“Fracasamos en dos procesos, es momento de dejar la idea de una nueva Constitución”, dijo Diego Vela, presidente de Revolución Democrática. “Es un dato de realidad que no hay espacio para realizar un nuevo proceso durante el actual mandato del presidente Boric”, dijo Lautaro Carmona, presidente del PC. Paulina Vodanovic presidenta del PS, también descartó un tercer proceso constituyente durante este gobierno. La Moneda parece que no quiere meterse en la campaña. Las señales son inequívocas: dan por perdido el actual proceso.
Al llamar a votar en contra y decir que, independientemente del resultado, no habrá otro proceso constituyente, admiten que se conforman con la Constitución vigente, esto es, la misma que el PC, el PS, el PPD y el Frente Amplio, alentados por Michelle Bachelet en su segundo gobierno, llamaron a enterrar porque era “la Constitución de Pinochet”, aunque sabían que había sido reformada muchas veces y llevaba la firma de Ricardo Lagos. Jugaron un juego demagógico, y perdieron.
A la izquierda gobernante solo le queda el recurso de usar la franja de TV para entregar un menaje como este: “Nos oponemos al nuevo proyecto de Constitución porque no se parece en nada al de la Convención, que era estupendo, pero que la gente no entendió. Además, el de ahora lo redactó un órgano con mayoría de derecha, y nosotros siempre nos opondremos a la derecha”. Sería un argumento imbatible.
El proyecto de Constitución que será sometido a plebiscito dentro de 6 semanas fue elaborado a partir del compromiso suscrito desde la UDI al PC, en diciembre pasado, para respetar 12 puntos o bordes, que corresponden en general a las bases de la institucionalidad establecidas en la Constitución vigente. Durante el nuevo proceso constituyente, nadie presentó un requerimiento por la eventual transgresión de esos puntos. Las reglas pactadas se han respetado plenamente.
El nuevo texto reivindica el asunto esencial de que Chile es una sola nación. Junto a eso, reafirma el Estado unitario, la división de poderes, el parlamento bicameral, el poder judicial autónomo, la alternancia en el poder. Están garantizados el ejercicio de las libertades, la igualdad ante la ley, el estatuto de ciudadanía, la elección periódica de los gobernantes. El texto se sostiene, fuera de toda duda, en los principios de la democracia representativa y busca mejorar lo construido. Queda atrás el desmantelamiento que propició la Convención.
El profesor Jaime Arancibia, que integró la Comisión Experta, destacó en una entrevista en Emol que la gestación del nuevo texto fue inobjetablemente democrática, lo que permitiría que su aprobación sea “el fin constitucional de la transición”. Considera que son avances significativos la eficacia legislativa porque se establecen plazos, la mayor gobernabilidad en el Congreso con menos partidos políticos, el mejoramiento de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de los parlamentarios, el establecimiento de unidades de estudio y evaluación de las políticas públicas.
Arancibia destaca también la consagración del sistema de concursos para acceder a cargos y fondos públicos, el establecimiento de garantías mínimas para aplicar sanciones administrativas que hoy no existen, la fijación de normas para transferir competencias a las regiones y las comunas, y la introducción de un mecanismo para reclamarlas ante el Tribunal Constitucional.
Resalta, además, la introducción de mecanismos de compensación de cargas públicas discriminatorias; el perfeccionamiento de la libertad religiosa; la fijación de criterios efectivos de mayor participación política de las mujeres; la tecnificación del trabajo del TC; la consagración del pluralismo en la formación académica de los jueces.
La seguridad interior del Estado adquirió un nuevo valor en la propuesta. Una docena de normas se refieren al combate al terrorismo, la defensa de las víctimas y la protección de la función policial. Algunas de esas normas tuvieron un amplio respaldo en las votaciones del Consejo, por ejemplo, la referida a la protección de la infraestructura crítica y la creación de la fiscalía supraterritorial.
El texto ha recibido reparos de diversa naturaleza, por ejemplo, el que manifiesta dudas sobre el nuevo órgano que estará a cargo de la designación de los jueces, y sobre cuyas características no hay precisiones. En su momento, será probablemente necesario discutir esa y otras disposiciones en el Congreso. El texto es perfectible. Pero esta es la hora de efectuar las sumar y las restas correspondientes o, dicho de otro modo, evitar que los árboles tapen el bosque. La pregunta esencial es si el nuevo proyecto puede reforzar las bases de la vida en democracia. Y así es.
¿Qué le queda al oficialismo? Meter miedo con nuevas violencias si es aprobado el proyecto. De eso ya se encargó el senador Jaime Quintana, presidente del PPD. Al igual que todo su partido, apoyó el engendro que elaboraron las izquierdas en la Convención, rechazado ampliamente el 4 de septiembre. En la elección del 7 de mayo, el PPD no eligió ni un solo consejero. Y ahora, advierte que, si los electores no votan en contra, vendrá un estallido “peor que el de 2019”. Gran estadista.
Después de la derrota de septiembre del año pasado, Boric y sus socios pudieron haberse dado un tiempo para pensar. Solo eso. En lo posible, pensar en Chile. Pero, si eso era excesivo, pensar por lo menos en lo que le convenía al gobierno: dejar de agitar las aguas constituyentes y afianzar la estabilidad. No lo hicieron. Olímpicos, soberbios, refundacionales, apostaron por un segundo proceso, que se tradujo en un tiro por la culata.
Los anteojos oscuros del octubrismo les impidieron ver el país real. No tienen cómo ganar el 17 de diciembre, día en el que, una vez más, los ciudadanos juzgarán al gobierno.
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