Con una sala atiborrada de “víctimas”, abogados, activistas y curiosos, los fiscales lograrían el efecto de un “linchamiento” de carabineros, transmitido en vivo y en directo por la televisión, reviviendo el desacreditado relato de que durante el estallido social carabineros salió a la calle poco menos que a matar.
CDE versus Fiscalía. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió, en una votación transversal de siete votos contra dos, no querellarse en la causa contra los tres generales de Carabineros que lleva la fiscal Ximena Chong, pese que lo ha hecho en más de 300 causas por apremios ilegítimos similares a los que se imputan en este caso.
- El CDE estimó que no se configura uno de los elementos esenciales del delito “omisivo”, a saber, que los imputados tengan conocimiento en el momento en que se están produciendo acciones concretas y específicas, respecto de las cuales no hayan adoptado medidas; y que no basta con acciones omisivas de carácter genérico.
- Pese a ello, la prensa informa que el fiscal regional de la jurisdicción metropolitana Centro Norte pidió al séptimo Juzgado de Garantía una sala especial con mayor capacidad que estuviese disponible durante cinco días para la formalización de los generales Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Olate.
- Se les pretende formalizar por violaciones a los derechos humanos nada menos que de 450 personas, cometidos por carabineros durante el estallido social. Será el juicio más grande de la historia.
Las acusaciones. Según la fiscalía, los tres generales imputados habrían incurrido en “conductas omisivas”, es decir no habrían tomado medidas para impedir que los carabineros en terreno cometieran el ilícito, pese a encontrarse a kilómetros de distancia de los hechos.
- En el caso del general Yáñez la conducta “omisiva” incluiría un caso con resultado de muerte. Se trata de Cristian Valdebenito una persona de 48 años que se manifestaba el Plaza Italia que falleció tras ser impactado por una “bomba lacrimógena” que lo golpeó en la cabeza según testigos. Ese día hubo 56 carabineros lesionados en los disturbios.
- En este caso particular el informe pericial oficial indica que la causa de muerte fue un golpe causado por un objeto contundente en la cabeza, el que no identifica como una bomba lacrimógenas.
- La identidad del policía que supuestamente habría disparado “la bomba” es desconocida. No hay una sentencia que establezca como ocurrieron los hechos, ni si hubo premeditación o negligencia.
INDH: credibilidad por los suelos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 3.216 querellas en favor de 3.777 víctimas y solo en 33 de ellas hay sentencias condenatorias. Incluyendo una por torturas (desnudamiento de una mujer por una carabinera) de las 582 denunciadas por dicha entidad.
- Los querellantes en estas causas son ABOFEM (Asociación de Abogadas Feministas), Londres 38, Londres 40, Casa de la Memoria y el Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.
- Es un hecho de la causa que existe enorme desilusión y frustración en sectores de izquierda porque las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estallido se han ido desvirtuando en tribunales. Un relato que recorrió el mundo y puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera.
- También porque la credibilidad del INDH está por los suelos ya que fue “cómplice activo” en la producción de denuncias no filtradas que son la causa primordial del desastre jurídico al que se ha visto expuesto en tribunales.
- Algo parecido a lo ocurrido con las pensiones de gracia a “victimas” de abuso policial, visadas por el INDH sin antecedentes válidos que dieran cuenta de la existencia de daño.
- Una muestra aleatoria tomada por la Contraloría de los expedientes del INDH demostró que “no había antecedentes médicos o bien los respaldos correspondían a certificados poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios o con fechas anteriores al año 2019. Por su parte los abogados defensores de los imputados dicen no tener certeza de cuáles serían las conductas omisivas por las cuales se pretende formalizar a sus representados. Tampoco conocen la identidad de ninguna de las 450 presuntas víctimas. Lo que resulta sorprendente considerando que la investigación comenzó hace cuatro años.
Ni arriba ni debajo de la Ley. No hay que tener mucha imaginación para prever el impacto mediático. nacional e internacional, que tendrá el espectáculo grotesco de imputar a la plana mayor de carabineros por 450 casos de violaciones a los DDHH.
- No digo que los generales de carabineros no puedan ser procesados ni que merezcan un tratamiento especial. Nadie está por sobre la ley, pero tampoco por debajo de ella.
- Sin embargo, acá se observa un grado de animadversión ideológica, un afán de causar daño, de provocar un impacto mediático con consecuencias irreparables.
- Como sucedió con el caso del carabinero Zamora que fue linchado en la corte de la opinión pública, acusado ipso-facto de homicidio frustrado por la fiscal Chong por impactar a un joven que cayó al lecho del rio Mapocho. Hoy, después de destruir su carrera profesional y ante la falta de pruebas en su contra, le ofrece un juicio abreviado que el imputado rechazó.
- Con una sala atiborrada de “víctimas”, abogados, activistas y curiosos, los fiscales lograrían el efecto de un “linchamiento” de carabineros, transmitido en vivo y en directo por la televisión, reviviendo el desacreditado relato de que durante el estallido social carabineros salió a la calle poco menos que a matar.
El objetivo de los fiscales. Además, ante una formulación de cargos de esta magnitud, el juez no tendría más opción que acceder a la medida cautelar más gravosa decretando prisión preventiva para los tres generales. Ese es precisamente, el objetivo.
- Para la izquierda dura que apoyó la violencia el cambio de actitud en la opinión pública sobre el estallido es una gran derrota política. Ven, en este juicio, una última oportunidad para recuperar el terreno perdido, devolviéndole la credibilidad a la idea de que en Chile el Estado, a través de Carabineros, es culpable de violaciones masivas a los derechos humanos que aplastaron unas manifestaciones pacíficas.
- Que mejor para ello que la imagen de tres generales conducidos a prisión.
- La fiscalía ha solicitado, al Ministerio de Salud, recientemente, las fichas médicas de todas las personas lesionadas con trauma ocular a nivel nacional, una especie de “fishing expedition” de la fiscal en busca de pruebas. Lo que viene a confirmar que ninguno de los 450 casos ha sido objeto de un juicio previo que acredite la existencia de los delitos de base cometidos por subordinados de los generales; requisito “sine qua non” para que exista el delito por “omisión” que se les imputa.
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