El caso Micco y la traición a la fe pública por parte del INDH. Por Jorge Schaulsohn

Las cosas se escapan de las manos cuando ocurre lo impensable; que el ente encargado de velar por la justicia, la verdad, la protección y defensa de los derechos humanos, en este caso en INDH, es parte, como denuncia Micco, de una operación política para imputar falsa y dolosamente delitos a la autoridad que ésta jamás ha cometido.

El gobierno ha invertido mucho capital político en su “noviazgo” con carabineros -tras años de una relación antagónica y tormentosa- porque los necesita leales y comprometidos para mantener el orden público. Pero el ambiente se anduvo enrareciendo cuando el Presidente en su discurso del 18 de octubre los acusó de cometer delitos de abuso sexual que no están acreditados.

Tal vez si el presidente Boric hubiese recibido a Sergio Micco cuando aún como director del INDH le pidió reiteradamente audiencia para tratar la agenda de “verdad y justicia” no habría sido tan categórico.

Ahora sabemos que el INHD habría sido parte de una operación para presentar a Piñera ante el mundo como un “autócrata violador sistemático de los DDHH”.

Ahí está el escalofriante testimonio de Sergio Micco, quien denunció que había sido presionado para presentar querellas por 103 casos de detenidos desaparecidos, 102 de los cuales fueron habidos, es decir no eran detenidos desaparecidos.

Sergio Micco declara en una entrevista con El Mostrador: ¿Se imaginan que como director del INDH hubiese dicho que Carabineros, en medio del estado de excepción constitucional estaba deteniendo gente y haciéndola desaparecer? Micco, también se negó a hablar de violaciones “sistemáticas” a los DDHH, como se le exigía, porque de acuerdo al derecho internacional esa denominación aplica solo cuando son parte de una política de estado, preconcebida  y planificada lo que no ocurrió en Chile.

El gobierno no puede seguir lavándose las manos. Quiero presumir que al presidente Boric, que hace de la defensa de los DDHH el eje de su gobierno, no puede dejarlo indiferente la denuncia de corrupción de Sergio Micco y por eso resulta inexplicable y decepcionante su prolongado silencio e inacción.

En un país democrático la defensa de los derechos humanos es fundamental; la justicia, la sociedad civil y los poderes públicos deben ser implacables a la hora de denunciar y perseguir cualquier violación a los DDHH.

Ello es particularmente cierto en nuestro caso pues sufrimos en carne propia violaciones sistemáticas a los DDHH a manos de los agentes del Estado, léase carabineros y Fuerzas Armadas. Por eso, con respaldo unánime de todos los partidos políticos, se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Es una tragedia que tras más de una década de trabajo serio una institución noble haya perdido el rumbo producto de la politización abandonando su misión.

Todos fuimos testigos de los saqueos, quemas, destrucción de propiedad pública y privada, de día y de noche, siete días a la semana durante más de seis meses de Arica a Magallanes. Carabineros se vio totalmente superado pues no estaba preparado para enfrentar un evento de esa magnitud, con características asimilables a una “insurrección”, e hizo, en muchos casos, uso abusivo de la fuerza violando gravemente los DDHH de manifestantes pacíficos y violentos.

Pero también hay que reconocer que hubo miles de denuncias falsas, propagadas hábilmente por los manifestantes a través de las redes sociales utilizando videos manipulados que se exhibían en la televisión; denuncias de las que se hicieron eco opinólogos, rostros de televisión y líderes políticos que, sin siquiera verificar la veracidad de los antecedentes, los dieron por válidos.

El INDH no filtró la avalancha de información que recibían desde la calle, no estaban preparados para administrarla y terminaron implementando una especie de buzón electrónico usando un e-mail con un formulario donde las presuntas víctimas presentaban su relato y podían adjuntar documentos. Es decir, no tenían un sistema de filtros adecuado para establecer prima facie la verosimilitud de los relatos, deduciendo miles de denuncias y querellas sin respaldo fáctico necesario.

¿Qué pasó con las denuncias? Muchas no tenían sustento. Según el Informe de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema de las causas judicializadas más de un 45% de ellas fueron desechadas por los fiscales, decisión de no perseverar en el procedimiento por falta de antecedentes necesarios para fundar una acusación.

De acuerdo a un reportaje de La Tercera, el INDH entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 presentó más de 3.150 denuncias de las cuales 550 se dejaron de investigar por falta de antecedentes y 1.973 están sin ningún formalizado.

Hasta el momento solo hay 14 condenas, incluyendo el caso de la Senadora Campillay, ninguna por abuso sexual o tortura y una por “apremios indebidos” (541 días de condena) en que una carabinera exigió a la detenida que se desnudara en el baño de la comisaría para “revisarla”, lo que está prohibido por los protocolos.

Es cierto, como ha dicho la ministra Orellana que la verdad procesal no es necesariamente la material porque en un estado de derecho las cosas hay que probarlas ante el tribunal; y que muchas veces la presunta víctima, que no logra satisfacer las altas exigencias legales del derecho penal, lo vive como denegación de justicia.

También es cierto que las denuncias hay que tomarlas muy en serio, dándole a la víctima el beneficio de la duda, sobre todo cuando se trata de abuso sexual. Lo que de ninguna manera permite a la autoridad hacer acusaciones al boleo ni dar por ciertos los hechos denunciados ni menos anular la presunción de inocencia.

Pero las cosas se escapan de las manos cuando ocurre lo impensable; que el ente encargado de velar por la justicia, la verdad, la protección y defensa de los derechos humanos, en este caso en INDH, es parte, como denuncia Micco, de una operación política para imputar falsa y dolosamente delitos a la autoridad que ésta jamás ha cometido.

La traición a la fe pública denunciada por el ex director del INDH es de tal envergadura que afecta la credibilidad de las denuncias por violaciones a los derechos humanos efectuadas por esa entidad durante el estallido social.

La sociedad no puede permitir que el INDH siga funcionando como si no hubiese pasado nada, ni que se apruebe su presupuesto en el Congreso. Debe haber una investigación a fondo que esclarezca la verdad, porque el daño causado al país es enorme e irreparable.