internacional y el tema de la alfabetización digital. Que esa es una razón de peso para constituir una comisión. El fin legítimo es el conocimiento sobre el fenómeno nuevo de la desinformación. A través de un medio legítimo que es una comisión asesora. No afecta derechos fundamentales.
- Este decreto está en una etapa “muy pre pre pre legislativa (sic)”, señaló.
- Concluyó con un llamado al respeto al presidente de la República en cuanto a sus facultades. “El requerimiento olvida las facultades del Presidente, es bien extraño yo no lo había visto en otro requerimiento”.
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