Chile ha superado duras pruebas en los últimos 4 años. Se recuperó del ataque a mansalva que representó la asonada antidemocrática de octubre de 2019 y luego consiguió contener los efectos disociadores de la Convención refundacional. Pese a las confusiones y veleidades que han abundado en el mundo político, fue capaz de neutralizar las tendencias más negativas y recuperar el pulso de la vida en libertad.
El largo proceso de experimentación constitucional ha sido un factor de inestabilidad que debe concluir. Pese al cansancio de la población frente a un debate que ha sido percibido como “un asunto de los políticos”, lejano de las urgencias nacionales, se requiere dar la mejor salida posible al proceso constituyente que está en curso. Existen hoy mejores condiciones para renovar el pacto constitucional, lo que implica definir lo que es aconsejable cambiar y lo que es aconsejable conservar de las normas y procedimientos vigentes. No debe desperdiciarse la oportunidad de alcanzar un amplio acuerdo en torno al proyecto de nueva Constitución que se someterá a plebiscito dentro de 11 semanas.
Las fuerzas políticas que han participado en este proceso deben hacer un esfuerzo serio para converger en un texto integrador, cuyas disposiciones mejoren el funcionamiento de la democracia representativa. La Constitución no es un bálsamo para todas las heridas. No debe incluir materias que son propias de las leyes, no puede formular políticas públicas ni “fijar doctrina” en asuntos que puedan coartar la autonomía de las personas, El reto es definir las reglas que protegen la convivencia en libertad y, por lo tanto, poner límites al poder.
Todos los líderes nacionales están sometidos a un test de credibilidad democrática en este momento. Quedará de manifiesto cuáles son sus prioridades en la vida pública, qué valores defienden, qué disposición de diálogo tienen. Si hay quienes revelan que, en realidad, solo están preocupados de sus propios intereses, el juicio ciudadano puede ser muy severo. Aquellos que piensen demasiado en arriesgar o no su capital político, darán mala impresión. Según sus cercanos, Patricio Aylwin solía preguntar: ¿para qué se tiene capital político si no es para gastarlo cuando hace falta?
¿Qué pasa con las encuestas? Miden los estados de ánimo. Y en esta materia, es visible que, desde el triunfo del Rechazo, han predominado el desinterés, el fastidio y el temor de volver a pasar por algo parecido a la Convención. Es muy revelador que, antes de que haya un texto definitivo, mucha gente se incline a pronunciarse en contra.
¿Puede cambiar tal tendencia? Sí, puede cambiar, pero ello depende de que las fuerzas políticas entiendan que la mayoría de la población quiere estabilidad y seguridad, quiere que se reduzca la incertidumbre, que las leyes se cumplan, que el Estado use todos sus medios contra los delincuentes, en fin, que mejoren las condiciones básicas para vivir mejor.
Algunos se muestran tentados de seguir la corriente de las encuestas. Y olvidan que estas son como las mareas: suben y bajan. Es evidente que la izquierda octubrista ya se subió al caballo que ve como ganador. Eso incluye al PC. Pero ello podría estimular la reacción de mucha gente en sentido contrario. Además, va quedando claro que a ese sector la Constitución le importa poco o nada, y que ha sido la excusa para pescar a río revuelto.
Habrá que ver qué papel cumple el PS en esta coyuntura. Ha sido valioso que sus dirigentes hayan dialogado con Republicanos y Chile Vamos, como lo han hecho también Amarillos y Demócratas. Está demostrado que los ciudadanos valoran los gestos de civismo. Si el proceso constituyente llega a puerto con un texto sostenido por diversas fuerzas, se abre la posibilidad de que la mayoría del país lo haga suyo.
Hace falta construir un arco de fuerzas firmemente comprometidas con la estabilidad institucional. Todos los partidos representados en el Congreso tienen la obligación de resguardar el Estado de Derecho, más allá de que sean partidarios de cambiar esto o aquello. Lo primero es la lealtad hacia los principios que permiten que la democracia funcione. Si una fuerza política saca provecho de las libertades para debilitar sus bases, en los hechos traiciona la democracia.
Hay que mejorar lo que existe. Todo lo demás es hipotético. Fue muy nítido lo rechazado el 4 de septiembre de 2022, y se han vuelto más nítidas también las coincidencias sobre lo que el país requiere. Ello no se explica únicamente en términos políticos, como una inclinación hacia la derecha, sino como la toma de posición de muy amplios sectores que, sin tener filiación política, quieren que Chile avance sin convulsiones ni demoliciones. Su anhelo más profundo es que terminen el desorden y la inestabilidad, y se ponga freno a la delincuencia y el terrorismo.
Para llevar a cabo mejoras sociales hay que recuperar la seguridad pública, aplicar la ley en todo el territorio, asegurar que el Estado proteja eficazmente a la población. Ese es el punto de partida. Se necesitará, pues, una gran convergencia de fuerzas para que el país deje atrás el desorden y aproveche las posibilidades de progreso que tiene por delante.
Lo esencial es que los cambios constitucionales resguarden los principios que permiten convivir en la diversidad. El sentido común aconseja proteger y perfeccionar los consensos que, a lo largo de 30 años, pusieron cimientos firmes a la vida en libertad. Ya es evidente que esos consensos no pueden lanzarse por la borda. La mayoría no quiere más experimentos dudosos, sino paz interior y orden democrático.
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