En un documento de 141 páginas, que fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la comisión especial investigadora, los parlamentarios plantean que se debe “revisar la extensión de los turnos, y las condiciones de descanso, que rigen al personal de Carabineros de Chile y la PDI en fronteras, pues el sistema de trabajo implementado se ubica al límite de constituirse en una vulneración de derechos fundamentales”. Para prevenir la corrupción, añade, “es necesario fortalecer y profundizar la obligatoriedad de realizar declaración de patrimonio e intereses” de las policías. A continuación los detalles del texto.
Ajustarse a estándar de DDHH. Un demoledor informe evacuó esta semana la “Comisión especial investigadora de los actos del gobierno ejecutados para enfrentar las nuevas formas de criminalidad en Chile y especialmente en denominada Macrozona Norte del país”.
- El documento de 141 páginas plantea como conclusiones que “resulta relevante sugerir al Servicio Nacional de Migraciones, la difusión permanente de las cifras de interés en materia migratoria”.
- Pero el punto más crítico es sobre las policías.
- La comisión solicitó al Ministerio del Interior “proceder a revisar la extensión de los turnos, y las condiciones de descanso, que rigen al personal de Carabineros de Chile y la PDI en fronteras, pues el sistema de trabajo implementado se ubica al límite de constituirse en una vulneración de derechos fundamentales, y hace incompatible la vida familiar con el servicio que prestan”.
- La comisión realizó sesiones secretas con la PDI, Carabineros, Cancillería, Gendarmería, Directemar y la DGAC. Por eso, si bien no pueden entregar detalles en el informe, señalan que “la Comisión pudo constatar la precariedad de las dotaciones existentes en toda la Macro Zona Norte, por lo que resulta indispensable, el compromiso del Estado con el aumento significativo de la dotación que hoy está operativa en el norte del país”.
Integración de la comisión. La comisión sesionó por primera vez el 21 de diciembre de 2022. Su presidente fue Jaime Araya (ind. PPD) y estuvo compuesta por Yovana Ahumada (ex PDG), Jorge Alessandri (UDI), José Miguel Castro (RN), Ricardo Cifuentes (DC), Juan Antonio Coloma (UDI), Lorena Fries (UNIR), Marcos Ilabaca (PS), Andrés Longton (RN), José Carlos Meza (P. Republicano), Catalina Pérez (RD), Matías Ramírez (PC) y Carolina Tello (PC).
- El informe fue aprobado por unanimidad de las partes el 19 de junio, día en que se realizó la última sesión, y se tuvieron en consideración las distintas presentaciones de las autoridades.
- El primer invitado a la comisión fue el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. En la cita que se realizó el 9 de enero planteó que en diciembre entregaron al Presidente Gabriel Boric la Política Nacional Contra el Crimen Organizado.
- Para Monsalve fue importante relevar que se debe sacar la visión de que el crimen organizado es solo narcotráfico, en el entendido que “también contrabando, tráfico de migrantes, trata de personas, cibercrimen, tráfico ilícito de armas y lavado de activos”.
- Sobre el ingreso de elementos a las cárceles, precisó que “se ha construido la práctica de tirar pelotas al interior de las cárceles por sobre los muros (…) y, además, utilizan drones” para ingresar “miles de cosas” como “kilos de drogas, cientos o miles de teléfonos y muchas, muchas armas, tanto armas blancas como armas de fuego”.
- También abordó la situación bilateral con Bolivia en que no se permite la reconducción de migrantes que ingresan por pasos ilegales que no tengan la nacionalidad de ese país. “El 93% de los ingresos se hace por Tarapacá y no tenemos reconducción, y el acuerdo con Bolivia es clave”, señaló.
- Explicó que tienen un acuerdo con EEUU por el Programa Global de Contenedores para evitar el contrabando a través de los puertos, proceso de fiscalización que comenzaría en marzo recién pasado.
La denuncia del bus de la PDI. El 16 de enero, fue el turno del subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el prefecto general señor Luis Silva Barrera.
- Señaló que en 2022 incautaron 1.700 armas, lo que corresponde a un 40% de incautación respecto de años anteriores.
- Sobre el control migratorio, dijo que ha “visto una prevalencia o una participación en ilícitos mucho más importante de ciudadanos extranjeros, especialmente de nacionalidad venezolana”.
- Y denunció que en enero “paró en Estación Central un bus que traía a personas indocumentadas de manera irregular, lo cual, lamentablemente, no le fue notificado a la PDI”. Precisó que eran ciudadanos bolivianos “En este caso fue en un bus, pero en otras ocasiones eso ha ocurrido en camiones”, añadió.
- También dijo que se deben tomar medidas anticipadas “para que no se venga a instalar la industria del secuestro” y que “desde Arica a Atacama tenemos un aumento de 32 por ciento en homicidios”.
La alerta del jefe de narcóticos. El jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, prefecto inspector señor Paulo Contreras Cortés, expuso el 23 de enero y explicó el funcionamiento del crimen organizado de bandas extranjeras.
- “Cuando hablamos de la criminalidad venezolana y, en particular, del Tren de Aragua, nos referimos a una organización que nace de la toma de control del penal de Tocorón. Entonces, esta organización criminal se crea desde el interior de una cárcel”, señaló y explicitó que en Venezuela, cerca de 55 o 60% de los penales “está en control de la delincuencia”.
- “Es el caso de los penales de Acha en Arica y el de Alto Hospicio, que, bajo la mirada nuestra, tienen hoy día una concentración de interés, de cuidado de reclusos de origen venezolano que han estado comprometidos en bandas u organizaciones criminales de relevancia. En el caso de Iquique, está cercano a 200 a 250 personas, que son de la misma nacionalidad”.
- Sobre el secuestro, dijo que “mutó” en “estos últimos 12 o 18 meses, y la mayoría de los casos se da efectivamente entre agrupaciones criminales de origen venezolano, bandas que están dedicadas a esto y que partieron secuestrando a sus connacionales para extorsionarlos (…). No exigen montos millonarios y, de alguna manera, eso está relacionado con la capacidad que tienen de entregarlo rápidamente”.
- También denunció que hay producción de drogas en el norte y que por ejemplo, encontraron “cuatro medialunas de rodeo en un sector donde años atrás solo había ganado caprino; tenemos caballos de carrera a la chilena al interior, que son de un alto monto; todos tienen piscinas, todos tienen vehículos cuatro por cuatro. La última información que tenemos es que un cuidador, solo por estar tres meses al interior de la plantación vigilándola, percibe diez millones de pesos”.
- Sobre bandas de crimen organizado transnacionales señaló que aún no están en el país, pero que “sí hay que estar abierto a la posibilidad de que se puedan instalar”. Y añadió: “¿Hay crimen organizado? Por supuesto. ¿Hay organizaciones criminales como la italiana, La ‘Ndrangheta, La Camorra, como el cártel, que tengan base en nuestro país? No tenemos antecedentes para decir eso. ¿Pueden llegar a operar aquí? Claro que sí”.
Documento íntegro:
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