Diciembre 28, 2022

Debate por indultos: Catastro de Gendarmería muestra que ya no hay acusados de cometer delitos del 18-0 en prisión preventiva

Ex-Ante
Encapuchados levantando barricadas junto a Plaza Baquedano el 25 de octubre de 2020, tras el triunfo del "apruebo" en el plebiscito constitucional de entrada. (Cristóbal Escobar / Agencia Uno)

Pasados 3 años desde el 18-O, una revisión de un catastro de Gendarmería mostró que la totalidad de los casos tiene sentencia y que en uno se acogió un recurso de nulidad presentado por la defensa de un condenado por atacar a Carabineros en Quilicura. En este nuevo escenario es que la estrategia ha derivado a pedir indultos presidenciales caso a caso. “Vamos a seguir luchando por ellos por razones humanitarias, porque ya llevan mucho tiempo presos”, dice la senadora Campillai.


Qué observar. En mayo de este año Gendarmería elaboró un catastro de presos vinculados con el 18-O que hasta ese mes permanecían recluidos en cárceles del país, ya sea en calidad de imputados o bien como condenados.

  • En el listado se consideró a imputados privados de libertad por delitos cometidos desde el 18 de octubre de 2019 que se enmarcaran en jornadas y zonas donde ocurrieron protestas, de manera de establecer un eventual móvil político para sus acciones.
  • El catastro arrojó 81 internos en esta categoría en el país, 64 de los cuales estaban condenados y 17 en prisión preventiva, ya que sus casos seguían en investigación. Los delitos por los que estaban en la cárcel incluían lanzamiento de bombas molotov, saqueos, agresiones a Carabineros (denominadas maltrato de obra), infracciones a la ley de control de armas y desórdenes.
  • Una revisión del catastro realizada en septiembre de 2022 por este medio mostró que a un mes del tercer aniversario del 18-O quedaban 5 personas en prisión preventiva del listado inicial.
  • Una nueva revisión realizada este miércoles mostró que los 5 habían sido condenados, pero que en un caso el tribunal había acogido un recurso de nulidad presentado por la defensa de uno de ellos.

Por qué importa. La existencia de presos del 18-O en prisión preventiva fue el principal argumento esgrimido por el actual oficialismo para promover una ley de indulto o amnistía, por considerar que había un abuso de esta atribución de los tribunales.

  • El 30 de noviembre de 2020, el entonces diputado Gabriel Boric relató por Twitter su encuentro con uno de los presos del 18-O, quien había sido acusado de quemar una oficina de AFP Hábitat en la capital de Magallanes. “El viernes pasado estuve en la cárcel de Punta Arenas conversando con Marcelo Mandujano, preso de la revuelta que lleva 10 meses en prisión preventiva. Se ha utilizado esta herramienta cautelar como mecanismo de prisión política. Marcelo no es un delincuente. ¡Lo queremos libre!”, escribió.
  • Mandujano fue condenado a 4 años y 324 días de presidio por el delito de incendio y a otros 41 días por realizar desórdenes públicos. El tribunal resolvió que los cumpliera bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva, por lo que dejó la cárcel.
  • El debate sobre los períodos de prisión preventiva fue mantenido por Boric durante su campaña presidencial, aunque previo a la segunda vuelta matizó su discurso al plantear que el proyecto de indulto —que sigue en tramitación en el Senado—, no podía beneficiar a todos los presos del 18-O. “No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme, o que saqueó un supermercado”, dijo Boric en noviembre de 2021 en La Red.

La solicitud de indultos particulares. Con el proyecto de indulto o amnistía trabado en el Congreso es que han surgido solicitudes de que el Presidente Boric utilice su facultad presidencial de que aplique indultos particulares.

  • Quien encabeza estas peticiones es la senadora independiente Fabiola Campillai, quien planteó el tema el martes en La Moneda a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y pidió reunirse con el mandatario para solicitarlo personalmente.
  • “En reiteradas ocasiones he pedido los indultos particulares a nuestros presos políticos del estallido, a lo cual no ha habido respuesta, pero sin duda vamos a seguir luchando por ellos por razones humanitarias, porque ya llevan mucho tiempo presos, así que vamos a estar a la espera de la reunión con el presidente, ojalá pudiera ser esta misma semana”, dijo el martes por la tarde.
  • Campillai —quien quedó ciega tras recibir un tiro de lacrimógenas en el rostro en noviembre de 2019, caso por el que un capitán de Carabineros fue condenado a 12 años de cárcel— también ha dicho estar en contra de la eliminación de Plaza Baquedano y la reapertura del ingreso contiguo al Metro, cerrado desde el 18-O. Ambas medidas fueron anunciadas el lunes por el Presidente Boric en el marco de la renovación del eje Alameda-Providencia. Su argumento, preservar la memoria del estallido social.

El caso donde se acogió el recurso de nulidad. Cerca de las 9:30 pm del 30 de enero de 2020, durante el saqueo a un local de Autoplanet en Quilicura, al norponiente de Santiago, Jonathan Jesús Utreras Fuentes, 40, se acercó a 2 cabos de Carabineros.

  • De acuerdo con la investigación de la fiscalía, mientras ellos detenían a otra persona por el saqueo, se abalanzó sobre uno de los cabos. Forcejearon y le quitó una pistola Taurus 9 milímetros desde el cinto del pantalón. Disparó. La bala alcanzó al carabinero en el antebrazo izquierdo, que se quebró y quedó con el hueso expuesto. La bala impactó luego al segundo cabo, en el codo derecho. Le rompió la piel, pero no el hueso.
  • Fue imputado por 2 delitos de maltrato de obra a carabineros y la fiscalía pidió 13 años de cárcel para él.
  • Fue enviado al Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, donde Gendarmería lo registró como un comerciante ambulante con estudios de enseñanza básica y “mediano compromiso delictual”.
  • El 29 de octubre de 2022 el segundo tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago lo declaró culpable de 2 delitos consumados de maltrato de obra a carabineros causando en uno de ellos lesiones graves y en el otro menos graves, y lo condenó a 5 años de cárcel. Le descontó los mil 4 días (poco menos de 3 años) que ya había pasado privado de libertad.
  • El 9 de noviembre se declaró admisible el recurso de nulidad presentado por su defensa, que deberá resolver la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo que el caso sigue en tramitación. Su defensa alegó que no fue considerada como atenuante la colaboración de Utreras al esclarecimiento de los hechos.

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