En los próximos días, aparecerá el libro “Un Ejército de todos”, del general Ricardo Martínez Menanteau, quien fue comandante en jefe del Ejército entre 2018 y 2022. Se trata de un trabajo que revisa la historia bicentenaria de la institución, en correspondencia con la evolución de la República y los avatares políticos de cada época, y cuya característica sobresaliente es que no elude el análisis de los capítulos más controvertidos o las verdades incómodas, como los asesinatos de los generales René Schneider (1970) y Carlos Prats (1974).
En el Prefacio, Martínez Menanteau explica que, al iniciar su gestión en la jefatura el Ejército, consideró que la institución necesitaba examinar con rigor su propia evolución, y derivar de allí ciertas lecciones que le permitieran afrontar mejor los retos del futuro. Compartió su mirada con el cuerpo de generales, y el proyecto avanzó hasta traducirse en un texto que se llamó “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, el cual vio la luz durante la cuenta pública que entregó el 2 de marzo de 2022, el día en que dejó el cargo de Comandante en Jefe.
En aquel momento, el texto fue publicado en la página web institucional, pero la situación varió con la partida de Martínez Menanteau, quien aclara que, por entender que cada nueva comandancia en jefe tiene la potestad de fijar las prioridades del plan estratégico de la institución, resolvió retomar el proyecto a través de un libro con su firma, plenamente consciente de que aparecería en las circunstancias de la conmemoración de los 50 años de “uno de los mayores quiebres de nuestra convivencia nacional”.
El libro aporta interesantes elementos de juicio sobre numerosos aspectos de la historia del Ejercito no conocidos por el gran público, entre ellos el complejo reto que representó la posibilidad de guerra con Perú, en 1975, y con Argentina, en 1978, pero, naturalmente, la atención se concentrará en lo que dice sobre las consecuencias del golpe de Estado de 1973.
Martínez Menanteau aborda directamente las violaciones de los DD.HH. durante la dictadura. Lo ilustra la siguiente referencia, que se justifica citar in extenso: “Uno de los episodios más condenables en materia de derechos humanos durante el gobierno militar fue el paso del general Sergio Arellano Stark y su comitiva por diversas guarniciones del norte y sur del país durante el mes de octubre de 1973 con el supuesto fin de “revisar y agilizar [los] procesos” de los presos políticos. Dicha comitiva, conocida hasta nuestros días como la “Caravana de la muerte”, dejó tras de sí la huella lacerante de ejecuciones masivas, decenas de individuos que fueran sacados de las cárceles, fusilados de manera sumaria, sin su derecho a un debido proceso”.
“La comisión de este general se puede describir como una tarea perfectamente planificada desde Santiago, ejecutada mediante un programa idéntico en cada ciudad, con un comportamiento altamente indisciplinado de sus integrantes para amedrentar a personal subalterno de las unidades y dar una orientación velada y disfrazada en terreno de cómo se debía proceder con el “adversario”’.
“El general a cargo, que lo hacía en calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército”, se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los comandantes de regimientos en actividades sin ninguna importancia, mientras los miembros de su comitiva sacaban gente de las cárceles y los fusilaban o les ordenaban a integrantes de las unidades que lo hicieran, involucrando intencionadamente a personal de los regimientos en consejos de guerra espurios (…)”.
“Las acciones del general Arellano fueron absolutamente reñidas con el honor militar. No respondió jamás de lo que sucedió bajo su mando, ganándose el repudio de los afectados y de toda la institución (…) Es importante mencionar que nunca se aclaró el tipo de órdenes que recibió el general Arellano por parte del Comandante en Jefe del Ejército; en cambio, su desempeño le valió un ascenso dentro de la institución, por resolución del mando en jefe”.
El autor se pronuncia sobre el mayor crimen de la dictadura, el de los detenidos desparecidos, en rigor hombres y mujeres que fueron asesinados mientras permanecían en prisión, y cuyos cuerpos fueron arrojados al mar, o enterrados en diversos lugares, o incluso dinamitados con el fin de borrar las evidencias.
Dice al respecto: “Los detenidos desaparecidos durante el gobierno militar constituyen una de las páginas más oscuras en materia de violaciones de los derechos humanos durante ese período y representan una herida abierta en el alma nacional. No haber entregado los cuerpos de las víctimas al momento de ocurridas las muertes y no haberlo hecho tampoco años después cuando se hicieron las inhumaciones desde fosas clandestinas en una operación resuelta por el mando en jefe y avalada por los mandos superiores de la época representa un severo agravio al ethos militar y una afrenta muy dolorosa para las familias afectadas”.
El Ejército pagó un alto costo por el hecho de que, durante 25 años, se presentó como interés institucional el interés personal de Augusto Pinochet, quien fue lo más parecido a un caudillo en la historia del Ejército. La dictadura dañó objetivamente a la institución, no solo por la participación de numerosos hombres de sus filas en actos innobles, sino porque el Ejército perdió cohesión en el ámbito definitorio del honor militar y vio gravemente debilitada su autoridad ante el país. Quedó demostrado que el ejercicio de la fuerza requiere sustento moral para tener legitimidad, y que, cuando se vienen abajo los diques de civilización, la derrota es de todos.
La recuperación de la democracia permitió que el Ejército viviera su propia transición. No fue sencillo, pues la institución llevaba encima la pesada carga de haber estado en el centro neurálgico de la dictadura, y concentraba por lo tanto la mayor responsabilidad por el penoso balance en el terreno de los Detenidos Desparecidos. La democratización del país fue determinante para que se materializaran significativos cambios en su seno, al igual que en la Armada y la FACH.
Un momento trascendental fue, sin duda, el solemne “Nunca Más” pronunciado por el general Juan Emilio Cheyre, en 2003, en su condición de Comandante en Jefe. Ello implicó reconocer la responsabilidad institucional en lo ocurrido, comprometerse a colaborar con los tribunales de justicia en la investigación de los crímenes y proponer un camino de rectificación sobre la base de la adhesión a la cultura de los derechos humanos.
El general Martínez Menanteau ha hecho una valiosa contribución al reforzamiento del “Nunca Más” de hace 20 años, lo cual está ligado a lo hecho en estos años para mejorar la formación cívica de los soldados, y su comprensión de que sirven a la República en un contexto legal. Como es lógico, el Ejército y las demás instituciones armadas solo progresarán realmente si la sociedad lo hace, si se refuerza el Estado de Derecho, si se asegura a los militares el monopolio de la fuerza y, particularmente, si terminan las veleidades políticas respecto de la violencia. En tal perspectiva, proclamar, como lo hace el libro, que el Ejército nos pertenece a todos los chilenos es, por supuesto, un principio fundamental.
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