Contraloría nuevamente ha dado un golpe al municipio de Vitacura y a su ex Alcalde, quien actualmente cumple prisión preventiva por presuntos casos de corrupción. Ahora acredita una serie de gastos improcedentes de traspasos de recurso públicos destinados corporaciones y organizaciones privadas, las llamadas “Vita”, por más de 600 millones de pesos.
Como ya se ha sabido, las famosas Vita eran organizaciones de derecho privado, particularmente organizaciones comunitarias funcionales, pero que en la práctica eran controladas por el Municipio -en concreto, su Alcalde y su entorno-, recibían cuantiosos recursos públicos y no estaban sujetas a control público alguno, incluso concejales de la época muchas veces se expresaron por no recibir respuestas a sus requerimientos de mayor información, por tratarse de entidades privadas.
En Chile, las organizaciones comunitarias funcionales son numerosas y variadas: su principal objetivo es representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectivas. Son independientes de los municipios, por esto la norma prohíbe que en su directorio participen alcaldes/as o directivos municipales.
A pesar de esto, por décadas, estas entidades funcionaron al alero del municipio, con la excusa de que “permitían agilizar contrataciones y el desarrollo de programas sociales” al estar exentas de ciertos controles y normas -como las de compras públicas, transparencia, toma de razón, etc.,- que precisamente lo que buscan es garantizar la integridad en el uso de recursos públicos y en el ejercicio de la función pública.
Este tema fue parte integrante del trabajo de la Comisión Asesora Ministerial para la Probidad de Fundaciones y Corporaciones que me correspondió integrar y presidir por 45 días a raíz del Caso Convenios.
Constatamos que existen una serie de fundaciones, corporaciones y organizaciones comunitarias que, si bien en el papel adoptan estructuras privadas, en la práctica se asemejan más a un servicio público, son controladas por el Estado -quien nombra a su directorio, completamente o en medida importante- y reciben cifras no menores de financiamiento estatal. Tal como las bautizó el Comisionado Francisco Agüero, son más bien unas “not ONG”. Entre éstas se cuentan fundaciones como Integra y las corporaciones municipales.
De este modo, realizamos una serie de recomendaciones, con el objeto que estas entidades privadas, pero en la práctica públicas, tengan menores riesgos de captura, ser utilizadas como botín o, derechamente, de corrupción. Así, su directorio debiera estar integrado por personas que tengan las competencias necesarias, a través de concursos abiertos y con normas de inhabilidades y de probidad.
Si bien muchas de estas organizaciones ligadas al mundo cultural y que antes estaban ligadas a la figura de la Primera Dama con los años han aplicado voluntariamente normas de transparencia o la ley de lobby, es clave que ciertos estándares mínimo no solo sean fruto de la voluntad política, que puede ser rápidamente modificable en el futuro.
En cuanto a las corporaciones municipales y regionales, en particular, consideramos que éstas deben estar sujetas al control y gestión municipal, dado que se asemejan más a un servicio público y estar fuera de éste puede ser aprovechado para malas prácticas e irregularidades. Por otra parte, sugerimos que se prohíba de modo expreso que, en la práctica, los municipios controlen y constituyan organizaciones comunitarias funcionales para la prestación de servicios públicos y que, en los casos que esto ocurre en la actualidad, que se dé un plazo prudente -3 años- para ser traspasadas, como ya lo ha venido haciendo la nueva alcaldesa de Vitacura.
Así mismo, consideramos que el Concejo Comunal y el CORE deben contar con información para ejercer su rol fiscalizador. De este modo proponemos que se disponga la obligación de Alcaldes/sas de informar al Concejo Comunal de toda transferencia, proyecto de inversión o iniciativas, independiente del monto que se destine a entidades privadas.
En el caso de estas entidades privadas que reciban sobre 2.000 UTM de recursos públicos, propusimos el fortalecimiento de su control interno y auditoría, tal como realizar auditorías externas anuales a sus estados financieros; contar con Códigos de Ética, mecanismos de prevención y gestión de conflictos de interés o mecanismos de prevención de irregularidades y con canales de denuncias de irregularidades.
Todo lo anterior busca que la excusa de menor burocracia y mayor eficiencia, no sea el pretexto perfecto para apropiarse de recursos públicos. Es de esperar que el Gobierno, el Congreso y los Municipios apoyen estas medidas y estas NOT Ongs cumplan de un modo íntegro y transparente con la provisión de bienes y servicios públicos.
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